El Ayuntamiento de Donostia quiere exigir más medidas de seguridad para la incineradora

El Ayuntamiento de Donostia tuvo que aplazar ayer la aprobación de la licencia de actividad de la incineradora que se va a construir en terrenos de Zubieta por cuestiones «exclusivamente técnicas». El motivo está en las condiciones que el equipo de gobierno quiere vincular a la concesión de este permiso, un trámite obligatorio para que las obras de la planta donde se tratarán los residuos de toda Gipuzkoa puedan echar a andar.

En principio, la luz verde al expediente no iba a representar ningún problema ya que los socios de gobierno del PSE (Alternatiba y Aralar, contrarios al proyecto de la incineradora) sólo tienen dos concejales y, por lo tanto, no influyen en la mayoría socialista.

Los medios de comunicación estaban pues citados para ser testigos de este nuevo paso en la tramitación, pero la rueda de prensa tuvo que cambiar de enunciado en el último momento ya que el secretario municipal manifestó sus dudas sobre la competencia del Consistorio para condicionar la licencia a la adopción de varias medidas de seguridad medioambiental, según explicaron el alcalde, Odón Elorza (PSE), y el edil Denis Itxaso, tras la junta de gobierno en la que se trató el expediente.

El gobierno municipal quiere exigir más medidas de seguridad al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, que es el encargado de construir la incineradora y la planta de pretratamiento de basuras en Zubieta. En concreto, pide que se realice un estudio epidemiológico para evaluar la exposición a las dioxinas, furanos y metales pesados, que se abordará en dos periodos, uno previo a las obras y otro, dos o tres años después del inicio de la actividad.

En la línea de otros documentos de buenas prácticas para las incineradoras, que se han adoptado en otras ciudades europeas, el Ayuntamiento donostiarra también cree conveniente que se ponga en marcha una página web en la que se vuelquen datos de las emisiones de la planta a tiempo real. También se solicita que se habilite una estación de control de la calidad del aire en Zubieta, integrada en la red de vigilancia del Gobierno Vasco, y que se cree un sistema que permita la toma automática de muestras para un control continuo de dioxinas y furanos, tal y como se recoge en los textos recomendados sobre la materia por la Unión Europea, añadió Elorza.

Durante la fase de explotación de la planta, también quieren que se incluya un programa de vigilancia ambiental «con el fin de fijar un control para constatar en su caso la aparición de especies vegetales invasoras en todos los espacios donde se van a realizar movimientos de tierras y accesos», dijo el primer edil donostiarra. «Son requisitos que se han puesto en otras plantas europeas -explicó Elorza-. Pueden entrañar mayor gasto, pero es mejor para la ciudadanía y para el propio funcionamiento de la planta. Tenemos la impresión de que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa está de acuerdo con la inclusión de estas medidas».

Según explicaron Elorza e Itxaso, el secretario necesita más tiempo para estudiar a fondo el expediente y ha pedido una semana para analizar si el Ayuntamiento puede imponer estas medidas como obligación al Consorcio de Residuos o únicamente como recomendación, ya que la autoridad medioambiental es el Gobierno Vasco y ya ha emitido su dictamen. Una vez subsanadas estas dudas, el gobierno municipal espera aprobar la concesión de la licencia de actividad el próximo viernes.

«Discrepancia pactada»

La tramitación del expediente puso también de manifiesto las diferencias en el seno del gobierno donostiarra. Alternatiba y Aralar anunciaron que, tal y como han hecho en fases anteriores, votarán en contra del dictamen, que se incluyó fuera de orden del día, matizaron. «Se trata de una discrepancia pactada», aseguraron Elorza y Duñike Agirrezabalaga, de Alternatiba, cada uno por su lado.

Alternatiba y Aralar insistieron en reclamar una moratoria de seis años al proyecto de la incineradora, defendieron el sistema 'puerta a puerta' que ya funciona en Usurbil y Hernani y reclamó la aprobación de una Ley de Envases en el Gobierno Vasco para seguir aumentando las cifras de reciclaje.