Un ex viceconsejero de Ibarretxe, entre los imputados por corrupción en Álava

Gurutz Larrañaga, ex viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco de Juan José Ibarretxe y ex concejal del PNV en San Sebastián, es uno de los tres nuevos imputados por el caso de la supuesta trama de corrupción en Álava, según recoge el sumario hecho público ayer. En total, son once las personas que están imputadas en este caso, tres de ellos cargos o antiguos miembros del PNV, como el ex diputado foral Alfredo de Miguel.

Larrañaga, colaborador de Miren Azkarate en la consejería de Cultura hasta el pasado año, es el único de los once acusados al que el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, no ha podido tomar declaración ya que se encuentra fuera de España, y no tiene previsto regresar hasta principios de junio. Este juzgado decidió ayer levantar el secreto del sumario, que consta de 19 tomos y 4.772 folios, tras dos meses de investigación sobre el presunto cobro de comisiones ilegales y blanqueo de dinero en la mayor operación de ampliación de terrenos realizada en el parque tecnológico de Miñano.

Hasta ahora se conocía la imputación de ocho personas vinculadas al PNV, pero con el levantamiento del secreto sobre las actuaciones se ha desvelado que también están procesados el que fuera presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco en la anterior legislatura, Julián Sánchez Alegría, así como una empleada de este organismo, Miren Bilbao Larrauri.

Gurutz Larrañaga fue viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes desde julio de 2003, es decir, en la última parte de la segunda legislatura de Ibarretxe, y continuó en la viceconsejería hasta hace un año, cuando fue cesado al llegar los socialistas al Ejecutivo. También fue concejal del PNV en el Ayuntamiento de San Sebastián entre 1991 y 2003, y llegó a dirigir las áreas de Cultura y Promoción Económica.

El juez investiga dos contratos que el anterior Departamento de Cultura del Gobierno Vasco firmó en 2007 con la empresa Kataia Consulting, de la que son administradoras otras tres de las personas investigadas. Los contratos, según confirmaron fuentes del Gobierno autonómico a Europa Press, se firmaron por alrededor de 12.000 euros cada uno y estaban destinados a asesoramiento. Kataia Consulting tiene como administradoras a Araceli Bajo, Iratxe Gaztelu-Urrutia y Ainhoa Bilbao, tres de los once imputados en la supuesta trama de corrupción.

Ex cargos del PNV

Estas tres mujeres son, respectivamente, esposas de Aitor Telleria, ex procurador de las Juntas Generales y ex miembro del Araba Buru Batzar; Koldo Otxandiano, ex director gerente del instituto foral de Bienestar Social; y Alfredo de Miguel, principal imputado, ya que fue diputado foral de Administración Local, cargo que se vio obligado a dejar su cargo en el gabinete de Xabier Agirre. De Miguel era, asimismo, vicepresidente segundo de la Caja Vital. Una de estas tres mujeres, Iratxe Gaztelu-Urrutia, fue candidata del PNV al Parlamento Vasco en las últimas elecciones autonómicas, aunque no salió elegida. El resto de personas que fueron acusados en marzo fueron el ex director del Parque Tecnológico de Álava y ex asesor del Tribunal Vasco de Cuentas Alfonso Arriola y el empresario de la construcción Jon Iñaki Etxaburu.

Respecto al ex responsable de la red de parques tecnológicos durante el Gobierno de Ibarretxe, Julián Sánchez Alegría, cuyo nombre fue difundido ayer, su relación con la trama podría situarse en supuestos delitos cometidos como apoderado en las contrataciones que se hicieron durante el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano, según fuentes jurídicas.

Asimismo, según documentación del sumario, el ex presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco firmó en 2006 un contrato de 471.043 euros para la ampliación del Parque de Miñano con una empresa de la que era socio el empresario Etxaburu, otro de los imputados en la causa.

Las investigaciones desarrolladas durante los dos últimos meses han ampliado también el número de delitos que se imputan a los presuntos miembros de la trama, ya que además de los de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se les acusa de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental en documentos públicos, privados o mercantiles y alteración de precios en concursos y subastas públicas. Fuentes jurídicas precisaron no obstante que los imputados no están acusados de la comisión de todos y cada uno de dichos delitos.