Condenan a España a pagar 23.000 euros a un preso de ETA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó ayer a España a indemnizar con 23.000 euros al preso de ETA Mikel San Argimiro Isasa por no investigar los supuestos malos tratos que habría sufrido durante su detención. La sentencia concluye que España violó el artículo 3 (Prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, desde el punto de vista procedimental, por «la ausencia de una investigación efectiva». Pero cree que no hubo violación de ese mismo artículo, desde el punto de vista sustancial (los malos tratos en sí), ya que «los elementos de que dispone no le permiten establecer más allá de toda duda razonable» las torturas que el demandante alega.

San Argimiro Isasa (San Sebastián, 1962) fue detenido en Madrid el 14 de mayo de 2002 cuando iba a colocar una bomba lapa en los bajos de un vehículo policial, junto a Manuel Miner y Balbino Sáenz, presuntos miembros del comando Madrid. Fue procesado por los delitos de pertenencia a banda armada, terrorismo, depósito de armas, sustracción de vehículo de motor, falsedad documental, asesinato en grado de tentativa y atentado contra agentes de la autoridad en grado de tentativa.

El día de su detención fue examinado por un médico forense que apreció contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, «compatibles con el desarrollo del arresto y la maniobras de inmovilización». Al día siguiente, el informe del médico forense constató nuevas lesiones menores «sin dar explicaciones sobre su posible origen». Cuatro días después, San Argimiro Isasa fue conducido a la Audiencia Nacional, donde declaró haber sido objeto de malos tratos durante su detención.

Demanda en San Sebastián

El 27 de mayo de 2002 ingresó en la cárcel de Badajoz, donde fue examinado por un médico que detectó una costilla rota. San Argimiro Isasa presentó una demanda ante un juzgado de San Sebastián en la que denunció «malos tratos durante su arresto y detención en Madrid, como golpes en la cabeza y sesiones de asfixia con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza».

Además, denunció haber sido víctima de «humillaciones y vejaciones sexuales, y amenazas de muerte y de violación». El Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid ordenó la apertura de una investigación y posteriormente sobreseyó y archivó el caso. Esa misma decisión la tomó un año después.