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J. GUILLENEA
Sábado, 9 de junio 2007, 11:29
SAN SEBASTIÁN/MADRID. DV. Había expectación en el salón del hotel. Veinte minutos antes del mediodía, la hora prevista para la rueda de prensa, todas las sillas estaban ya ocupadas y una batería de cámaras de televisión enfocaba hacia la mesa que presidía la sala. El portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi pensaba hablar en San Sebastián ante los medios de comunicación. Se suponía que iba a ser su última comparecencia pública antes de su ingreso en prisión.
Pero nadie creía que los acontecimientos fueran a desarrollarse de manera tan rápida. De repente, en el salón del hotel donde aguardaban los periodistas se expandió la noticia. «Han detenido a Otegi», dijo un representante de Batasuna a un grupo de personas.
No hacía falta mucho más. La frase se propagó y las sillas quedaron vacías. Una riada de periodistas, cuadernos, cámaras y teléfonos móviles se abalanzó hacia el exterior en busca de lo que habría sido la imagen del día, la de Arnaldo Otegi arrestado por la Policía ante el hotel. Pero no fue así, en la calle los profesionales de la prensa sólo encontraron peatones sobresaltados.
En realidad, el portavoz de Batasuna había sido detenido poco antes en las proximidades de la sede de EHAK, en el polígono donostiarra de Belartza, cuando se dirigía a ofrecer la rueda de prensa. Una hora después, Otegi entraba en la prisión de Martutene para cumplir 15 meses de cárcel por enaltecer a ETA en 2003, con motivo de un homenaje al etarra José Miguel Beñaran, Argala.
Esa misma mañana, el Tribunal Supremo había rechazado por unanimidad el recurso presentado por la defensa de Otegi contra la sentencia dictada en abril de 2006 por la Audiencia Nacional. La condena era firme, así como la pena aneja de siete años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Para reducir al mínimo el riesgo de que el portavoz de Batasuna huyese, todos los trámites legales se realizaron a velocidad de vértigo y con absoluta discreción. Cinco magistrados del Supremo presididos por Juan Saavedra terminaron por la mañana la deliberación que iniciaron el jueves y de inmediato enviaron un mensajero a la Audiencia Nacional. Sobre las 11.25 horas, éste entregó en mano al magistrado Alfonso Guevara, presidente del tribunal que condenó a Otegi, un folio firmado con el fallo de la resolución y la aclaración de que, «en los próximos días, se hará público el texto completo de la sentencia».
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictó la orden de arresto e ingreso en prisión nada más recibir del Supremo esta comunicación. El magistrado Guevara, en previsión de que la condena se confirmase, ya había debatido con sus dos compañeros de tribunal la postura a tomar si el Supremo rechazaba el recurso de Otegi y tenía redactado un modelo de providencia a falta sólo de la firma. El escrito se limita a decir que, alcanzada la firmeza, «ejecútese la sentencia». Estampadas las tres rúbricas, la providencia voló a poder de la Policía Nacional, cuyos servicios de Información vigilaban a Otegi desde horas antes a la espera de que llegara la orden de detención. La actuación judicial fue tan veloz y discreta que ni la Fiscalía conoció el fallo del Supremo hasta que trascendió el arresto de Otegi, una hora después de que la deliberación concluyese.
Las razones
La Sección Tercera razonará la decisión de encarcelar a Arnaldo Otegi cuando su defensa recurra la medida judicial. Al tratarse de una condena inferior a dos años y carecer el implicado de antecedentes penales, el tribunal tiene libertad para ordenar la ejecución inmediata de la condena -ingreso en prisión- o su suspensión condicionada a la no comisión de nuevos delitos.
No obstante, fuentes judiciales desvelaron ayer que los magistrados defienden que el Código Penal considera justificado el encarcelamiento por estas penas mínimas cuando el condenado presenta «peligrosidad criminal» y tiene abiertas otras causas penales. Las mismas fuentes indicaron que Otegi cumple ambos criterios ya que está procesado como dirigente de ETA en el sumario que instruye Baltasar Garzón contra Batasuna y tiene abiertos cuatro procesos por delitos de terrorismo -enaltecimiento y pertenencia-, además de una sentencia firme y en suspenso por injurias al Rey, a quien tildó de «jefe de los torturadores».
La única posibilidad de que el portavoz de Batasuna abandone la cárcel a corto o medio plazo es el Tribunal Constitucional. Cuando dentro de unos días el Supremo notifique el texto de la sentencia aprobada ayer, la defensa de Otegi podrá plantear un recurso de amparo ante el Constitucional en el que le pedirá, como medida cautelar y urgente, que deje en suspenso la ejecución de la condena hasta que resuelva la impugnación.
El Constitucional tiene como costumbre excarcelar a condenados a penas inferiores a cinco años de cárcel. No obstante, para que se produzca una suspensión cautelar de la pena el recurso debe ser admitido a trámite por el tribunal, cosa que no ocurrió con el que el mismo Otegi planteó contra la sentencia firme por injurias al Rey, que fue rechazado de plano.
Otegi puede permanecer en prisión los 15 meses de condena, ya que el delito de enaltecimiento fue juzgado por el Código Penal de 1995, que no prevé redenciones de pena. La ratificación de la sentencia por el Supremo no afecta para nada a la suspensión cautelar de la condena de un año de cárcel por injurias al Rey que, en mayo de 2006, acordó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sólo tendría que cumplir estos doce meses de cárcel si en los tres años de suspensión de la pena Otegi comete algún nuevo delito. En caso contrario, la pena se extinguirá.
Además, el portavoz de Batasuna está acusado en el Juzgado Central de Instrucción 4 de un delito de enaltecimiento de ETA por participar en un homenaje a José María Sagarduy, el recluso de la organización que más tiempo lleva en prisión. El Juzgado Central de Instrucción 6 tiene abierta una segunda causa por el mitin de Anoeta de noviembre de 2004, el primer acto multitudinario tras la ilegalización de la coalición. A él y a otros dirigentes de Batasuna les imputan delitos de enaltecimiento, reunión ilegal y desobediencia grave al Supremo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 3, Fernando Grande-Marlaska, acaba de reabrir, con la oposición del fiscal, otra causa por enaltecimiento contra Otegi y otros 23 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, por homenajear durante una manifestación en Bilbao a Arkaitz Otazua, un etarra muerto seis días antes durante un enfrentamiento con la Ertzaintza.
El cuarto sumario en el que está procesado, el más grave de todos, es el que el juez Baltasar Garzón dirige contra los componentes de las sucesivas mesas nacionales de Batasuna, a los que considera la dirección del 'frente político-institucional' de ETA. Las imputaciones por enaltecimiento le enfrentan a un máximo de dos años de cárcel, pero el procesamiento como dirigente de ETA le puede suponer una acusación de 15 años de prisión.
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