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A. A.
Jueves, 17 de junio 2010, 04:30
La colaboración entre el Gobierno Vasco y la Diputación foral de Gipuzkoa para asegurar la financiación del futuro metro de Donostialdea está más cerca que lejos. Ya en otoño pasado ambas entidades firmaron un protocolo de colaboración en el que se comprometieron a sufragar el coste del proyecto, estimado en unos 700 millones de euros, a partes iguales. Nueve meses después, de las palabras todavía no se ha pasado a los hechos, pero, según ambas instituciones, la rúbrica de un acuerdo concreto será posible en un plazo breve de tiempo porque «el grado de entendimiento es máximo».
Ayer, la diputada de Transportes y Ordenación del Territorio, Arantza Tapia, reconoció que los contactos se habían «medio estancado» y que ahora toca meter una nueva marcha en este proyecto estratégico que supondrá la prolongación de la línea de Euskotren por el centro de Donostia, de forma soterrada. La línea contaría con cuatro estaciones subterráneas: Universidad, Matía, La Concha y Errondo y se estudia la posibilidad de construir una más en Atocha, en la estación intermodal adonde llegará el tren de alta velocidad.
«Decidimos entre todos»
Esa es la voluntad del Gobierno Vasco y también la de la propia Diputación, que ayer quiso dejar claro su papel. «Si se plantea una colaboración interinstitucional, por encima de las competencias respectivas, se debe ir a un escenario de confianza y de liderazgo compartido. Si pagamos entre todos, decidimos entre todos. La Diputación no va a ser una mera financiadora», advirtió Tapia.
En este sentido, consideró «imprescindible» que la red conecte con la estación de Atocha para «potenciar la intermodalidad» en el transporte público. Además, defendió que se «defina con precisión» qué es el Metro de Donostialdea y qué el desdoblamiento de la línea de Euskotren.
El viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco, Ernesto Gasco, se felicitó del paso adelante dado por la Diputación, con la que comparten «el objetivo que es el Metro de Donostialdea» y con la que deberán concretar quién va a ser el operador de la red, entre otros asuntos como son los plazos de construcción, el plan económico, el endeudamiento que se deberá asumir.
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