La presencia de las víctimas en las aulas complica el consenso sobre el plan de paz

La posible presencia de las víctimas de ETA en las aulas para contar en primera persona su testimonio se ha convertido en el principal escollo para lograr el consenso en torno al plan de educación para la paz impulsado por el Gobierno Vasco. Las principales objeciones vienen desde las formaciones nacionalistas, aunque esperarán a concluir los informes de las alegaciones, la próxima semana, para precisar su posición final sobre el Plan de Convivencia Democrática.

Los grupos parlamentarios están estudiando el borrador de la propuesta, pero de momento no hay consenso sobre la forma de articular la presencia de las víctimas en las aulas ni sobre si realmente es necesario, como defienden PSE-EE, PP y UPyD. De esta forma, se complica la intención del Gobierno Vasco de buscar el apoyo de todos los partidos, aunque la aprobación del plan no peligra, ya que va a ser ratificado de forma definitiva por el Consejo de Gobierno, previsiblemente este mismo mes, y no irá a pleno, sino a la Comisión de Derechos Humanos, donde no se vota.

El principal partido de la oposición, el PNV, sigue reivindicando la validez del anterior plan de educación para la paz del Gobierno de Ibarretxe, que ahora va a ser reformulado por el Ejecutivo de Patxi López. La parlamentaria jeltzale, Maribel Vaquero, recuerda que el anterior plan también recogía que se escucharan los testimonios de las víctimas en las aulas vascas, y subraya que programas como Bakerako Urratsak «estaban funcionando muy bien». Por contra, entiende que ahora se está «utilizando» el tema de la presencia directa en las aulas como argumento para descalificar el trabajo que realizó el Gobierno de Ibarretxe. Detrás de esta actitud, observa la mano del PP para presionar a los socialistas.

Com unidad educativa

El PNV no se opone a una hipotética presencia en las aulas de los damnificados por ETA pero entiende que es un tema que requiere «un gran consenso entre los partidos y, sobre todo, con los profesores y la comunidad educativa» y a la hora de cómo se articula su presencia y se elige a las personas que acudirán. «Es un tema muy delicado, y hay que tener en cuenta y negociar muchas cosas», explica la portavoz peneuvista. Fuentes de la dirección del PNV añaden que de momento el Ejecutivo socialista todavía no ha trabajado lo suficiente el consenso necesario.

Otras formaciones nacionalistas, como Aralar y EA, prefieren esperar a la semana que viene para hacer valoraciones. Pero fuentes de ambos partidos consultadas no ocultan sus recelos ante la intención del Gobierno Vasco de llevar a las víctimas físicamente a las escuelas.

La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, en su día, ya cuestionó que «si lo que se pretende es crear empatía se utilice el testimonio presencial como un tótem». A esto se añade la exigencia de la formación de izquierda abertzale de que, en línea con el mandato que el pasado 22 de diciembre aprobó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara por unanimidad, también se incluya a otras víctimas de «motivación política» como las de los GAL o incluso de abusos policiales.

Mientras, el secretario general de EA, Pello Urizar, se pregunta si las víctimas que estén presentes en las clases pueden «hacer abstracción de su propia situación y centrarse en la filosofía del tema». Urizar comparte la idea de que la cuestión de los derechos humanos esté en las materias de estudio, pero cree que la metodología que se quiere implantar es «arriesgada». Los nacionalistas también coinciden en criticar que el tema no vaya a pleno.

Insistencia del PP

La semana que viene los partidos tendrán prácticamente cerradas las alegaciones al borrador. El Gobierno Vasco está dispuesto a incorporar al texto definitivo las aportaciones del resto de partidos que considere oportunas. Las principales enmiendas del PP irán destinadas a concretar la presencia física de las víctimas en las aulas. Los populares consideran un gran avance el nuevo borrador, en comparación al plan que aprobó el anterior Ejecutivo del PNV, y su apoyo al proyecto socialista no peligra. Ello no es óbice para que quieran mejoras, ya que entienden que se deja demasiada autonomía a los centros escolares a la hora de decidir si las víctimas acuden a las aulas a exponer su testimonio en primera persona. «Sabemos que no es fácil y que no se puede imponer, pero creemos que la Consejería de Educación tiene instrumentos suficientes para hacer ver a los colegios que es más positivo escuchar el testimonio de la víctima de primera mano, en vez de a través de un vídeo», explica la parlamentaria del PP Marimar Blanco. La portavoz popular refuerza su tesis recordando que «nunca las víctimas han transmitido mensajes de odio o venganza, sino de convivencia». Gorka Maneiro (UPyD) coincide en la necesidad de que los afectados vayan a las aulas.

Otra idea controvertida es el llamamiento a los profesores a que adopten una postura clara contra ETA. El parlamentario de EB, Mikel Arana, defendió que los docentes vascos, «salvo raras excepciones», siempre han estado comprometidos con los derechos humanos. Por su parte, Blanco (PP) cree que una de las claves del borrador es la frase que señala que «los educadores nunca pueden ser neutrales ante el terrorismo».