580 menores enfrentan a las instituciones

Las tres diputaciones vascas tienen actualmente bajo su tutela a unos 580 menores acompañados, un colectivo minúsculo si se compara con la población inmigrante del País Vasco (132.000 empadronados), pero que ha provocado un nuevo enfrentamiento institucional.

La mecha la prendió esta semana la consejera de Justicia, Idoia Mendia, a la sazón portavoz del Ejecutivo autónomo, al denunciar que los adolescentes acogidos en los centros forales están desatendidos y que por esa razón algunos de ellos protagonizan conflictos y motines como el ocurrido este mes en las dependencias de Elgeta. Las diputaciones, gobernadas por el PNV, acusaron a Mendia de «irresponsable» y le exigieron «una rectificación». No obstante, la consejera mantiene que hay menores tutelados que delinquen para no les envíen a establecimientos forales, sino a recintos cerrados o semicerrados del Servicio de Justicia Juvenil, dependiente de la Administración autónoma.

La controversia de los inmigrantes no acompañados, que costarán este año unos 26 millones de euros a las arcas forales de los tres territorios, viene propiciada, en parte, por el reparto de competencias entre las administraciones autonómica y foral; pero bajo la misma se adivinan también dos concepciones distintas sobre la política social.

El PSE, por ejemplo, se ha desmarcado de la propuesta del PNV para distribuir a los inmigrantes no acompañados por cupos entre las autonomías y rechaza que su edad se verifique por un procedimiento único y fiable. En cambio, los diputados generales peneuvistas discrepan del propósito de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta de permitir a los menores extranjeros a punto de cumplir los 18 años que tramiten la renta básica y la prestación de vivienda (dos subsidios que suman hasta 975 euros al mes en doce pagas).

Rifirrafes políticos

A la postre, los jóvenes tutelados, mucho más numerosos en Euskadi que en Madrid y Valencia, se han visto atrapados en los rifirrafes políticos en los que PSE y PNV protagonizan cada poco tiempo, si bien los representantes de ambos partidos en el Gobierno Vasco, las diputaciones y la Asociación Vasca de Municipios (Eudel) debaten entre bambalinas, y con mucha menos estridencia, el futuro de los servicios sociales y los impuestos que los ciudadanos deberán pagar por ellos.

A decir verdad, pese al cruce de acusaciones entre el Gobierno Vasco y los gobiernos forales, la consejera de Justicia y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ya han concertado una reunión el próximo miércoles para tratar sobre los inmigrantes no acompañados, que últimamente han sido noticia sobre todo en aquel territorio histórico.

Los datos más recientes acerca de ese colectivo indican que no sólo no ha aumentado en el País Vasco, sino que se ha reducido un 17% respecto a 2009, cuando llegaron a contabilizarse unos 700. De todos modos, tales cifras deben interpretarse con prudencia, pues pueden variar de una semana a otra debido a que los menores se mueven constantemente de unas comunidades a otras.

Según la información facilitada por las diputaciones, Vizcaya atiende a 362 menores extranjeros y Gipuzkoa, a unos 120. A comienzos de año, Álava acogía a un centenar. Es difícil calcular el dinero que cada territorio histórico habrá gastado a final de año en estos adolescentes (manutención, alojamiento, educadores, una paga para pequeños gastos, etc.).

No obstante, si las cifras actuales se mantienen, el coste anual podría ascender a 17,1 millones de euros en Vizcaya y a 5,6 millones en Gipuzkoa -en ambas provincias, los gobiernos forales firman convenios con ONG para que cuiden a los menores a razón de 130 euros por persona y día, incluyendo todos los gastos-. Álava, por su parte, gastaría unos 3,6 millones -100 euros/día-.

En líneas generales, la mayoría de los jóvenes no acompañados ha emigrado a Euskadi por motivos económicos y son de origen marroquí; pero también los hay subsaharianos y, en los últimos tiempos, de Europa del Este. Esos jóvenes se benefician de una red de acogida foral constituida por una veintena de centros y un número similar de pisos que están diseminados en los tres territorios. Si en algo coinciden el Gobierno Vasco y las diputaciones es que los menores que cometen delitos o faltas son pocos. Un grupo significativo culmina cursos de formación laboral con éxito, aunque su integración social tiene menos repercusión pública que los incidentes que se producen en los centros de acogida.

El diputado vizcaíno de Acción Social, Juan María Aburto, resaltó esta semana que sólo trece jóvenes tutelados en ese territorio tienen cuentas pendientes con la Justicia Juvenil. En Gipuzkoa, tras el motín en un establecimiento de Elgeta, cinco menores fueron enviados al centro de reclusión de Ibaiondo, en Zumarraga. Precisamente, desde el Departamento de Justicia insisten en que, si las diputaciones reforzaran los programas educativos dirigidos a los menores no acompañados, la Justicia Juvenil no acabaría ocupándose de algunos de ellos. No obstante, Aburto replicó que la polémica no ha servido sino para vincular la inmigración con la marginalidad y la delincuencia, una relación que no es cierta.