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JORGE SAINZ
Sábado, 14 de agosto 2010, 04:10
La Audiencia Nacional acordó ayer no prohibir la manifestación convocada para estar tarde en San Sebastián por un grupo de ciudadanos pese a la petición de la fiscalía, que consideraba que era una marcha «encubierta» de la ilegalizada Batasuna. Pese a ello, el departamento de Interior ha modificado el recorrido original, sustituyendo el final en el Boulevard por la plaza Okendo, para que no «interfiera» con el cañonazo de inicio de las fiestas de Semana Grande. Por su parte, el juez Fernando Andreu ha ordenado a la Ertzaintza que controle el acto, que comienza a las 17.30 horas en el Boulevard, para que no se produzcan actuaciones que supongan un enaltecimiento del terrorismo.
La manifestación, bajo el lema en euskera 'En defensa de los derechos de Euskal Herria', fue convocada la semana pasada por un grupo de ciudadanos donostiarras con motivo del comienzo de las fiestas de la ciudad. La asociación Dignidad y Justicia presentó una denuncia al considerar que es una convocatoria «encubierta para homenajear a ETA y su entorno» ya que varios de sus convocantes están vinculados a la izquierda abertzale, según esta asociación. En anteriores años, Batasuna era quien convocaba una marcha con el inicio de la Semana Grande.
Sin embargo, en su auto, el juez Andreu sostiene que los informes policiales recabados se limitan a reseñar los antecedentes de los convocantes y sus «pasadas adscripciones» a organizaciones ilegalizadas, unos datos de los que, según el juez, «no puede inferirse la existencia de ilícito penal», pues en ningún momento se hace referencia a que en el acto se vayan a realizar actos de enaltecimiento a ETA y su entorno. «Con la sola aportación de esos datos, no es posible la limitación de derechos que se pretende, so pena de incurrir en la aplicación de lo que se ha dado por denominar 'derecho penal de autor'», subraya.
Además, el magistrado, que se encuentra de guardia esta semana, recuerda que el promotor de la convocatoria realizó «la oportuna comunicación» al departamento de Interior del Gobierno Vasco, que, «después de examinar las circunstancias concurrentes y estimar que la manifestación anunciada se encuentra dentro de los límites constitucionales, ha decidido no prohibir la misma».
Para Andreu, es a la autoridad gubernativa, es decir, al Gobierno Vasco, a quien corresponde «velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de manifestación, pues es a él a quien está encomendado el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la prevención de la comisión de actos delictivos, aunque en anteriores ocasiones la Audiencia Nacional sí tomó la iniciativa a la hora de anular convocatorias de la izquierda abertzale.
En el caso de la marcha de esta tarde, el magistrado cree que resulta «evidente» que si el departamento de Interior hubiera apreciado la existencia de indicios delictivos, «no sólo no hubiera permitido la celebración» de la marcha, sino que, «como es su obligación», habría puesto dicha circunstancia en conocimiento de la autoridad judicial.
Condiciones
Finalmente, lo que hará la Ertzaintza será establecer un dispositivo para garantizar que la manifestación se atenga a lo dispuesto en la instrucción judicial. El departamento vasco de Interior ha hecho llegar a los convocantes de la marcha una resolución mediante la que se modifica una parte del recorrido para garantizar que no se interfiera en los actos festivos de la Aste Nagusia y que «no se produzcan situaciones de riesgo para la ciudadanía».
De igual forma, Interior hace un llamamiento a los convocantes para que garanticen que la movilización misma transcurra en todo momento dentro de los límites fijados por la decisión judicial y por el ordenamiento legal, sin que se exhiban pancartas o profieran expresiones de carácter ilegal». Para ello, habrá un dispositivo especial de la Policía autonómica.
La resolución del juez autorizando la marcha no gustó nada a Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero, hijo del fiscal andaluz Luis Portero, asesinado por ETA, dijo que su asociación se plantea presentar un recurso de apelación para intentar impedir que se celebre la manifestación.
Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Óscar Rodríguez aseguró que «acepta» la decisión de la Audiencia Nacional de no prohibir la marcha porque se demuestra que «vivimos en un Estado democrático donde hay libertad de expresión» y existe separación de poderes. Por contra, el portavoz del PP, Leopoldo Barreda, dijo no compartir la decisión del juez, pero que acata la decisión, aunque exigió que se tomen «medidas» contra quienes la utilicen para «jalear a ETA».
La Audiencia Nacional ha prohibido en dos ocasiones, desde la ilegalización de Batasuna en 2003, las manifestaciones que la izquierda abertzale suele celebrar al comienzo de las fiestas de la Semana Grande de San Sebastián, en concreto en 2005 y 2009. El año pasado hubo dos personas detenidas.
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