Artolazabal: «Nuestra prioridad no es una renta básica universal sino mejorar la RGI»

Beatriz Artolazabal responde con medida prudencia, enfundada en el traje de consejera de una de las carteras sobre la que pesan dos de los grandes desafíos de la actual legislatura: la creación de empleo de calidad, y las reformas de Lanbide y la Renta de Garantía de Ingresos, el subsidio que cobran hoy más de 64.000 personas en Euskadi.

- El exconsejero Ángel Toña pidió un tiempo muerto para recuperar el consenso en torno a la RGI. ¿La subida del salario mínimo les ha obligado a plantear la reforma antes de lo que hubieran querido?

- Teníamos claro que había que abordar esa revisión. Dentro del propio acuerdo de gobierno PNV/PSE existe ese compromiso y es una prioridad. Por lo tanto, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional -como consecuencia del decreto del Gobierno central- no ha venido a acelerar la reflexión y el debate. Además, existe una proposición no de ley del Parlamento Vasco que instaba a que se llevaba a cabo en un plazo de cinco meses y cumpliremos con ese mandato.

- ¿Si van a modificar la ley, por qué no esperar a esa reforma de calado en lugar de cambiar ahora el índice de referencia?

- Por un lado está la propuesta de la reforma y luego está el decreto. Analizamos la aplicabilidad del incremento del 8% del SMI y sus consecuencias. El incremento implicaba que la RGI se acercaría en muchos ocasiones al salario que puede estar cobrando una persona que trabaja ocho horas y podría estar desincentivando a los perceptores a la hora de acceder al mercado laboral, además de suponer un agravio comparativo con los trabajadores. Por otro lado, en los convenios se están pactando incrementos del 1% o semejantes y las pensiones van a subir este año un 0,25%. Aplicar el IPC es una medida adecuada para que los perceptores de la RGI no pierdan poder adquisitivo.

- El argumento de la desincentivación laboral persigue a la RGI. ¿Aumentar la cuantía en 50 euros varía tanto la situación?

- Entendemos que en este momento el problema de la RGI no es la cuantía. Está fijada en 625 euros al mes, más los complementos y las posibles incrementos de cuantía en función de la unidad convivencial, y esa cantidad no ha estado en entredicho hasta que no se produce la modificación del decreto. Yo siempre digo que el 1 de diciembre de 2016 nadie estaba hablando de si esa cuantía era suficiente y el 1 de enero parece que el problema de la RGI es si subir o no la prestación. Creo que es un debate artificial.

- El departamento insiste en que el objetivo es la inserción laboral de los perceptores. ¿Teniendo en cuenta que el mercado laboral es más inestable y precario no es condenar la reforma al fracaso? Cada vez hay más perceptores que trabajan y que siguen necesitando la RGI como complemento salarial.

- La RGI es una medida transitoria que proporciona unos medios para garantizar unas condiciones de vida dignas, una red mientras no se acceda al mercado laboral. Sí es verdad que los trabajos que se están ofreciendo son manifiestamente mejorables, en cuanto a la temporalidad y a la remuneración económica. La gente que percibe una RGI quiere trabajar. Ahora nos toca revisar el sistema de la RGI, trabajar en ese compromiso entre la institución y la persona perceptora para poner los medios a su alcance tanto en la formación como en la intermediación, y facilitarle el acceso al mercado laboral en un itinerario individualizado. Y luego otra cosa es lo que tenemos que hacer para trabajar en la calidad del empleo junto con la patronal y los sindicatos.

- La intermediación laboral es la asignatura pendiente de Lanbide. ¿Qué objetivo se marca?

- No tenemos una cifra. La legislatura pasada se planteó el 5% y no se llegó al objetivo. Pero quiero poner en valor que la tasa de intermediación ha subido, y es la más alta del Estado español. No tenemos que ser autocomplacientes, pero tampoco olvidar que la tendencia es buena.

- La ya famosa frase del exvicesonsejero Blasco de que no animaría a sus hijos a ir a Lanbide...

- Dijo aquella frase en un momento que está ya pasado y estamos en otros tiempos. Desde luego, sí que confío en que Lanbide en esta legislatura sea un servicio de empleo que realmente interceda entre los trabajadores y las empresas.

- ¿Usted animaría a sus hijos a que recurrieran a Lanbide para encontrar trabajo?

- Yo animaré a mis hijos y a mis conocidos a confiar en Lanbide. Lanbide y la RGI han sido utilizados como arma arrojadiza entre los políticos y no en beneficio de las posibles mejores, que de verdad había de abordar. Hay que sacar a Lanbide de la discusión política. Acepto las críticas y las propuestas. Tenemos la obligación de liderar el cambio de Lanbide, un trabajo que ya se viene haciendo. Y lo tenemos que hacer entre todos, políticos, sindicatos y patronal. Hay que quitar esa visión negativa del servicio. Desde luego confío en el sistema público.

- El exconsejero Toña planteó implicar a las haciendas forales en la gestión de la RGI. Por ejemplo, que se aplicara un impuesto negativo para colectivos como pensionistas. ¿Mantiene esa idea?

- Tenemos el compromiso de cinco meses para presentar nuestra propuesta de reforma. Es pronto para adelantar medidas.

- ¿La reforma de la RGI va a implicar algún tipo de recorte?

- No comparto que cada vez que hacemos un análisis o una evaluación se asocie a un recorte.

- ¿La decisión de no aplicar el SMI no es un recorte?

- No es un recorte desde el momento en el que se va a subir el IPC, que permitirá mantener el poder adquisitivo, igual que el resto de ciudadanos vascos. En el resto del Estado no hay ninguna prestación que esté ligada al SMI.

- El rechazo de aplicar el SMI se hizo público un sábado a mediodía, en pleno puente de Reyes. ¿Hubo nocturnidad y alevosía?

- No. El real decreto se aprueba el 30 de diciembre, se publica el 31 de diciembre, el 1 era festivo y el día 2 era lunes. Los servicios jurídicos de Lanbide estudiaron la aplicabilidad del decreto y sus consecuencias. El informe se recibió el jueves. El viernes era Reyes, también festivo. Y el sábado estuvimos trabajando y tomamos una decisión. No se hizo con intención de ocultar nada, de verdad. Me parece que publicar el decreto el 31 de diciembre sí puede significar algo.

- ¿Se ha planteado este Gobierno una renta básica universal?

- Existen diferentes experiencias piloto, principalmente en países nórdicos, con una realidad social y económica diferentes a la nuestra, incluidas las fórmulas de financiación. Hoy por hoy nuestra prioridad no es una renta básica universal sino consolidar y mejorar la RGI.

- Otro de los retos es la política familiar y de infancia. Anunció un aumento de hasta el 50% en las ayudas a las familias con hijos. ¿Qué otras medidas pondrá en marcha?

- Nos hemos comprometido a una estrategia vasca en la que estableceremos las bases para consolidar nuestro modelo, y ayudar a las familias a que tengan los hijos que quieran. Somos conscientes de que una mujer o una familia no va a tener hijos por una ayuda puntual. Tenemos que trabajar en el ámbito de la corresponsabilidad de los cuidados, que el padre y la madre se comprometan con la misma implicación. La conciliación laboral, por otro lado, hay que trabajarla con los sindicatos y la patronal. Se tiene que producir un cambio cultural.

- Los trabajadores quieren conciliar. ¿Por qué no se concilia?

- Tenemos que cambiar las estructuras y las mentalidades tanto de los trabajadores como de los empresarios. No es solo una cuestión de las empresas, también del trabajador. Hay que racionalizar los horarios, que sean compatibles los horarios escolares y laborales.

- ¿Hasta qué punto puede el Gobierno Vasco tirar de las empresas para que se comprometan?

- Tenemos una herramienta, que es la función pública, para dar ejemplo. En el Gobierno se están poniendo en marcha opciones de teletrabajo para permitir conciliar.

- ¿Cómo se puede trasladar ese ejemplo al sector privado?

- Hay que trabajar entre empresas, sindicatos y trabajadores. Ir concienciando por que ese cambio cultural va a traer mejoras, no solo para las familias e hijos, sino también a las empresas. No es un perjuicio para nadie, sino una mejora para todos.

- ¿Cómo van a lograr que el empleo que se cree no sea precario y sea de calidad? ¿Qué mensaje traslada a las empresas?

- Tenemos que ser conscientes de que se está generando un empleo que no satisface las necesidades de los trabajadores. La situación económica está tendiendo al alza y esa buena sintonía económica tiene que trasladarse a los salarios y a las condiciones de trabajo.

- ¿Los parados de larga duración están condenados a no salir de la situación?

- No me resigno. Es un colectivo con el que vamos a trabajar de forma directa e intensa. Incentivaremos los programas de formación y de ofertas de empleo a aquellas personas potencialmente activas que lleven más de tres años cobrando la RGI.

- Las familias cada vez están más preocupadas por el futuro de sus hijos. ¿Estamos construyendo una sociedad sin prosperidad?

- No. Este gobierno tiene como prioridad a la juventud y el empleo. La falta de una oportunidad de empleo es el principal problema en Euskadi para los jóvenes. Hay ya una serie de programas específicos para revertir esta situación. Está Lehen Aukera, que permite subvencionar en un 30% los contratos en prácticas y lo vamos a extender a la contratación de jóvenes con escasa cualificación. Se va a implantar un programa de transición desde el mundo educativo al laboral. Otra herramienta es el emprendimiento joven, para lo cual colaboraremos con las diputaciones. También hay que tener en cuenta que se va a producir una jubilación de profesionales de las administraciones públicas. El 40% de esos puestos van a ser cubiertos por personas menores de 35 años. Las ofertas de empleo público facilitarán su inserción laboral.

- ¿Entiende que la juventud esté desencantada?

- Parte del futuro de Euskadi pasa por que esta juventud aporte su conocimiento y su trabajo. Y desde luego desde nuestra responsabilidad trabajaremos para que nuestros jóvenes tengan oportunidades. Trabajaremos de la mano del Consejo Vasco de la Juventud.

- En relación a la aplicación de la ley de servicios sociales, ¿qué va a hacer para que la ley se cumpla?

- El Gobierno Vasco es el que tiene que liderar las políticas sociales de este país, junto con las instituciones que prestan los servicios, diputaciones y ayuntamientos. Consolidaremos el modelo vasco de servicios sociales. Hay mucho hecho y queda mucho por hacer.

- ¿Se va a reforzar el trabajo con los ayuntamientos, que son el eslabón más débil?

- En 2016 el Consejo Vasco de Finanzas aprobó 10 millones de euros para las actuaciones municipales. En 2017 son 20 millones, a compartir con las diputaciones. Hay también una Ley Municipal. Analizaremos qué desarrollo se hace de la ley.