El Gobierno Vasco quiere poner un tope de una RGI por hogar pero reforzarla a familias

El Gobierno Vasco mostró ayer las dos caras de una misma moneda, la de la compleja misión de actualizar la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Ante una realidad que se presta a caer en simplificaciones, las quince medidas anunciadas por la consejería de Empleo y Políticas Sociales combinan ampliaciones de derechos, como dar más dinero a las familias pobres con hijos, como ya adelantó este periódico, con otras de carácter más restrictivo, entre ellas la limitación de una RGI por domicilio -ahora el máximo está en dos- o la de desligar la cuantía de la prestación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y que se actualice en función de los presupuestos.

El proyecto, que en todo caso deberá ser consensuado con el resto de grupos para encarar la reforma de la ley que data de 2008, se mueve entre esas dos aguas, sin saltarse las bases de un sistema que nació a finales de los años 80 en plena crisis industrial en Euskadi y que se ha convertido, pese a sus imperfecciones, en ejemplo de lucha contra la pobreza. En la actualidad, más de 63.000 personas en Euskadi sobreviven gracias a estos ingresos máximos de entre 634 euros y 900 al mes, que supone un gasto anual de cerca de 500 millones de euros, incluida la partida para la ayuda de vivienda para el alquiler, ligada al cobro de la prestación social.

Después de defender este modelo y su impacto en la reducción de las tasas de pobreza, la primera novedad que lanzó ayer la consejera Beatriz Artolazabal en su esperada comparecencia en el Parlamento Vasco, en cumplimiento con la petición de la Cámara, fue la de evitar que se cobren dos prestaciones sociales en un mismo domicilio, una medida recogida en la propuesta redactada por la comisión técnica a la que se encargó un diagnóstico que ha servido de referencia.

En la actualidad, un 13% de las ayudas responden a esta circunstancia (dos familias de origen inmigrante bajo el mismo techo o varios jóvenes que comparten piso, por ejemplo) y, aunque no todas tienen por qué presuponer un abuso, sí se quiere evitar casos como el de una pareja de hecho que no formaliza su relación para seguir cobrando dos ayudas al 100%, o el de empadronamientos falsos en un domicilio. La idea es que ahora se contemplen todos los ingresos de las personas que residen en esa vivienda, «con independencia de su vinculación familiar o no», de donde resultaría una sola prestación. El cambio se abre a las «excepciones oportunas» que no fueron detalladas.

Máximo, 1.200 euros al mes

La propuesta, y de ahí que se establezca la regla general de una RGI por domicilio, se basa en un nuevo sistema para calcular la cuantía de la prestación en la que se tendrá en cuenta el total de personas que componen esa unidad de convivencia. En la actualidad, el dinero que se cobra aumenta en función del número de miembros, pero hasta un máximo de tres personas (ver gráfico). A partir de ahí, la cuantía es la misma si en el hogar viven tres o seis miembros, una limitación a la hora de proteger a las familias con hijos.

El nuevo sistema partirá de una cuantía común de 450 euros a la que se sumarán complementos individuales según el número de adultos y menores residentes en la vivienda. Los complementos por adulto van desde los 200 euros para el titular; 160 para la pareja; y otros 100 euros para otros adultos (máximo cuatro adultos). Respecto al dinero extra por menores a su cargo, se pagarían 120 euros al mes por el primer hijo en orden de nacimiento, otros 84 por el segundo, 60 para el tercero y cuarto, y 48 a partir del quinto. Las familias monoparentales, con discapacidad o en la que haya víctimas de violencia de género recibirán 100 euros al mes. En total, la cuantía máxima de RGI para cualquier composición familiar ascenderá a 1.200 euros al mes.

Bajo esa realidad poliédrica, en la reforma se da una de cal y otra de arena. Por un lado, se defiende ampliar las medidas de control para garantizar la residencia efectiva en Euskadi. Hasta ahora, se pide acreditar un mínimo de tres años de empadronamiento y la idea es además incorporar «medidas adicionales» de control, como puede ser la presentación de facturas del gasto de luz y gas de domicilio, indicó la consejera. En la cara, en cambio, se suavizan los requisitos de acceso para las familias con hijos, que solo deberán acreditar dos años de empadronamiento, uno menos que ahora. Y se libera de esta exigencia a las personas refugiadas, solicitantes de asilo o protección internacional.

Otra de las claves de la propuesta es la intención de desvincular la RGI del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Hasta ahora, se ha utilizado ese índice de referencia para calcular la actualización de la prestación pero ahora el Gobierno quiere ligarlo a los presupuestos vascos, además de incluir de facto el 7% del recorte en las prestaciones que se viene aplicando desde 2012.

En el otro lado de la balanza están también las mejoras para eliminar la restricción temporal de las ayudas que se cobran como complemento a un salario bajo, una modalidad en aumento por el conocido fenómeno de los trabajadores pobres. Hasta ahora se pueden cobrar durante un máximo de tres años y la propuesta es que no tenga tope temporal, si bien se rebaja la cuantía máxima a 400 euros mensuales.

Otro asunto sobre el que se ha escrito mucho es la gestión de los pagos indebidos a los perceptores, cantidades que Lanbide abonó de más y que pasado el tiempo son reclamadas. Pues bien, la consejería propone que estas cantidades prescriban si pasados dos años Lanbide no lo ha notificado al afectado, siempre y cuando el error sea atribuible al servicio y no al beneficiario. Enmascarados bajo la trascendencia de los cambios quedaron otros proyectos de calado, como la recuperación de los servicios sociales municipales para reforzar la inclusión social de los perceptores o la propuesta de introducir mecanismos fiscales para el pago de las ayudas vía deducciones para los colectivos no empleables, como son los pensionistas.