El Tribunal de Cuentas atribuye a Musikene irregularidades económicas en 2009

El Centro Superior de Música del País Vasco-Musikene incurrió durante el ejercicio contable del pasado año en diversas irregularidades relacionadas con su actividad económico-financiera, según se desprende del informe preliminar elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas. Las irregularidades detectadas por este organismo de control afectan a la contratación del personal -tanto de servicios como docente-, al establecimiento de los precios por matrícula del alumnado, a diversos aspectos del funcionamiento del profesorado y a la contratación de las labores de redacción del proyecto de la nueva sede.

El informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), que aún está en fase pendiente de alegaciones, está elaborado a partir del informe de auditoria externa sobre las Cuentas Anuales de 2009 de Musikene, centro dependiente del Departamento de Educación cuya titularidad ostentaba Tontxu Campos (EA) en el momento de la aprobación del presupuesto que rigió ese ejercicio, a finales de 2008, durante el último Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe. La fiscalización de las cuentas de Musikene obedece a la Ley 1/1988 del propio TVC y está incluida en el Plan de Trabajo a petición de la comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco. Este informe preliminar está ya en manos de la titular de Educación, Isabel Celaá, y su predecesor en el cargo, Tontxu Campos, -ya que la Consejería comporta la presidencia de la Fundación Musikene- y de la coordinadora general, Carmen Rodríguez Suso.

El Tribunal, que llama la atención sobre la falta de control que la Fundación privada que rige Musikene ha ejercido sobre diversos aspectos de las partidas presupuestarias, recomienda «analizar la idoneidad de mantener» esta figura legal al frente del Centro. Y es que cabe recordar que el Centro Superior de Música del País Vasco funciona bajo el amparo de una Fundación privada, con personalidad jurídica propia e independiente que se rige según sus propios estatutos, y financiada con las subvenciones del Gobierno Vasco -entre un 96% y un 97% del total-, así como por la vía de ingresos que suponen las matrículas de los alumnos -entre el 3% y el 4%-. Esta figura legal de la Fundación privada con financiación pública ya ha sido objeto de críticas por parte del Tribunal de Cuentas, en relación con las supuestas irregularidades detectadas en el funcionamiento de los museos Guggenheim y Balenciaga.

El informe, que enumera una serie de irregularidades en el funcionamiento del Centro, con menciones especiales a algunas decisiones de su anterior director artístico, José Luis Estellés, señala que «la Fundación no ha practicado las preceptivas retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta» en relación con pagos que por 199.000 de euros se realizaron a «catorce profesionales». En este mismo sentido, señala que tampoco se comunicó a la Hacienda Foral «pagos realizados a cinco empresas por importe de 179.000 de euros».

La adjudicación de los puestos de trabajo sin convocatoria pública de por medio es otro de los reproches que el informe formula contra la antigua dirección de Musikene. Así, apunta que cinco trabajadores de administración y servicios y 47 profesores accedieron a sus cargos sin pasar por una prueba de selección que, por ley, debe establecerse en condiciones de «igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria». Lo mismo se asegura de cinco contratos mercantiles con empresas para la prestación de actividades docentes y de otros 31 contratos mercantiles con profesores.

Estatuto del profesorado

El Tribunal, que llama la atención sobre la ausencia de «procedimientos de control que permitan conocer las horas no lectivas trabajadas por cada profesor», recoge el aumento en un 39,5% -un 4,25% anual- registrado en el sueldo de los docentes sin especialidad en el periodo que va de 2002 a 2009. Frente a este dato, el TCV indica que las retribuciones de los profesores de especialidad aumentaron en ese período un 22,46% -un 2,56% al año- «no existiendo justificación de dicha diferencia».

El estudio también destaca que, en contra de lo señalado en la memoria de la Fundación correspondiente a 2008, aún no se ha elaborado un «estatuto del profesorado que recoja todos los aspectos relacionados con la contratación, jubilación, denominación (...), derechos y obligaciones de una manera acorde a la realidad actual y, sobre todo, a los planes de futuro». De hecho, asegura que «los incrementos retributivos anuales no son aprobados expresamente por ningún órgano de la Fundación» y que «en el curso 2008-2009 se comienza a abonar trienios» sin que tampoco se haya adoptado acuerdo al respecto. Tampoco el proceso de adjudicación y contratación de la futura sede de Musikene, a ubicar en Donostia tras su redimensionamiento, se libra de una reseña. Así, el informe señala la ausencia del permiso correspondiente que autorizara el incremento en 386.000 euros en los gastos de honorarios por la redacción del proyecto y otros trabajos técnicos.

Además, señala que Musikene compró bienes y contrató servicios por valor de 228.000 euros en 2009 «sin ningún tipo de publicidad y concurrencia», así como que se prorrogaron tres contratos de servicios por 114.00 euros «cuando el contrato adjudicado en ejercicios anteriores no contemplaba la prórroga», situación que, a su juicio, vuelve a incurrir en el mismo defecto.

El anterior director artístico de Musikene, José Luis Estellés, acapara buena parte de la relación de irregularidades enumeradas por este organismo de control hasta el punto de merecer una «mención especial» en su informe, que no cita ningún nombre propio, sino únicamente se refiere a las personas por los cargos que ocuparon. Así, tras recalcar que «la Fundación no ha autorizado la compatibilidad del personal docente que trabaja en otros entes», apunta que Estellés percibía 83.000 euros brutos al año en su condición de coordinador, cantidad a la que se sumaban los 44.000 que cobraba por sus labores docentes -a razón de 150 euros la hora de clase-y los 12.000 en concepto de colaborador en la realización de una ópera. Estas dos servicios los presta Estellés -siempre según el informe- a través de una empresa privada, de la que es administrador único, y con la que la Fundación ha suscrito un contrato mercantil. En total, 139.000 euros anuales. A esto se le sumaban 6.000 euros anuales en concepto de gastos de desplazamiento y alojamiento, más otros 7.000 como «complemento por la labor de jefatura». Finalmente, Estellés cobró otros 4.000 euros atribuidos a «gastos por diversos conceptos facturados y no detallados ni soportados», sostiene el texto del Tribunal Vasco de Cuentas. La Fundación no incluyó a la empresa de Granada de la que Estellés era administrador único en la declaración anual de operaciones con terceros a presentar ante la Diputación Foral de Gipuzkoa. El informe destaca los 45.000 euros facturados por otros tres profesores por sus servicios en la ópera.

Directores de departamento

Además, el informe señala a Estellés como responsable de la decisión de ampliar de una a ocho el número de direcciones de departamento, sin la previa aprobación del coordinador general del Centro, por aquel entonces, Juan José Pujana, y sustituido por la musicóloga Carmen Rodríguez Suso en octubre del pasado año. Los pluses que acarreó este incremento ascendieron a 99.000 euros en 2009

En cuanto a Pujana, el informe le responsabiliza de la decisión de abonar una cantidad fija a cada profesor que viva a 50 kilómetros de Donostia en concepto de gastos de desplazamiento y alojamiento a partir del curso 2007-2008, sin necesidad de que se aporten justificantes de ningún tipo. «Hasta esa fecha se abonaba el importe de los desplazamientos tras su justificación», recuerda el TCV. En total, el gasto por este concepto durante 2009 ascendió a 482.000 euros.

Y aunque el coordinador general asegura que el Patronato de la Fundación dio el visto bueno a su propuesta en su reunión «el 14 de junio de 2007», el TVC asegura que dicha aprobación «no consta» en el acta de la reunión de aquel día. Así las cosas, el informe considera que «la Fundación debe exigir la justificación de la efectiva realización del desplazamiento y alojamiento, no pudiendo establecer cantidades fijas respecto a las que no realiza control alguno».

El TVC advierte de que a pesar de que la Fundación acordó que la titularidad de las cuentas fuera ostentada por el presidente, el coordinador general de Musikene y la delegada Territorial de Educación -siendo necesarias dos de estas tres firmas- se han producido reiterados incumplimientos ya que la Fundación ha dispuesto de fondos operando «con la firma indistinta del coordinador general o del gerente».