Osakidetza gasta 137 millones en la asistencia que deriva a centros privados de Gipuzkoa

Si usted reside en algún municipio de Tolosaldea y ha tenido algún accidente o precisa rehabilitación para superar completamente una lesión, es muy probable que le hayan atendido en la clínica privada de la Asunción y no en un centro de la red pública de Osakidetza. En realidad ese servicio prestado está financiado por el Gobierno Vasco, que concretamente en esta comarca de Gipuzkoa, sin un hospital público de referencia, cubre la atención sanitaria de sus vecinos con un concierto que asciende a más de 20 millones de euros anuales.

No es el único convenio, y menos en este territorio, a donde el Departamento de Salud destina el mayor montante económico para cubrir las carencias de la red pública mediante contratos con empresas o centros privados, que cubran completamente la atención sanitaria a la que tienen derecho todos los ciudadanos. En concreto, la previsión para 2017 es de un gasto de 137 millones de euros, casi el 60% del presupuesto total de 235,1 millones destinado por el departamento a las concertaciones sanitarias en todo Euskadi. Se trata de un 44% más del gasto de concertación previsto para Bizkaia, el territorio más poblado, pero el que cuenta con una red pública más completa.

El acuerdo con la clínica de la Asunción, a la que el consejero Jon Darpón -según declaraciones públicas suyas- considera un eslabón más de la red pública ya que «ofrece una asistencia sanitaria de la misma calidad» que en cualquier otra comarca de Osakidetza, posibilita entre otras cuestiones atender urgencias, facilitar a los ciudadanos de la zona consultas con especialistas o disponer de una unidad de hospitalización a domicilio y otra de hospitalización de media estancia. Es decir, esta clínica cubre el servicio básico que en otras comarcas como Bidasoa, Donostialdea, Bajo Deba o Alto Urola se satisface desde centros del sistema público.

Esta transferencia de servicios permanece vigilada de cerca por los sindicatos sanitarios, que advierten en determinados movimientos del departamento un afán «privatizador». Hubo protestas hace dos años por el sistema de funcionamiento en Tolosaldea, la «única» comarca vasca que no cuenta con hospital público de referencia. Se encendieron algunas voces hace un par de meses por la externalización de algunos servicios «no sanitarios» en el nuevo Hospital de Urduliz, en Bizkaia. Y, desde hace cuatro años, cuando se firmó el convenio con Onkologikoa, se han registrado debates sobre la colaboración que debe existir entre Osakidetza y este centro especializado, que tiene suscrito el mayor concierto con el Gobierno Vasco, 21,8 millones de euros.

El Ejecutivo vasco niega cualquier tendencia «privatizadora», y defiende la necesidad de externalizar ciertos servicios y mantener concertaciones que garanticen una cobertura sanitaria completa a la población. En el caso de Onkologikoa, la «integración funcional» en la que Osakidetza basó la renovación de su concierto con la Fundación Kutxa, propietaria del centro sanitario, va avanzando hacia el modelo de atención oncológico único que aspiran lograr para Gipuzkoa. Desde su concertación a finales de 2013, miles de pacientes han sido derivados desde Osakidetza a Onkologikoa para cuestiones relacionadas con las terapias o pruebas oncológicas, como las mujeres que se someten a una mamografía en el marco del plan de detección precoz de cáncer de mama.

Pero aunque estos dos conciertos son los más costosos, no son los únicos que impulsan a Gipuzkoa a la cabeza de las concertaciones en Euskadi. La atención psquiátrica en el territorio se sustenta en acuerdos con centros privados, la mayoría de carácter religioso.

Psiquiatría

En concreto, el Gobierno Vasco tiene suscritos siete convenios con sanatorios del territorio que este año ascenderán a un total de 26,6 millones de euros. Los principales con Aita Menni (9,7 millones) y los hospitales de San Juan de Dios en Donostia (4,8 millones) y Arrasate (8,3 millones). Ese gasto es el doble del previsto para Bizkaia, donde el departamento de Darpón gastará en concertaciones con centros psquiátricos 9,5 millones, ya que tiene una red pública de salud mental mucho más amplia que evita concertar con centros privados la gran mayoría de la asistencia, como en Gipuzkoa.

En el resto de servicios concertados que Osakidetza externaliza hay más equilibrio territorial. El gasto en conciertos de servicios ambulatorios (pruebas de resonancia, diagnósticas, oxigenoterapia, hemodiálisis o el programa dental infantil) va en concordancia con el número de habitantes. Y en el transporte sanitario, que cuesta unos 50 millones al año a las arcas públicas para contratar a diferentes empresas, las cifras también son proporcionales. En esta área, por ejemplo, el Gobierno Vasco tiene un concierto suscrito de un millón anual con Inaer Euskadi para el servicio de transporte médico por helicóptero.

Los datos, recogidos en una respuesta parlamentaria de Salud a una pregunta de EH Bildu, reflejan un mantenimiento en los dos últimos años de los conciertos suscritos por el Gobierno Vasco -no por el ente público Osakidetza, matizan- para dar «cobertura pública» a toda la atención sanitaria en Euskadi.