Las dos 'Venezuelas' debaten en las Juntas de Gipuzkoa

Las Juntas Generales de Gipuzkoa se convirtieron ayer en un altavoz que evidenció las dos realidades que sufre Venezuela y la fractura social instaurada en el país caribeño. Detractores y partidarios del presidente, Nicolás Maduro, expusieron en la comisión de Convivencia y Derechos Humanos de la Cámara guipuzcoana su particular denuncia sobre una crisis económica que ha dejado sin abastecimientos básicos a un alto porcentaje de la población. Una crisis motivada, según quién lo exprese, por diferentes motivos. El modelo instaurado por el expresidente Chávez estuvo a debate.

Las opiniones antagónicas sobre el gobierno bolivariano las expresaron, a petición del PNV, la Asociación de Venezolanos en Guipúzcoa, Asovengui, que en su día hizo un llamamiento para animar a la población a participar en la consulta popular que la oposición convocó en julio contra el actual presidente. Por el contrario, la plataforma Venezuela Aurrera, que fue invitada por EH Bildu, y que cuenta con el apoyo de Ezker Anitza, entre otros, ha criticado en numerosas ocasiones una sistemática «operación de desestabilización» con el objetivo, a su juicio, de derrocar «por la fuerza» al Gobierno «electo» de Maduro.

Los portavoces de Asovengui Ana Rodríguez, Miguel Rumbos y Elyne Suárez, denunciaron una «crisis humanitaria» que ha obligado a emigrar a miles de venezolanos. En lo que concierne a nuestro territorio, Asovengui cifró en 531 los venezolanos instaurados en Gipuzkoa, lo que supone un 24% del total en Euskadi. «En Venezuela se está pasando hambre. La gente muere de una bronquitis porque no hay medicamentos. La problemática política está teniendo consecuencias sociales. Y la tendencia al alza es dramática», criticaron.

De hecho, esta agrupación aseguró que el «deterioro» de las condiciones de vida en el país latinoamericano y la «vulneración de derechos humanos» afecta a todos, independientemente del color político que defiende cada uno. Además, dieron a conocer la situación de los venezolanos instaurados en el País Vasco. «Desde aquí padecemos el sufrimiento de nuestro país. Enviamos remesas y sufragamos los gastos de nuestros familiares». Sin embargo, también dieron la voz de alarma sobre la «difícil» situación una vez cruzado el Atlántico. Entre otros, y según explicaron, existe un atasco burocrático en el Ministerio del Interior para conceder el asilo político, y manifestaron que desde 2012 tan solo seis ciudadanos venezolanos han conseguido protección en España.

Toda esta visión, sin embargo, fue desmontada por Facundo Aznárez en representación de Venezuela Aurrera. A su juicio, se está «criminalizando» a Venezuela y se «amplifica» y «multiplica» una situación que, en su opinión, ha sido provocada única y exclusivamente por los oligopolios. Según Aznárez, Venezuela no es un «caso aislado», sino que la falta de derechos, las injusticias sociales y los «ataques» a los derechos humanos son extendibles a toda Latinoamérica. Retó, en este sentido, a consultar a Unicef si la situación venezolana está mejor o peor antes de que Chávez alcanzase el poder. «No se puede achacar todo a un Gobierno cuando las normas económicas no funcionan», censuró. Consideró, en este sentido, que existe un plan para «desestabilizar» y «enfadar» a la sociedad y que las grandes potencias «instrumentalizan» la difícil situación.