Rubalcaba insiste en que el robo de las pistolas es un «acto violento que traerá consecuencias»

MADRID. Alfredo Pérez Rubalcaba minimizó ayer los temores de las fuerzas de seguridad francesas ante la posibilidad de que ETA se haya rearmado o las afirmaciones de los expertos galos que apuntan a la fortaleza de la organización terrorista. El ministro del Interior negó que la organización armada cuente con 516 militantes en la clandestinidad, tal y como afirmó el pasado lunes ante los tribunales franceses el comandante Jean Pargade, jefe del grupo vasco de la Dirección Central de la Policía Judicial, que se apoyó en informes de 2002.

Pérez Rubalcaba dijo que es «sencillamente imposible» hacer un cálculo de los activistas de ETA «con exactitud». El máximo responsable de las fuerzas de seguridad españolas señaló que se puso en contracto con el Ministerio del Interior francés esta misma semana para recibir aclaraciones después de las palabras de Pargade y de las declaraciones del jefe de la Policía antiterrorista francesa, Frédéric Meaux, quien aseguró, también ante los jueces, que ETA está aprovechando el alto el fuego para reorganizarse.

Según las explicaciones de los mandos galos al titular de Interior, la cifra del medio millar se refería «a los de aquí (en España), a los de allí (en Francia) y a los de siempre». «Ojalá la Policía española pudiera decir que hay 516, pero no. Ni se sabe con tanta exactitud ni, desde luego, son tantos, en absoluto», explicó el ministro.

A pesar de estos malentendidos con París, Pérez Rubalcaba negó de manera tajante que haya discrepancias entre las fuerzas de seguridad españolas y francesas sobre cómo encarar a la organización armada. «En la lucha contra ETA hay una sola policía que está integrada por franceses y españoles», dijo el ministró antes de abogar por no «televisar» estas posibles diferencias porque «es mala cosa ese tipo de discusiones».

Pérez Rubalcaba no quiso adelantar cuáles serán las anunciadas «consecuencias» que tendrá la confirmación por parte de las autoridades galas de que fue ETA la que robó el pasado octubre 350 pistolas en un almacén de la localidad gala de Vauvert. «Robar pistolas es un acto de violencia y estamos en un proceso de abandono de esa violencia, un proceso democrático que es incompatible con la violencia. Sin duda va a haber consecuencias, aunque habrá mejores momentos para explicarlas», señaló el ministro, que sólo anticipó que los etarras que asaltaron el arsenal «responderán de su acto frente a los tribunales».

Sin bajar la guardia

El máximo responsable de la lucha antiterrorista no se mostró sorprendido por el hecho de que la Policía gala haya atribuido el asalto de Vauvert sin género de dudas a ETA. Pérez Rubalcaba dijo que ésa fue la principal hipótesis de trabajo de su departamento desde el principio y que su ministerio ya ha reconocido que la organización continúa «moviéndose» en territorio galo. «Durante este alto el fuego permanente, la Policía, la Guardia Vivil y las fuerzas de seguridad francesas no han bajado la guardia ni un milímetro», apostilló.

Por su parte, la Abogacía del Estado considera que el posible cierre y precinto de las «herriko tabernas» debería «supeditarse» hasta el momento en que se examinen «adecuadamente» las «apariencias, indicios y signos externos» que supuestamente vinculan estos locales con la ilegalizada Batasuna.

Así consta en el informe que el abogado del Estado presentó ayer ante la Sala Especial o del artículo 61 del Tribunal Supremo, encargada de la ejecución de la sentencia de ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, en respuesta al auto que ésta dictó el pasado mes ordenando la entrada en las herriko tabernas para inventariar sus propiedades y pidiendo a las partes que se pronunciasen sobre las posibles medidas cautelares.

Los servicios jurídicos del Estado se pronuncian sobre el informe que elaboraron los liquidadores de la Agencia Tributaria y distinguen «entre los bienes y derechos de titularidad directa de los partidos ilegalizados y los de titularidad indirecta de los mismos, que los liquidadores identifican con las herriko tabernas y sociedades instrumentales».

De los de titularidad directa, la Abogacía del Estado señala que no hay «nada que oponer» y de los otros cree que si quedara acreditado que los bienes que son «directamente» de las herrikos «pertenecen realmente» a las formaciones políticas, «procedería que se extendiera a los mismos la liquidación patrimonial».

No obstante, subraya que esa decisión «es competencia» de la Sala y añade que el hecho de extender la liquidación «exige ineludiblemente prescindir de las titularidades formales o aparentes en relación con dichos bienes y derechos». COLPISA