Víctor Bravo guardó en su armario 145 expedientes fiscales que gestionó él mismo

Se rumorea en algunos círculos que cuando los actuales responsables de la Hacienda foral llegaron al edificio de Errotaburu se encontraron con un armario un tanto peculiar. Al preguntar por su misterioso contenido, la respuesta fue enigmática: «Es el armario de Víctor Bravo». El informe de conclusiones de la comisión de las Juntas Generales que analiza el presunto fraude cometido por Glass Costa y al que ha tenido acceso este periódico revela que el misterioso armario guardaba cerca de 145 expedientes de inspección que habría llevado personalmente el que fuera director de Hacienda entre 1991 y 2003, al que la Diputación le otorgó en el año 2000, a través de un decreto foral, unas funciones recaudatorias, gestoras e inspectoras para «circunstancias especiales» que no tienen «parangón» en las diputaciones de Álava y Vizcaya. Casi todos los expedientes tenían un nexo común: afectan a sociedades relacionadas con la promoción inmobiliaria, su documentación es «escasa o nula» y el actuario designado para gestionarlos fue siempre el mismo.

Así lo detalla la comisión de investigación de las Juntas Generales en su informe de conclusiones, que guarda un apartado especial para analizar el denominado 'Plan o armario del director'. El informe subraya las peculiares normas de funcionamiento, las enormes carencias en la gestión y las labores inspectoras que Víctor Bravo asumió personalmente sin que, en principio, le correspondiera, según indica la comisión. «La asunción por parte de un cargo político de funciones inspectoras -aunque en principio no sea contraria a Derecho- merece reproche desde el punto de vista político. Un cargo político no debe inmiscuirse en funciones inspectoras», subraya el informe de conclusiones.

Esas funciones inspectoras se derivan del decreto foral 36/2000 que atribuye entre las labores del director general de Hacienda -Víctor Bravo- la de «ejercitar, a través del personal funcionario designado al efecto, funciones recaudatorias, gestoras e inspectoras en aquellos expedientes en que concurran circunstancias especiales».

La consecuencia de esa norma -para la cual la propia comisión no encuentra «parangón» en el resto de diputaciones-, fue el 'Plan o armario del director'. En otras palabras, «cerca de 145 expedientes de inspección tramitados» por el órgano que dirigía Víctor Bravo relacionados con «actividades, personas y sociedades relacionadas con la promoción inmobiliaria en general». En principio, los expedientes «especiales» no parecen dar problemas. Tal y como recoge la comisión, «terminan con actas de conformidad», aunque los detalles del proceso se cuentan con cuentagotas. «La documentación que integran es escasa o nula en la mayoría de los casos, salvo contadas excepciones», indica la comisión. Ademas, su tramitación parecía realmente discreta: el actuario designado por Bravo es el mismo para todos los expedientes, añade el informe de conclusiones.

Responsabilidad del diputado

Tras el análisis de la documentación, la comisión considera «acreditada» que a la hora de escoger los expedientes a analizar no se establecía un «claro plan específico de selección», ni siquiera participaba el Servicio de Inspección. Se trataba de «un cúmulo de expedientes sueltos cuyo nexo era estar archivados en un mismo armario, el 'armario del Director'», concluye la comisión, que se muestra especialmente interesada en destacar que «los expedientes se archivasen aparte, diferenciándose de lo que era el resto de actuación de la Inspección».

A la hora de buscar responsabilidades, el informe de conclusiones reprocha que el superior de Bravo, el entonces diputado de Hacienda Antton Market, «no controlara en absoluto» el desarrollo de la competencia que se había otorgado al ex senador del PNV.

Sin embargo, y tomando como referencia la comisión del presunto fraude de la Hacienda de Irun, las atribuciones que tenía Víctor Bravo en el fisco no se quedaban ahí. De hecho, la comisión no duda en subrayar la «poderosa influencia» que ejercía el director de Hacienda, «incluso fuera de su propio ámbito de competencia. En concreto, sobre el área de Intervención (cuya función era implementar los sistemas de control) dependiente de la Dirección de Finanzas».

En este sentido y en lo que compete estrictamente a su departamento, para la comisión queda «suficientemente acreditado que era el director de Hacienda quien concentraba todas las funciones organizacionales», una distribución a la que la comisión le pone multitud de pegas. Entre ellas, que los servicios de Gestión, Recaudación e Inspección bajo su mando «no tuvieran relaciones transversales o que funcionaran como compartimentos estancos, sin una visión estratégica global y sin sistemas incardinados de trabajo que no pasen por la mediación o intervención directa del director». Las comparecencias ante la comisión durante sus seis meses de trabajo han podido dar fe de ello. Así, un responsable de la Inspección en la época reconoció que «este servicio no ha participado en ninguna decisión general estratégica en la Hacienda Foral de Gipuzkoa». La comisión recuerda que esta organización de trabajo cambió radicalmente en la legislatura 2003-2007, con Gonzalez de Txabarri como diputado general.

Sin medios personales

Puestos a juzgar las características de la dirección de Hacienda bajo el mandato de Bravo, los grupos junteros son concluyentes: «el área de Hacienda se caracterizó por factores como el liderazgo total, la concentración del control en sus manos, la eficacia por la eficacia y la presión por sacar resultados».

Para completar sus argumentos, el informe de la comisión pone varios casos ejemplificadores. «El área de Hacienda presentaba importantes carencias estructurales, centradas básicamente en los servicios de Intervención (cuya función era implementar los sistemas de control), Sociedades e Inspección».

Pero las carencias no sólo se centraban en la organización, sino también en los medios. El comité de dirección del departamento de Fiscalidad y las Finanzas se quejó en 2004, ya con Txabarri como diputado general y sin Bravo al frente de la dirección de Hacienda, «de los pocos medios personales con que cuenta la Sección de Sociedades -que grava los beneficios de las empresas- para detectar y controlar las operaciones de ingeniería financiera que se instrumentan en Gipuzkoa».

La comisión recoge más ejemplos ilustrativos, que puso de manifiesto en 2004 el nuevo equipo foral. «En relación con el nivel informático de Inspección se ha confirmado que prácticamente no se ha hecho nada desde 1990. Las herramientas de selección de contribuyentes están obsoletas y son manejadas por una única persona en Inspección. Las herramientas de gestión de expedientes y de confección de actas son inexistentes».