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JUANMA VELASCO jmvelasco@diariovasco.com
Miércoles, 3 de noviembre 2010, 08:12
El Gobierno Vasco quiere colocar el alquiler en el centro de sus políticas de vivienda protegida. Seguirá sacando al mercado nuevas VPO en venta pero no quiere que estas promociones «consuman recursos públicos» que podrían destinarse a los pisos en arrendamiento. «No podemos permitirnos el lujo de perder dinero público en esto».
A tal fin, el Ejecutivo vasco acaba de aprobar una nueva orden de precios máximos en el ámbito de la VPO que incluye el mayor incremento al precio fijado hasta ahora. Encarece un 12% el precio de las viviendas en venta y reduce el de las viviendas en alquiler «para hacerlas más asequibles y atractivas». Además, por primera vez se diferencia el precio de las viviendas en régimen de derecho de superficie y de las de venta, que hasta ahora tenían el mismo precio aunque fueran «productos totalmente diferentes». Los nuevos precios y rentas entran en vigor en quince días, una vez que la norma se publique en el boletín oficial.
El consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte, Iñaki Arriola, compareció ayer en rueda de prensa para dar cuenta de la nueva orden de precios máximos de VPO, aprobado en el consejo de Gobierno. La nueva normativa actualiza los precios para adecuarlos a las circunstancias actuales de las VPO.
Según explicó el consejero Arriola, la CAV tiene el precio de vivienda libre en venta «más alto del Estado, pero es también la comunidad en que el diferencial entre la protegida y la libre es menor».
En esta nueva orden, el Gobierno Vasco quiere cumplir con lo acordado en el Pacto Social por la Vivienda, suscrito por 75 entidades sociales (asociaciones de vecinos, consumidores, entidades financieras...). En él se acordó adecuar los precios máximos de VPO en venta al coste real de construcción y que este tipo de vivienda fuera «autosuficiente» y «no consumiera recursos públicos». El objetivo, es poder centrar los recursos públicos en conseguir «un parque de vivienda pública de alquiler amplio y estable».
La primera modificación de la orden actúa sobre las VPO en derecho de superficie de 75 años. El precio de éstas subirá un 2% por el incremento de costes derivados de la aplicación de las nuevas normas técnicas de edificación y del incremento de los costes de construcción.
136.000 euros
Las VPO en propiedad tendrán un incremento de precio del 12%, con lo que por primera vez queda diferenciado el precio de éstas de las de derecho de superficie. Actualmente, se daba la circunstancia de que el precio de compra de una VPO en propiedad y otra en usufructo de 75 años era el mismo, aun tratándose de «productos totalmente diferentes».
El aumento del precio de las VPO en venta será similar en las tasadas e incluye, según Arriola, «la repercusión del precio del suelo», que no se aplica en las de Derecho de superficie.
Con el cambio, una VPO en propiedad de 75 metros cuadrados pasará de costar 120.000 euros a 136.000, mientras que el aumento de precio de una en derecho de superficie se quedará con los cambios en 123.000 euros.
El aumento del 12% supone además el mayor aumento de precios de VPO realizado hasta la fecha. Hasta ahora, los precios sufrían un incremento anual cercano al IPC. No obstante, fuentes del Gobierno Vasco recordaron ayer que «los precios máximos de las VPO llevaban dos años sin subir».
Alquiler «más accesible»
Si el acceso a la venta se encarece, la nueva orden regula a la baja los precios máximos del alquiler haciéndolos «más asequibles». Los cambios, según Arriola, persiguen que el esfuerzo financiero que una familia tenga que hacer para acceder a una VPO en alquiler «sea sustancialmente menor que el de la compra».
La orden ha variado los porcentajes para el cálculo de la rentas a pagar por el alquiler limitando sus cuantías máximas. El resultado es que si actualmente al inquilino el pago del alquiler le supone un esfuerzo del 30% de sus ingresos, con los nuevos coeficientes que se aplican el esfuerzo se reduce al 20-25%.
Los cambios suponen que una unidad convivencial con ingresos entre 15.000 y 18.000 euros pagaría por el alquiler de una VPO de 75 metros2 un máximo de 376,22 euros al mes, mientras que con el modelo antiguo hubiera pagado hasta 461,06 euros, según fuentes de Vivienda.
La renta se fijará teniendo en cuenta los ingresos anuales de la unidad convivencial y se actualizarán cada año con el IPC. Además, la Administración podrá comprobar en cualquier momento los ingresos familiares para proceder en su caso a la actualización de la renta. Pasados cinco años, si la unidad convivencial sigue cumpliendo los requisitos, podrá seguir con el alquiler del piso.
Derecho de superficie
La nueva orden de precios incluye una importante modificación en el régimen de derecho de superficie. Pasados 75 años, este tipo de viviendas vuelven a manos de la administración. Hasta ahora, este derecho se podía vender al Gobierno Vasco o a un particular, en el caso de que el derecho estuviera liberado de tutela, a los precios máximos de venta de VPO en el momento, sin tener en cuenta los años que quedan del usufructo.
A partir de ahora, en cambio, el valor de ese derecho de superficie sufrirá una depreciación a partir del séptimo año. «Con lo cual, el precio no será el mismo si quedan 60 años de derecho de superficie o si quedan 30», explicó Arriola durante su comparecencia de ayer.
El consejero recordó en este punto la oferta de venta de suelo a adjudicatarios de derecho de superficie que lleva actualmente a cabo el Gobierno Vasco. Esa oferta permite hacerse con la propiedad de la vivienda a cambio de que el piso mantenga la condición de VPO de por vida.
Alojamientos dotacionales
La nueva orden regula por primera vez los cánones que pagan los usuarios de los alojamientos dotacionales. Se trata de pequeñas viviendas destinadas principalmente a jóvenes, mayores, divorciados y separados, que cuentan con elementos de uso común (cocina, salón...). Es una figura novedosa y en auge que, en lugar de alquileres paga cánones -entre 150 y 420 euros al mes, dependiendo de los casos- y que están construidos sobre terrenos no edificables.
«Son apartamentos pequeños y provisionales. Existen en Donostia, gestionados por el Ayuntamiento, y en breve el Gobierno Vasco abrirá otros en Intxaurrondo, destinados para jóvenes».
Por último, también aumentará un 10% el precio de venta de las VPO sociales debido a que en la actualidad «se encuentran muy distantes de sus costes de edificación». No obstante, la venta de este tipo de VPO suele realizarse entre administraciones y su «finalidad es el alquiler o los realojos tras una intervención de regeneración en alguna zona», explicó el consejero de Vivienda.
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