Las víctimas, víctimas son

Hace siete años tuve ocasión de vivir una experiencia que marcó mi trayectoria como alcalde de Tolosa. El Ayuntamiento organizó un homenaje en recuerdo a todas aquellas víctimas del terrorismo que fueron asesinadas en la localidad o que, siendo de Tolosa, fueron asesinadas fuera del municipio. Esta iniciativa me dio la oportunidad de hablar con todas y cada una de sus familias; escuchar sus vivencias, opiniones, quejas, duelos y recelos; conocer su valoración sincera sobre las instituciones, los responsables políticos y la propia sociedad.

Recuerdo que durante los días previos al acto se me acercaron la viuda y los hijos de una persona que también había muerto de forma violenta. Pronto se cumplirán 35 años de aquella fatídica noche de 1982 en la que Marcelo Garciandia, un joven tolosarra de 37 años y padre de tres hijos, volvía a casa tras haber cenado con sus compañeros de trabajo. Paró su coche junto a la carretera para limpiar el vaho del cristal delantero y, al poco, un funcionario del Estado le hirió de gravedad con un disparo realizado de frente a corta distancia. Murió dos días después. Estos dos días fueron suficientes para relatar a sus allegados lo acontecido y para que, tras largos años y numerosos juicios, el funcionario fuera condenado a seis años de cárcel. Esa familia, que vive destrozada desde aquella infausta noche, me pidió que también Marcelo Garciandia fuera reconocido como víctima del terrorismo en el homenaje que estábamos organizando. Sin embargo, no pudimos hacerlo porque la ley de víctimas del terrorismo no lo permitía. Sentí una profunda impotencia y, como resarcimiento moral, me comprometí a ayudarles en la medida de mis posibilidades.

Han pasado siete años y ahora, gracias a la aprobación de una nueva Ley en el Parlamento Vasco, dispongo de una herramienta para ayudar a la familia Garciandia y a quienes, como ellos, han sufrido de manera similar. Por eso, la semana pasada formulé una pregunta en el Senado a Mariano Rajoy para conocer las razones que le han llevado a recurrir esta Ley, impidiendo su aplicación. Quería conocer, de primera mano, las razones que le llevan a decidir presentar recurso a la Ley 2016 para el reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999; recurso que deja desamparadas a personas como Marcelo. Quería saber por qué, con qué argumentos, les niega su condición de víctimas, cuando está probado que murieron por acciones violentas de indudable y dictaminada motivación política. Rajoy me respondió en su mejor estilo, balones fuera, ni razones ni argumentos.

Esta ley no nace de la nada, es consecuencia de un amplio acuerdo político en el Parlamento Vasco suscrito por PNV, EH Bildu, PSE y PP que instaba al Gobierno Vasco a reconocer y reparar a las víctimas de Derechos Humanos provocadas por abusos de poder o uso ilegítimo de la violencia policial. ¿Hay alguien capaz de negar que Marcelo Garciandia sea una víctima? La sociedad a través de sus instituciones, ¿no tiene que reparar el sufrimiento tan injustamente causado? Esta familia ¿no podrá recibir nunca el reconocimiento que merece?

Esta Ley ha nacido del consenso político, incluido el PP, y cuenta con el respaldo de organizaciones del ámbito internacional de los derechos humanos. El Gobierno del PP no atiende a consensos ni respaldos, ni razones ni argumentos; se aprueba la Ley, pero el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presenta recurso al Tribunal Constitucional y deja incomprensiblemente desamparadas a esta familia y a 300 más. En contraste, la iniciativa presentada en 2012 por el Gobierno Vasco de Patxi López, que ha permitido dar respuesta a 174 víctimas, no ha tenido ningún problema legal. Era similar a esta, aunque para muertes producidas entre los años 1960 y 1978. ¿Por qué lo que era legal en ese periodo no lo es para el que plantea la nueva Ley?

Hay que analizar en detalle la justificación que se utiliza para negar el derecho a la memoria, la reparación, la restauración y la justicia de todas estas víctimas. El presidente español arguye que el Gobierno Vasco quiere sobrepasar sus funciones y convertirse en poder judicial, para lo cual no tiene competencia. Es un argumento falaz, porque todos los casos que trata de cubrir esta Ley alcanzan hasta el año 1999, lo cual significa que están prescritos y no pueden ser juzgados. No se les reconoce porque no están juzgados y no se les juzga porque las causas están prescritas. Un galimatías del gusto de Rajoy que le permite presentar el recurso, negar la evidencia y condenar al olvido a todas estas víctimas. El Gobierno español no quiere atender a razones, porque el derecho internacional confirma que el proceso administrativo, que es el objetivo que establece el Gobierno Vasco, es posible sin necesidad de una sentencia judicial. Es fácil de entender; si ocurriera un atentado con bomba y se produjeran muertes, existirían víctimas, independientemente de que, por las razones que fueran, se celebrara juicio o no. Más en concreto, la resolución 60/147 de Naciones Unidas dice que la víctima será reconocida con independencia de si el autor ha sido identificado, juzgado o condenado. También el artículo 2 del Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas dice que la reparación se concederá aunque el autor no pueda ser perseguido o castigado. En definitiva las víctimas existen y la Ley que ha sido recurrida las reconoce y les dota de los derechos que les corresponden. Las víctimas merecen un respeto. Mantengo mi compromiso y seguiré trabajando para que la familia de Garciandia reciba el trato que merece, también por parte del presidente Rajoy, quien regatea en corto para negar a la familia el trato y consideración que merece.