Diputación dice que el 100% de los expedientes con presunto delito son de anteriores legislaturas

SAN SEBASTIÁN. DV. La Diputación de Gipuzkoa aseguró ayer que «el 100% de los expedientes en los que se ha detectado algún indicio de delito» relacionado con el fraude de la Hacienda de Irun «corresponden a anteriores legislaturas», ya que dijo que ninguno fue tramitado con posterioridad a 2003.

El portavoz foral, Koldo Azkoitia, indicó en una rueda de prensa en San Sebastián que lo que ocurre es que «las fechas de prescripción de insolvencia son de 2001 a 2004», si bien no precisó si durante el gobierno del actual equipo foral la trama denunciada por el fiscal actuó ilícitamente eludiendo los controles de la Hacienda foral.

Recordó que las deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años e insistió en que los expedientes en los que hay irregularidades y posibles delitos fueron «tramitados anteriormente», la mayoría de ellos en los años 90.

Azkoitia señaló que el objetivo era aclarar «informaciones malintencionadas» de políticos como Regina Otaola (PP) o Mikel Izaguirre (EB-Aralar) que, según dijo, sólo saben «cacarear» cuando han criticado la actuación de los actuales dirigentes forales en este asunto.

«No estamos presuponiendo que hay una responsabilidad del cuadro político de anteriores legislaturas», matizó Azkoitia, quien insistió en que «el delincuente es quien delinque no quien le nombra».

Valoró el trabajo desarrollado por los responsables de la actual Diputación Foral que, según recalcó, ha sido la que «ha desencadenado toda la investigación» al denunciar el caso a la Fiscalía en septiembre de 2006, lo que hizo trece meses después de concluida la auditoría que descubrió las irregularidades.

Depurar responsabilidades

«Una vez depuradas las responsabilidades penales, si se evidenciaran responsabilidades políticas también serán depuradas», aseguró Azkoitia, al tiempo que afirmó que seguirán «hasta las últimas consecuencias» y trabajarán «codo con codo» con la Policía Judicial «caiga quien caiga».

Dijo que la Diputación actual de lo que sí es «responsable» es de «haber cambiado nada más llegar a toda la cúpula directiva de Hacienda, de ordenar en 2004 un plan de auditorías en áreas que no habían sido nunca inspeccionadas, de detectar irregularidades administrativas graves en la oficina de Irun y de poner en conocimiento de la Fiscalía todos estos indicios».

Azkoitia anunció que el consejo de diputados decidió ayer solicitar la comparecencia en las Juntas Generales del diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, y del titular para la Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, con el fin de que pongan a disposición de los grupos junteros «la información de la que dispone la Diputación».

Tras precisar que dicha comparecencia podría tener lugar la próxima semana, Azkoitia recordó que la Diputación se personará como acusación particular en este procedimiento, tras la denuncia de la Fiscalía, que ha imputado a cuatro personas, entre ellas el ex director de la oficina de Irun José María Bravo, hermano de Víctor Bravo, director de Hacienda en las fechas en las que supuestamente ocurrieron los hechos y actual senador del PNV.

Señaló, por último, que serán Txabarri y Mujika los que facilitarán información más detallada sobre este asunto en su intervención ante la comisión permanente del parlamento provincial.