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JUANMA VELASCO |
Viernes, 24 de septiembre 2010, 09:35
Si la crisis se lleva por delante economías de familias con arraigo en el territorio, su efecto es mucho más devastador en las personas más vulnerables. Aquellos que partían de una situación más delicada y a quienes las reformas legales no han hecho sino «recortar sus derechos»: las personas inmigrantes. «Sufren actitudes de rechazo, se les cierran puertas para acceder a las ayudas sociales... Son los más desfavorecidos de esta crisis».
Así lo refleja el «observatorio privilegiado» que conforma la red de Cáritas en Gipuzkoa y que se constituye como «altavoz de las realidades de pobreza y sufrimiento en el territorio». No en vano, por las oficinas de Cáritas el pasado año pasaron 18.000 personas inmigrantes en busca de ayuda, un 30% más que año anterior. «Y la tendencia creciente se mantiene durante este año», advierten. Personas que solicitan ayuda para pagar el alquiler, familias que viven hacinadas en una habitación, gente que acude simplemente en busca de comida...
En la ONG de la Iglesia no quieren que la pobreza «quede reducida a meras estadísticas» y, por ello, hacen un llamamiento a la concienciación y sensibilización de la sociedad guipuzcoana para ayudar a las personas inmigrantes del territorio. Bajo el lema 'Todos con los mismos derechos', Cáritas lanza una campaña para recaudar fondos en favor de este colectivo desfavorecido, para lo que ha organizado una colecta en las parroquias el próximo domingo y ha puesto en marcha diferentes canales para colaborar con la ONG. Asimismo, Cáritas quiere que esta campaña sirva para «difundir actitudes de acogida e integración» entre los guipuzcoanos. «Lo importante son las personas y su dignidad, al margen de sus procedencias y estatus jurídico», asegura Joserra Trebiño, delegado episcopal de Cáritas Gipuzkoa.
Trebiño presentó ayer esta campaña, en una rueda de prensa acompañado de Alfonso Muro, director de Cáritas, y de Jon Telletxea, responsable de Laguntza Etxea, el centro de atención al inmigrante de la ONG, ubicado en Donostia.
Limitación de derechos
El de los inmigrantes es un colectivo «especialmente» perjudicado, no sólo por la crisis «sino por las disposiciones legales que se están produciendo aquí como en Europa, que tienen un marcado cariz lesivo y restrictivo para los inmigrantes».
Desde Cáritas denuncian que el último cambio de la Ley de Extranjería, en diciembre de 2009, ha dejado una norma más restrictiva limitativa en derechos y garantías. Entre otros aspectos, en la ONG destacan el recorte a la reagrupación familiar o el veto a la educación no obligatoria para los inmigrantes irregulares o que se persigue y sancione el acceso al empadronamiento en domicilios donde no se reside.
Precisamente, el problema de la escasez y carestía de la vivienda es uno de los más «sangrantes». Si ya es difícil para los autóctonos, «lo es en mayor medida para los inmigrantes, dada su situación de vulnerabilidad y falta de apoyos y redes sociales».
Según explican, se están dando situaciones de hacinamientos en habitaciones de alquiler, conculcaciones de derechos, alquileres sin contratos o precios abusivos, subarriendos no permitidos, infraviviendas sin «las mínimas condiciones de habitabilidad»...
Para colmo, el problema de la vivienda lleva aparejado otro. En muchos casos, les es «imposible» encontrar un lugar donde les permitan empadronarse o ejercitar ese derecho. «Hay veces que se lo prohiben si quieren seguir viviendo en la habitación que tienen alquilada». Con ello, estos inmigrantes se quedan fuera del «acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la posibilidad de regularización o la renovación de las autorizaciones de residencia...», denuncia Telletxea.
Cambio de perfil
Según explican en la ONG, con la crisis «se ha agravado la situación de pobreza de muchos extranjeros» y ha llegado un cambio en el perfil de inmigrantes que atienden en Cáritas. Además de los que antes acudían, muchos de ellos en situación irregular, ahora también solicitan ayuda familias que han tenido trabajos estables durante años, básicamente en el sector de la construcción y hostelería, y que ahora están en el paro y no llegan a fin de mes; personas que vuelven a Cáritas después de haber finalizado procesos de inserción, tras quedarse sin trabajo; otros que han perdido el permiso de residencia al quedarse en paro y vuelven a la irregularidad; familias a las que les embargan el piso o que se ven obligadas a vivir en habitaciones dejando sus pisos de alquiler...
Para atender a estas 18.000 personas inmigrantes que acudieron a Cáritas en 2009, la ONG destinó alrededor de 1,5 millones de euros, de los cuáles el 70% se destinó a ayudas al pago de alquileres de viviendas y el resto a ayudas a la alimentación, pago de documentación, procesos formativos... «A ello hay que sumar la alimentación e higiene que se cubre en el comedor social y en el servicio de lavandería, así como la bolsa de trabajo del centro de atención de Laguntza Etxea».
Por último, Cáritas quiere agradecer y destacar el trabajo de los cientos de voluntarios que colaboran con su institución y otras ONG del territorio «que ayudan a construir una sociedad incluyente y cohexionada».
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