El Gobierno Vasco estrecha el cerco a los pisos turísticos clandestinos

Si la nueva ley de Turismo se aprobó con la intención de regular las viviendas destinadas a uso turístico, el proyecto de decreto presentado este viernes por el consejero del área, Alfredo Retortillo, pretende incluir matices más concretos para que la actividad se desarrolle con “todas” las garantías legales y ponga coto a la economía sumergida asociada a la actividad. Puedes consultar el proyecto de decreto pinchando aquí.

Este documento, a lo largo de sus 22 artículos, se refiere a dos cuestiones principales. Por un lado, conseguir facilitar el proceso inicial de la inscripción de las viviendas y habitaciones para uso turístico en el Registro de empresas y actividades turísticas. Para ello se articulará un proceso de petición de informes a otras administraciones, “una colaboración interinstitucional que busca evitar que se den situaciones de economía sumergida, elusión fiscal e irregularidades urbanísticas”, ha indicado.

Por otro lado, aborda aquellos requisitos cuyo cumplimiento es necesario para desarrollar la actividad. El proyecto de decreto apuesta por compatibilizar estas figuras alojativas con una serie de intereses y derechos de la ciudadanía, pero también de los propios usuarios que se alojan en los pisos turísticos. Así, por ejemplo, establece que no se podrá desarrollar la actividad de vivienda para uso turístico cuando los Estatutos de la Comunidad la prohíban expresamente y “para dar seguridad jurídica a la situación, la norma exigirá que los Estatutos estén inscritos en el Registro de la Propiedad”.

Entre otras medidas planteadas, el departamento, que ha estado en contacto con las diputaciones y ayuntamientos de las tres capitales vascas, impulsará la implantación de un distintivo en el portal o en la puerta de acceso a las viviendas para uso turístico que permitirá identificar dónde se encuentran dichos inmuebles que cumplen adecuadamente con los requisitos legales, dando garantía de legalidad, tanto a los vecinos del inmueble, como a los usuarios que quieran acceder a este servicio.

Además, el propietario debe incluir su numero de registro en todos sus documentos y promociones, incluidos los anuncios en plataformas de internet como Airbnb.

El decreto también fija las condiciones de uso de las viviendas y habitaciones turísticas. Así, fija unas condiciones de confort y que el piso garantice un mínimo de 15 metros cuadrados por persona en el caso de que sean tres o más los ocupantes. Respecto a las habitaciones, otra novedad es que se exige que para poder ofertarlas es obligatorio que el dueño de la casa resida efectivamente en la misma y que incluido él, nunca pueda haber mas de 12 personas inscritas. Otra obligación del propietario es informar a la Ertzaintza sobre sus clientes.

Las viviendas deben estar «en condiciones de inmediata disponibilidad» para su uso, y el decreto contempla la obligación de disponer de medidas de seguridad como un plano con indicación de salidas al exterior, información sobre servicios de emergencias, un extintor y botiquín, así como la necesidad de que proporcionar un servicio de atención telefónica a los usuarios con un horario mínimo de 8.00 a 20.00.

Retortillo ha recordado que el proyecto de decreto recoge la obligación de los usuarios de utilizar la vivienda” respetando las normas habituales de convivencia y especialmente el derecho al descanso y ampara los derechos de las personas usuarias de las viviendas turísticas, con medidas que garanticen el disfrute del alojamiento en las condiciones pactadas y con seguridad tanto física como jurídica”. El proyecto de decreto entra de esta forma en periodo de exposición pública y tanto el sector como la sociedad civil tendrá de plazo hasta el próximo 3 de enero para presentar alegaciones.

En Bilbao hay en la actualidad 250 viviendas registradas para un uso turistico que, según la directora del área, Maider Etxebarria, cumplirían con las normativas urbanísticas que fija el Ayuntamiento. La responsable ha destacado que esta institución local ha sido la que más «celeridad ha imprimido a la hora de enviarnos los informes de cumplimiento», lo que ha permitido detectar los 120 pisos irregulares y retirarlos del registro. Etxebarria ha destacado que un fraude similar se ha registrado en San Sebastian, donde son 1.200 los inmuebles que siguen operando con el visto bueno del Gobierno vasco. En Vitoria los pisos legales son 51 y solo se han detectado «tres o cuatro que incumplían la normativa local».