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MELCHOR SÁIZ-PARDO
Jueves, 22 de marzo 2007, 13:09
MADRID. La Fiscalía retiró anoche sus acusaciones contra Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo en el homenaje en 2001 a la etarra fallecida Olaia Kastresana. El líder de la ilegalizada Batasuna, para el que el Ministerio Público pedía hasta ayer 15 meses de cárcel por esos hechos, quedó en libertad al no haber personadas otras partes como acusación en el juicio. La vista, que apenas duró una hora, comenzó con diez horas de retraso, después de que el dirigente abertzale no se presentara por la mañana ante la Audiencia Nacional porque, según su defensa, había quedado atrapado por el temporal de nieve en una carretera de Burgos. La sala consideró las explicaciones una simple excusa y ordenó a la Guardia Civil que detuvieran al procesado en su casa de Elgoibar y le trasladaran a Madrid en avión.
«Nada tiene este tribunal contra usted. Queda usted en libertad». Con esas frases el presidente del tribunal, Fernando Bermúdez, archivó la causa minutos después de que el fiscal Fernando Burgos explicara que Otegi sólo expresó una «opinión» durante el entierro de Kastresana, que aunque pueda considerarse «deplorable, deleznable o irritable», en ningún caso supone un delito. Burgos, tras oír las declaraciones en Polloe, insistió en que el líder de Batasuna sólo «hizo una manifestación autocomplaciente», amparada por los «derechos de expresión y representación».
Según el representante del Ministerio Público, el portavoz de Batasuna hizo un «elogio de una ideología» pero no cometió un delito de enaltecimiento ni tampoco «provocó a la comisión de un hecho criminal». El procesado, que respondió en castellano durante media hora a las preguntas de la Fiscalía, aseguró que «en absoluto» intentó «alabar o justificar» la lucha armada. Dijo que su único propósito con su arenga fue «hacer una reflexión general de un problema que queremos resolver en términos democrático». Otegi insistió en que se limitó a hacer una «valoración política» y nunca dio vivas a ETA.
El imputado, que alegó no recordar la frase que la policía le atribuye y en la que se pide un aplauso por los «gudaris vascos caídos por la autodeterminación», señaló que «nunca» ha justificado la violencia y que sólo se trató de un homenaje a una joven muerta con tan sólo 22 años, no a un miembro de ETA. Otegi, que aparecía en las imágenes reproducidas en la sala portando el ataúd de Kastresana con una bandera de ETA, recordó que también ha portado féretros de amigos con las enseñas del PSE o de UGT. Su ex compañera en el parlamento vasco, Araitz Zubimendi, la única testigo que finalmente declaró, confirmó sus palabras.
La inusual y breve sesión nocturna judicial en la Audiencia Nacional comenzó a las 20.15, después de que un vehículo de la Guardia Civil condujera preso a Otegi hasta la Audiencia Nacional. Por la mañana, su abogada, Jone Goirizelaia, había intentado excusar a su defendido. A las 10.30 horas, momento en el que debía haber comenzado la vista, la abogada, que llegó a Madrid a primera hora en avión y sin contratiempos, se personó ante los tres magistrados de la Sección Cuarta. Durante una improvisada e informal 'vistilla' previa que duró unos diez minutos y que se celebró con público pero a micrófono cerrado y sin togas, la letrado aseguró a la sala que Otegi había partido de Elgoibar a las 4.00 horas de la madrugada para evitar problemas pero que no pudo con el temporal.
Actos del Foro Ermua
Tras conocerse la noticia, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, consideró que el fiscal Burgos ha actuado con «absoluta corrección» y «en estricta aplicación de la ley». Por el contrario, el secretario general del PP, Ángel Acebes, consideró que la decisión de la Fiscalía de retirar los cargos al líder de Batasuna es «un escándalo y una vergüenza que sobrepasa todos los límites». Acebes estimó que «se ha pisoteado la ley y el Estado de Derecho» y se preguntó «a cambio de qué».
Mientras, el presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, anunció anoche que han convocado para hoy una movilización frente a la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid. COLPISA
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