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FERNANDO ITURRIBARRIA
Sábado, 10 de marzo 2007, 02:26
PARÍS. DV. El presunto miembro de ETA Mikel Ibáñez Oteiza ingresó ayer por orden judicial en la prisión parisiense de La Santé horas después de haber sido detenido en un aeropuerto de la capital francesa procedente de Uruguay. La justicia española ha iniciado la tramitación de una demanda de extradición por el asesinato en 1988 de un empresario guipuzcoano por parte del comando Eibar en una campaña de atentados contra supuestos tráficos de drogas.
Ibáñez, nacido en Eibar hace 52 años, fue interceptado a mediodía por la Policía del Aire y Fronteras en la aduana del aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle, al que había llegado en el vuelo AF 457 de Air France procedente de Montevideo con escala en Sao Paulo. Los agentes comprobaron que el viajero, que mostró un pasaporte legal con su identidad auténtica, era objeto de una orden internacional de busca y captura emitida por la Audiencia Nacional.
El mandato judicial le fue notificado horas después por la Fiscalía de Bobigny, a cuya jurisdicción pertenecen las mencionadas instalaciones aeroportuarias. La orden es consecuencia de un auto dictado por el juzgado central de instrucción número 5, del que es titular el juez Baltasar Garzón, por participación en una organización terrorista y atentado con resultado de muerte en 1988.
El fiscal encargado del caso ordenó el ingreso de Ibáñez en la cárcel de La Santé bajo el régimen de prisión extradicional a la espera de que la demanda española sea examinada por el Tribunal de Apelación. Como los hechos imputados son anteriores a noviembre de 1993 no es aplicable el procedimiento de la euroorden, de tramitación mucho más rápida. Las autoridades españolas van a acogerse al Convenio de Dublín para que se tengan en cuenta los plazos de prescripción propios, mayores que los franceses, dada la antigüedad del atentado.
Absuelto
Mikel Ibáñez estaba en libertad desde febrero de 1995 cuando fue absuelto por la Audiencia Nacional de complicidad en el asesinato del empresario Sebastián Aizpiri Lejaristi, dueño del restaurante Chalcha de Eibar, abatido a tiros el 25 de mayo de 1988. Su extradición por esta causa fue concedida en 1994 por Uruguay, donde dos años antes había sido detenido junto a otros etarras con los que se encargaba del restaurante La Trainera.
Esta vez la reclamación española es por otra causa, denegada entonces por Uruguay, en la que se le considera cooperador necesario del asesinato, el 6 de junio de 1988 en Elgoibar, del industrial Patxi Zabaleta Aizpitarte. El auto de procesamiento, firmado por Garzón en 1989, le imputa labores de localización y vigilancia de la víctima «con la intención de acabar con su vida».
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