Juristas vascos alzan su voz en favor del 'procés'

Un grupo de juristas vascos, encabezados por el abogado Miguel Castells, han hecho este viernes un llamamiento en favor del proceso soberanista catalán. 'Erabakizaleak', plataforma de juristas por el derecho a decidir, ha comparecido en San Sebastián para dar a conocer un informe jurídico que el pasado 20 de septiembre les remitió la Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona en el que, básicamente, enumera los «dislates jurídicos» que rodean a la situación catalana.

Castells, acompañado por el abogado Iñigo Santxo y por María Eugenia Arrizabalaga, portavoz del PNV en las Juntas Generales de Gipuzkoa, ha puesto de manifiesto las «graves vulneraciones de derechos» que a su juicio se están acometiendo en Cataluña, y ha realizado un llamamiento en favor de los «derechos civiles y políticos». Por eso, 'Erabakizaleak' ha pedido a la sociedad vasca que se una mañana a la «protesta social pacífica» que la plataforma ciudadana Gure Esku Dago ha puesto en marcha en Bilbao en apoyo al proceso soberanista catalán.

El informe, que ha sido actualizado por 'Erabakizaleak', recoge la idea de que convocar un referéndum como el que se pretende celebrar el 1-O «no es un delito, como tampoco lo es participar en él». Para ello, Castells ha asegurado basándose en la ley 2/2005 que «no hay cobertura legal que justifique» la «persecución por vía penal» de la consulta. También ha asegurado que el plebiscito «no es ilegal». Y si bien ha reconocido que la Ley del Referéndum aprobada por el Parlament catalán ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central, Castells ha recordado que el TC aún no ha entrado a resolver «el fondo del asunto» que se le plantea. «Cuando lo haga, determinará únicamente la constitucionalidad o no del contenido de las normas, pero no es en ningún caso función del Constitucional determinar la legalidad o ilegalidad de la ley», ha dicho tajante. También ha arremetido contra la actuación de la Fiscalía.

Por todo ello, la plataforma de juristas por el derecho a decidir ha denunciado que la respuesta dada desde el Estado a la convocatoria del 1-O «atenta contra los pilares básicos del Estado de derecho, cuestionando la separación de poderes». «Más allá de judicializar la política, politiza la justicia y vulnera derechos fundamentales vigentes en el propio Estado», reza el informe.