El TSJPV envía el caso Atutxa al Supremo tras aceptar el recurso de Manos Limpias

VITORIA. DV. La judicialización de la política vasca vivió ayer un nuevo capítulo, al enviar el TSJPV el caso Atutxa al Supremo tras aceptar el recurso de casación del sindicato de funcionarios Manos Limpias contra su absolución por negarse a disolver a SA como grupo de la ilegalizada Batasuna en la pasada legislatura. El ex presidente de la Cámara vasca dispondrá de quince días para presentar alegaciones ante el alto tribunal, pero su entorno teme ya que el asunto acabe en condena por desobediencia y no quede a medio plazo otra salida que el Constitucional, según ha podido saber este periódico.

Como se recordará, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco absolvió, por medio de una sentencia de diciembre conocida en enero, al ex presidente del Parlamento Vasco y a los que fueran miembros de la mesa de la Cámara Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB), del delito de desobediencia a la autoridad judicial por su negativa a disolver a Sozialista Abertzaleak. El auto consideró que sí tuvieron voluntad de suspender al grupo abertzale, pero no pudieron. La sentencia absolutoria fue recurrida en casación por Manos Limpias como sindicato denunciante.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV ha ordenado ahora a las partes personadas en la causa el presentarse ante el Tribunal Supremo, tras admitir el recurso de casación. Compuesta por los magistrados Pablo Sesma, Luis Javier Murgoitio y Juan Carlos Iturri, que sustituyeron a los titulares tras su recusación, les emplaza a comparecer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo «en el improrrogable plazo de quince días».

Revisión

Los ex integrantes de la Mesa del Parlamento Vasco verán así revisada su absolución por el Supremo, una vez que la Sala Civil y Penal del TSJPV le remita los autos. El TS deberá analizar también el recurso de casación y, en caso de aceptar su tramitación, podría celebrar una vista en la que las partes realizarían nuevas alegaciones, ya que sólo los recurrentes mantienen la acusación frente a la defensa y el ministerio fiscal, que reclaman la absolución.

El sindicato de funcionarios Manos Limpias insiste en solicitar dos meses de inhabilitación y multa de 108.000 euros para cada acusado por un delito de desobediencia. Fuentes cercanas a Atutxa temen que el Tribunal Supremo acabe dictando una sentencia condenatoria, ya que el alto tribunal fue en su día «especialmente beligerante» con el caso Atutxa.

Sea como fuere, un fallo condenatorio del Supremo tendría un efecto más simbólico que práctico, porque Atutxa no ostenta ya cargos públicos y siempre cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acabe archivando el asunto, ya que los jueces progresistas tienen mayoría con el voto de calidad de su presidenta.