El caso del preso De Juana agudiza el enfrentamiento entre Gobierno y PP

MADRID. La decisión de otorgar el segundo grado penitenciario al preso de ETA Iñaki de Juana Chaos ha azuzado el enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios. Si bien el Gobierno sabía de la polémica que iba a suscitar su resolución, tal vez no imaginó que la polvareda llegara tan alto.

Mientras el presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer que convocará a los españoles «para que digan al Gobierno que no están de acuerdo con la decisión» adoptada sobre la atenuación de la condena al preso de ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó que la decisión se adoptó para evitar una escalada de violencia terrorista. El ministro del Interior explicó que la «muy probable» muerte del etarra en la cárcel habría servido de «alimento» para un «fanatismo como el que España sufrió durante muchos años».

El ministro del Interior defendió ayer la medida adoptada por su gabinete. «La otra posibilidad era aplicarle una medida legal que es una prisión atenuada, no libertad; una medida que se ha aplicado en muchas ocasiones, que entiendo que permite que no muera y que manifiesta que el Estado de derecho es firme y sabe ser inteligente», explicó.

El Ejecutivo admite haber optado por una solución «controvertida» y «difícil de entender» para el ciudadano común. Lo dijo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes de La Moncloa defienden que se trataba de la «menos mala» de las salidas. Su tesis es que De Juana llevaba camino de convertirse en un «símbolo» para los suyos, que ETA no habría sido capaz de «soportar la presión» que hubiera generado en el mundo independentista su muerte y que habría respondido con contundencia.

«Sin chantaje»

«No nos cabía ninguna duda de que la consecuencia habría sido un atentado y no un atentado cualquiera, sino un atentado dirigido a una persona, a un objetivo concreto», sostienen las citadas fuentes. El Gobierno sabe que enviar al preso a casa tampoco es garantía de que la organización terrorista permanezca inactiva. Pero mantener la prisión en primer grado habría «incendiado la situación», insisten, en un momento muy delicado. Fernández de la Vega aseguró, con todo, que la decisión no se tomó pensando en ETA ni en De Juana. Lo dijo dos veces, tras ser preguntada sobre los efectos políticos de esta medida, para aquilatar la idea de que no se ha cedido a ningún chantaje y de que no se ha pagado precio político alguno. «Es una decisión legal, y donde hay ley no hay chantaje», dijo.

De la Vega reconoció que la apuesta por la prisión atenuada es una decisión política. «Todos los gobiernos del mundo toman decisiones políticas porque para eso los han elegido los ciudadanos», dijo. Es un modo de actuar que definió como «responsable» y que consiste en tomar decisiones como ésta, aunque a uno mismo no le gusten y a sabiendas de que «la mayoría de los ciudadanos» no las entienden.

El líder de la oposición calificó la decisión de «insólita», insistió en que hay que revisarla y lamentó que la política antiterrorista gubernamental sea «la de la cesión y la negociación», en vez de la que recoge el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, «que es la política de la ley y la que hay que recuperar».

En un acto en Córdoba para presentar la campaña nacional de Nuevas Generaciones, denominada 'Hazte popular', el líder opositor recordó que hasta el momento su formación no ha convocado ninguna movilización, aunque sí se ha sumado a las que han hecho otros grupos, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o el Foro Ermua. El PP tiene avanzados los preparativos de la protesta, que podría ser una marcha o una concentración. Rajoy no anticipó ningún dato aunque dijo que comunicará el día y el lugar en breve porque «el hecho que se ha producido es excepcional». Confió, además, en que la convocatoria tenga una respuesta multitudinaria porque hay «mucha gente que está muy molesta e indignada» con dicha medida pues va «contra el sentir mayoritario de la población».

El PP manejaba la posibilidad de convocar sus propias movilizaciones desde hace algunas semanas, cuando cundió entre sus dirigentes la preocupación de que el partido podría ser manipulado por las organizaciones convocantes de las manifestaciones a las que acudía. Fue el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien impulsó, sin éxito, esta idea en una reunión del comité ejecutivo tras el atentado de Barajas. Ahora, la cúpula del partido opositor consideró llegado el momento de recoger el malestar popular e impedir así que los ecos de la medida del Ministerio del Interior sobre De Juana pasen desapercibidos o se apaguen antes de las elecciones municipales.

Respuesta

Desde Andalucía, Rajoy denunció que «es la primera vez que el Gobierno de España acepta la amenaza y el chantaje de una organización terrorista» y esa actitud, dijo, merece una respuesta. Por esta razón, prosiguió, «vamos a convocar (movilizaciones) para que aquéllos que quieran le digan al Gobierno que no estamos de acuerdo con esta decisión, que hay que revisarla, y que la política antiterrorista no puede ser la de la cesión y la de la negociación». El presidente del PP subrayó que con medidas así el Ejecutivo «aparece ante el conjunto de la sociedad española como un Gobierno débil y que actúa con miedo».

El líder de los populares valoró que no se trata de «un problema de izquierdas, de derechas o de centro, sino de sentido común, de lógica, de moral, de saber qué puede hacer o qué no puede hacer un gobierno, independientemente de su ideología». Indicó que con el PP en el poder esa estrategia se corregirá y «vendrán tiempos mejores, estas cosas nunca se volverán a producir en España, y nosotros trabajaremos para ello».

Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, advirtió ayer de que si su partido vuelve a gobernar en España no reconocerá «ninguno de los compromisos» que, a su juicio, ha adquirido el presidente del Gobierno, con ETA. Acebes dijo que la atenuación de la pena al etarra es «la bandera de la victoria de los terroristas» y «la bandera de la vergüenza para Zapatero». COLPISA