Batasuna plantea un alto el fuego de ETA bajo verificación internacional

La izquierda abertzale ha diseñado una hoja de ruta para un «proceso de paz y de profundización democrática» que contempla un alto el fuego «permanente» de ETA bajo «verificación internacional»; una mesa de negociación en la que participen «todas» las fuerzas políticas vascas; la derogación de su ilegalización; y trabajar por la «reparación y/o reconciliación de todas las víctimas». Así se recoge en un documento al que ha tenido acceso DV y que ha sido sometido por el mundo de Batasuna estos meses a contraste con diversas fuerzas nacionalistas para tratar de buscar su adhesión. El texto, titulado 'Acuerdo sobre las Condiciones Mínimas y Suficientes para el Desarrollo del Proceso Democrático' y que cuenta con el apoyo de las bases, sintetiza en tres folios la estrategia que pretende aplicar Batasuna. Una apuesta por las vías sólo políticas respaldada por EA, y que pretende la implicación de otras fuerzas nacionalistas como el PNV.

El documento consta de tres partes, aunque es el apartado final, titulado 'Contenidos del Acuerdo', el que recoge las ocho claves «necesarias» para «desarrollar el proceso democrático de forma satisfactoria». La primera de ellas sería «un alto el fuego permanente de la organización ETA bajo verificación internacional», aunque no precisa cómo. Precisamente, los gobiernos central y vasco ya trabajan con la hipótesis de que este mes la organización declare un alto el fuego que catalogaría como «verificable» y buscaría avalar a la izquierda abertzale, como ya adelantó ayer este periódico. Una tregua de la que desconfían el ministerio y la consejería de Interior al considerar que sólo busca «resolver las tensiones internas en ese mundo».

El segundo punto habla de que los partidos que participen en las negociaciones acepten los principios Mitchell, aplicados con éxito en Irlanda del Norte y que defienden la negociación y la desmilitarización total para no influir en los acuerdos finales. Batasuna también reclama que se derogue la Ley de Partidos y las medidas de «castigo» a los presos, el traslado a prisiones vascas de «todos» los reclusos, y el fin de las «medidas para la represión política» como los juicios a organizaciones de la izquierda abertzale. Los dos últimos puntos son especialmente significativos ya que hablan de «finalizar las amenazas y presiones contra toda persona», y de «trabajar por la reparación y/o reconciliación de todas las víctimas».

Avances

En las otras dos partes del documento, el texto introduce algunos avances respecto a anteriores intentos fallidos como los esquemas de Anoeta y Loiola, en 2006, o el Acuerdo de Lizarra, en 1998.

En el apartado titulado 'Objetivo General', la izquierda abertzale reafirma la necesidad de desarrollar el proceso basándose «en el uso de vías exclusivamente políticas y democráticas, y en la defensa de los derechos humanos». Plantea «abrir una mesa o mesas de diálogo multipartito facilitado por agentes internacionales, que versará sobre los contenidos del acuerdo democrático y su implementación a través de las instituciones, dando lugar a un marco democrático y en paz».

También habla de «propiciar el proceso de diálogo y negociación entre ETA y el Gobierno español sobre las consecuencias del conflicto». La novedad respecto a Anoeta o Loiola estriba en que la izquierda abertzale define esta segunda mesa como un foro para abordar las «consecuencias» del conflicto, no sus «causas». De esta lectura puede desprenderse que Gobierno y ETA sólo hablarían de desmilitarización, presos o víctimas, pero nunca de política, que correspondería a los partidos. Esta idea ya se apuntó en la declaración de Alsasua, que en noviembre dio inicio oficial al debate interno de Batasuna.

En otro apartado, con el encabezamiento 'Principios del Acuerdo', se habla de «garantizar la participación del conjunto de sensibilidades políticas del país», así como «la igualdad de condiciones de participación de sus representantes» Un planteamiento inclusivo alejado del esquema de Lizarra, que marginó a los constitucionalistas, e incluso del de Loiola, que se centró en PNV, PSE-EE y Batasuna.

El escrito se opone también al uso de «la violencia por las distintas partes» y a la utilización de «los instrumentos coercitivos del Estado» para «influir en la negociación». El documento matiza que esta hoja de ruta «no implica que mientras no se obtengan estas condiciones» el proceso esté parado, sino que «el avance en el alcance de las citadas condiciones es el que irá asegurando el éxito».