El ex alcalde de Belauntza y otros cuatro acusados niegan que sometieran a 'mobbing' a la secretaria

SAN SEBASTIÁN. El ex alcalde de Batasuna, el ex secretario municipal y tres empleados del Ayuntamiento de Belauntza acusados de someter a mobbing a una mujer que fue designada por la Diputación como nueva secretaria negaron ayer haber acosado laboralmente a esta trabajadora.

Los cinco imputados, entre los que se encuentran el ex alcalde Jesús María Zelaya, y el que fuera secretario municipal Ignacio Basasoro, además del alguacil, un administrativo, y una dinamizadora cultural del Ayuntamiento, declararon ayer en la primera sesión del juicio que se celebra en San Sebastián. Los hechos de los que se acusa a estas personas comenzaron el 4 de abril de 2002 con la toma de posesión de la nueva secretaria, designada por la Diputación de Gipuzkoa después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco detectara que el anterior, Ignacio Basasoro, había estado desempeñado el cargo irregularmente.

En el juicio, los acusados reconocieron que ya al día siguiente de que la nueva secretaria empezara a trabajar el alguacil, la dinamizadora cultural y el administrativo le entregaron una carta en la que le solicitaron que «no tomara posesión del cargo porque supondría colaborar con el cese» de Basasoro. Sin embargo, aclararon que su única intención era mostrar su «solidaridad testimonial» con su compañero despedido, porque sabían que el escrito no tendría ningún efecto, ya que la nueva secretaria ya había tomado posesión del cargo.

Los tres operarios negaron haber obstaculizado en modo alguno la labor de la nueva secretaria, que se quejó de no poder acceder a su despacho porque estaba cerrado, y recordaron que las llaves de las dependencias municipales se encontraban en un armario abierto y a disposición de todos. Por su parte, Ignacio Basasoro, rechazó que hubiera seguido desempeñando las labores de secretario municipal, como le imputa el fiscal, después de la incorporación de la nueva trabajadora. Por su parte, el ex alcalde Jesús María Zelaya negó haber quitado el despacho a la nueva secretaria y explicó que la trasladó a otras dependencias, en las que disfrutaba de todos los medios para hacer su trabajo.

La Fiscalía imputa a los acusados un delito de coacciones por el que reclama dos años de cárcel para cada uno, mientras que al ex alcalde le responsabiliza además de un delito de prevaricación, por el que pide ocho años de inhabilitación, y otro de desobediencia por el que demanda otros dos años más de inhabilitación y 4.800 euros de multa. EFE