El alto el fuego cumple hoy un año sin expectativas de acuerdos para la paz

SAN SEBASTIÁN. DV. Cuando aquella mañana de julio de 2005 los interlocutores de ETA y del Gobierno, reunidos en un hotel en Ginebra, miraban distendidos a primeras horas del día la televisión sabían que tenían entre manos la enésima oportunidad para buscar una salida dialogada al problema del terrorismo. Si algo tenían claro los representantes de las dos partes es que no deberían repetirse los errores del pasado de las conversaciones de Zurich (1999) y Argel (1988).

Nueve meses después, hace un año, el comunicado de ETA que anunciaba un alto el fuego permanente confirmaba un proceso de contactos desarrollado en secreto en los últimos cuatro años e iniciado por un diálogo reservado entre dirigentes del PSE y Batasuna, en concreto por Jesús Eguiguren y Arnaldo Otegi.

Las bases del comunicado, que habían sido perfiladas entre Eguiguren y Josu Ternera, abrían una ventana a la esperanza. La izquierda abertzale, que aceptaba el modelo de las dos mesas -una técnica entre el Gobierno y ETA, y otra de diálogo político entre partidos- parecía que consideraba superado el esquema de acumulación de fuerzas nacionalista para superar el «conflicto político» y apostaba por implicar al PSOE en una negociación.

Durante doce meses la evolución del denominado proceso de paz ha conjugado las sombras y las luces y ha desembocado en un clima de pesimismo. Durante una primera etapa, la esperanza por una solución eclipsó una realidad más contradictoria. Poco a poco, algunos hechos de kale borroka y algunas cartas enviadas a empresarios vascos pusieron en cuestión el carácter «inequívoco» del cese de la violencia.

Ciertos mensajes de ETA, a través de entrevistas y comunicados, volvieron a demostrar que lo que era percibido como un proceso de paz, el mundo radical lo interpretaba como un proceso basado en contenidos políticos hacia el reconocimiento del derecho de autodeterminación y hacia la territorialidad.

Por otra parte, determinadas acciones judiciales derivadas de la Ley de Partidos también complicaron que Batasuna pudiera realizar su actividad al tratarse de una formación ilegalizada con sus dirigentes inmersos en numerosas causas judiciales.

Después del verano se produce un giro en las posiciones de la izquierda abertzale. Batasuna frena su pretensión de legalizarse a través de una nueva formación política ante la falta de garantías por parte del Estado. La kale borroka vuelve de forma sistemática a pesar de dos gestos del Gobierno. Por un lado, la declaración del presidente Zapatero a finales de junio anunciando la apertura de un proceso de diálogo y señalando su respeto a lo que los vascos decidan en libertad, dentro del respeto a los procedimientos legales y democráticos.

El segundo gesto es la celebración de una reunión oficial el 6 de julio en San Sebastián entre representantes del PSE y de «la izquierda abertzale». Una reunión entre Patxi López y Arnaldo Otegi que rompe la relación entre el Gobierno y el PP y que es presentada por los socialistas como un intento para convencer a Batasuna de que apueste por la legalidad.

Giro radical

No obstante, las cosas no se enderezan después del verano. Batasuna plantea una mesa con PNV y PSE para intentar buscar un preacuerdo de método y objetivos de una futura mesa política. Socialistas y nacionalistas aceptan el esquema, a pesar de que rompe el modelo inicial, que anteponía el diálogo político a una mesa técnica entre el Gobierno y ETA para hablar de los presos y del desarme. El rechazo de ETA a abrir este canal de comunicación y su resistencia a visualizar un modelo de final basado en la ecuación paz por presos coloca al proceso al borde del abismo. El robo de las pistolas en Francia, la exhibición de armas en Aritxulegi y nuevos mensajes de ETA -en los que no renuncia a ejercer una tutela fáctica del proceso sobre los partidos- envuelven de incertidumbre el panorama.

En noviembre prosiguen mientras tanto las conversaciones secretas entre PNV, PSE y Batasuna en busca de un preacuerdo. En la práctica se ha convertido en una especie de mesa de negociación política paralela de la que ETA espera resultados tangibles para dar nuevos pasos. Especialmente significativos resultan los encuentros celebrados en Loyola, en Gipuzkoa, entre representantes de las tres formaciones.

Los interlocutores, al parecer, perfilan un preacuerdo de mínimos sobre un texto que encuadra la capacidad de decisión en un modelo de pacto, de respeto a las mayorías democráticas y de respeto a los procedimientos legales. El tema de Navarra se encauza mediante el debate sobre un órgano común de cooperación permanente. Parecía que se había alcanzado una fumata blanca.

Sin embargo, en este momento se produjo una nueva inflexión cuando Batasuna incorpora dos elementos nuevos que alteran el esquema y elevan de nuevo el listón de las exigencias. Uno pasa por un reconocimiento más explícito del derecho de autodeterminación en el preámbulo. El segundo, que ese órgano de cooperación permanente tuviera capacidad de propuesta legislativa para poder presentar, por ejemplo, un proyecto de Estatuto Nacional de Autonomía en 2008 y celebrar en 2010 un referéndum en los cuatro territorios. Los socialistas y los nacionalistas rechazan tajantemente las nuevas condiciones.

A partir de ese momento se produce un nuevo bloqueo en la situación. ETA sigue lanzando mensajes inquietantes y los dirigentes de Batasuna advierten de la crisis de fondo que atraviesa el proceso, con las confianzas rotas y con un incumplimiento, a su juicio, de determinados compromisos previos adquiridos que el Gobierno siempre ha negado.

El atentado de Barajas, con el resultado de dos asesinados, desbarata toda la operación, obliga al Gobierno a suspender todos los contactos y a elevar el nivel de la exigencia hacia la izquierda abertzale. Pero también en este mundo, los sectores más realistas lanzan gestos de impaciencia interna.

Desde diciembre quedan totalmente interrumpidos los contactos con ETA pese a que el PP considera que tanto Zapatero como la izquierda abertzale no cierran del todo la posibilidad de reanudar el proceso.

El escepticismo y la confusión son las sensaciones predominantes. La mayoría de los medios consultados no consideran probable que ETA lleve a cabo un movimiento de fondo hacia el abandono de las armas o hacia su disolución, sobre todo tras los últimos emplazamientos de Batasuna, y que no han tenido éxito, para alcanzar un acuerdo en torno a su propuesta sobre Navarra.

El escenario terminará de despejarse dentro de dos semanas, cuando el próximo 31 de marzo la izquierda abertzale presente su propuesta para presentarse a las elecciones municipales y forales. Al parecer, la fórmula que baraja en este momento el mundo radical es la de presentar como marca electoral las siglas de un nuevo partido que no realizaría una condena expresa de la violencia. La Fiscalía General del Estado actuará contra esta nueva marca si se da ese supuesto, lo que no permitiría su legalización. Ante la eventualidad de este caso, podrían aparecer de nuevo agrupaciones electorales de la izquierda abertzale. La Ley de Partidos advierte del riesgo de sucesión o continuidad si en las listas hay más de dos candidatos ligados a Batasuna. Las espadas siguen en alto y la batalla se dilucidará en el Tribunal Supremo y, en última instancia, en el Constitucional. Como hace cuatro años. La historia se repite.

asurio@diariovasco.com Han transcurrido 82 días desde que ETA colocara una furgoneta bomba para que se inicien las obras de reconstrucción del módulo D del aparcamiento de la T-4 de Barajas. Una vez finalizadas las labores de demolición de la parte que quedó en pie tras el atentado del 30 de diciembre se trabaja en el encofrado para el forjado de la primera planta.