«Si no hay un programa educativo, los menores se pasan el día sin hacer nada»

SAN SEBASTIÁN. DV. ¿Es real la conflictividad con la que se relaciona a los menores inmigrantes no acompañados? ¿Es adecuada la respuesta que da la administración a su protección? ¿El marco jurídico existente es suficiente? ¿Está desbordado el centro de acogida urgente a menores inmigrantes de Tolosa? Tres voces conocedoras de la realidad de estos menores extranjeros en desamparo -Edurne Uranga, titular del Juzgado de Menores de Gipuzkoa; Peio Aierbe, miembro de SOS Racismo y editor de la revista Mugak; y María José Gorrotxategi, directora de la Asociación de Educadores Especializados de Gipuzkoa- aportan sus reflexiones en torno a una mesa redonda organizada por DV. A la misma se invitó a un representante de la Diputación de Gipuzkoa, entidad responsable de la tutela de los menores inmigrantes no acompañados, que finalmente declinó su participación.

ATENCIÓN

La legislación actual obliga a las administraciones a reponsabilizarse de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a Gipuzkoa. A tal fin, la Diputación destina una serie de recursos que, en opinión de Peio Aierbe son insuficientes. «La atención no es la correcta, para nada. Y no lo digo yo, lo dice el último informe realizado por el Ararteko, en el que se asegura que no se cumple la ley», afirma. En opinión del miembro de SOS Racismo, es «insuficiente la dotación de plazas residenciales y de educadores. No hace mucho, hubo un conflicto en el que los educadores que se ocupaban de los menores inmigrantes cogieron la baja laboral en bloque. Ahora, lo que ocurre en el centro de Tolosa es una muestra clamorosa de ello porque no se puede tener a una veintena de chavales en las condiciones en las que están. No hacen nada en todo el día, es decir, no hay una atención educativa con ellos».

Aierbe pone también el acento en la obligatoriedad de la Administración en documentar a los menores y «en el incumplimiento del período fijado por la ley».

En opinión de la juez de menores, en el cumplimiento de plazos para lograr «la documentación de un menor, no se puede responsabilizar únicamente a la Diputación, puesto que muchas veces se establecen una serie de trámites burocráticos en los consulados que hacen imposible lograr esos documentos».

Edurne Uranga considera que no hay que tomar una postura «detractora» con la actuación de la Administración en la protección a los menores. «El problema existe y no se puede resolver de un día para otro. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena», afirma la juez.

Uranga opina que está comprobado que los «pisos de acogida dan su resultado», lo cual no quiere decir que no haya conductas «infractoras» e «inadaptadas». ¿Y cómo debemos de trabajar con esas conductas?», se pregunta la magistrada. «Dando una contención que hoy por hoy no existe en algunos de esos centros porque a lo mejor están desbordados. Se tiene que realizar una inversión en personal y material. En definitiva: más educadores, nuevos centros....».

La juez se lamenta de que, en el terreno de la protección, «muchos hábitos que no tendrían que pasar a ser conductas infractoras lo hacen porque pueden existir cinco o seis chicos con conductas desadaptadas y de los que habría que ocuparse. Tendremos que trabajar con quien realmente lo necesita. Y quizás ahí, en ese punto de inflexión, es donde existe la carencia».

María José Gorrotxategi, directora de una red de pisos de acogida en los que se alojan menores inmigrantes no acompañados y menores autóctonos tutelados por la Diputación, cree que la experiencia en el tipo de atención que ella gestiona es buena. «Los menores llegan a nuestros pisos tras pasar por los centros de urgencia de Tolosa o Urnieta. En el acogimiento residencial tienen los mismos derechos y deberes que los chavales de aquí y la convivencia ha sido buena. Los que han venido a nuestros pisos no nos han generado graves problemas», asevera.

TOLOSA

La conflictividad y la delincuencia atribuidas a los menores alojados en el centro de atención de urgencia de Tolosa, en el que viven una quincena de inmigrantes fue uno de los temas tratados en la mesa. «Es que el modelo de atención a los inmigrantes en pisos, en un número pequeño, no tiene nada que ver con el de Tolosa», reconoce Aierbe. «Un centro en esas condiciones es insostenible y no es una situación nueva. El centro no reúne las condiciones que la ley exije. Ni el ratio de educadores-menores, ni las instalaciones. ¿Cómo se puede juntar a toda esa gente, con problemas e historiales tan diferentes? Todo ello genera un ambiente con unas dificultades terribles. Además, reitero que no hay ningún programa educativo y los jóvenes no hacen nada durante todo el día. Hace dos años hubo un conflicto serio y no se consigue que se forme un equipo de educadores con estabilidad», señala el representante de SOS Racismo.

Uranga coincide con Aierbe en que hay que «incidir» en que se desarrollen programas educativos en los centros. «Realmente, con carácter general, los chicos se integran pero también tenemos que entender que hay situaciones límites y tenemos que intentar trabajar sobre eso para evitar que se cometan infracciones».

Gorrotxategi duda de que en Tolosa no exista ningún programa educativo con los jóvenes, porque a sus pisos «vienen orientados hacia alguna formación». Asimismo, aunque «el cuerpo de educadores que trabajan en los pisos que ella gestiona sea bastante estable», reconoce que hay casos de formadores que «vienen de otros sitios diciendo que sólo han durado un día» en determinado centro con inmigrantes.

«No se puede hacer una intervención educativa y terapéutica si los educadores están asustados -añade-. Hace falta trabajar en condiciones de tranquilidad y seguridad y, si en un momento dado, la población es más difícil, tiene que haber medios de apoyo y de contención».

MARCO JURÍDICO

La juez Edurne Uranga es tajante. «La sociedad tiende a pensar que con los menores inmigrantes existe una situación de impunidad que no es real. De hecho, desde que se puso en funcionamiento la Ley del Menor ahora se interviene y es fundamental entender que la intervención tiene un aspecto punitivo, de privación de libertad, y educativo».

La juez quiere distinguir el ámbito de la protección de la reforma. «El menor tiene un amparo de la protección pública si está en situación de desamparo. La Diputación tiene la obligación de alimentarle, educarle y procurarles una formación integral. Cuando se cometen infracciones penales, ahí entra la reforma y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Esta ley no sólo trata de dar sanciones, sino también de educar».

Peio Aierbe cree que la Ley del Menor es un «buen marco jurídico de protección a los derechos del menor y lo que hay que procurar es cumplirla y a ello están obligadas las administraciones».

CONFLICTIVIDAD

Los tres participantes coinciden en deslindar la conflictividad y la delincuencia de los menores inmigrantes. «No creo que por el hecho de ser extranjeros vayan a delinquir más», afirma Gorrotxategi.

De hecho, la educadora asegura que en los pisos que ella gestiona «la llegada de inmigrantes no ha creado más problemas con la vecindad. Lo que pasa es que pueda haber personas que desconfíen por el hecho de que sean inmigrantes. Una mala contestación en la vecindad la puede dar igual un extranjero que un autóctono».

La juez Uranga no quiere «entrar» en cifras de delitos cometidos por inmigrantes -numéricamente menores que las que se producen por menores autóctonos- para abordar el problema de fondo. «Siempre he dicho que cuando nos encontramos con estas conductas, hay que trabajar con ellos y dotarles de un marco de contención institucional suficiente para evitar que se cometan conductas delictivas. Tenemos que construir la casa por los cimientos. Nos gustaría que en el ámbito de la protección del menor se diera la respuesta evitando que cometan hechos delictivos».

Asimismo, la magistrada sostiene que el hecho de que en los centros de reforma haya más internos inmigrantes que jóvenes de aquí se debe a la forma distinta de aplicar la sanción. «A igualdad de delitos entre un nacional, con una familia y una estructura que le sirve de límite y contención, aplicamos una medida distinta que a un extranjero no acompañado que carece de ese colchón y límite para llevar una vida en libertad».

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