Correcta utilización de la ley

En el reportaje titulado «Los divorcios aumentan en Gipuzkoa y también los conflictos durante el proceso», publicado en la página 2 el pasado jueves, día 26 de abril, el presidente de la Asociación de Padres y Madres Separados de Gipuzkoa (Agipase) dijo, sin ningún dato contrastado, que el incremento de la conflictividad y de la judicialización de los procesos obedece, entre otras razones, a «la utilización perversa de la ley de violencia de género por parte de algunas personas para coaccionar a la otra parte o para conseguir posiciones rápidas y ventajosas en el divorcio».

Al respecto, deseamos hacer constar que en el Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa existe un servicio de asistencia prestado por letrados y letradas específicamente formados en la problemática del maltrato, cuya intervención, junto con la de otros operadores jurídicos, garantiza la «correcta» utilización de la indicada ley.

El dato más claro de que no se tramitan «denuncias falsas», y de que, por tanto, una posible intención de uso malicioso de la ley no surte su efecto -y este dato sí ha sido contrastado- es el de que en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Donostia-San Sebastián han sido incoadas diligencias por falso testimonio únicamente en dos supuestos, es decir, que se ha comprobado que la presunta víctima mentía en dos ocasiones, y en ambas, casualmente, lo ha sido por negar el maltrato cuando las lesiones lo evidenciaban. Se presenta, igualmente, como fuente del enfrentamiento entre los cónyuges el de la pelea por la custodia de los hijos. Conviene recordar que el 2006, al que se refiere el reportaje, es el primer año completo en el que está en vigor la nueva regulación sobre guarda y custodia aprobada por la Ley 15/2005 de 8 de julio, que contempla de forma expresa la posibilidad del ejercicio compartido de la misma, y que sería el adecuado asesoramiento letrado al respecto el que evitaría en muchas ocasiones la indeseable conflictividad.

Por último señalar, que el asesoramiento sobre la conveniencia o no de liquidar el régimen económico matrimonial, es más competencia de juristas que de los psicólogos.