Menos funcionarios

El anuncio de que el Gobierno de Irlanda despedirá a 24.750 funcionarios para que pueda ser beneficiaria del fondo de rescate europeo invita a pensar que si un país puede reducir un 7% sus empleados públicos es que sobraban unos cuantos. La República irlandesa pasará de contar con 8,02 funcionarios por cada cien habitantes a quedarse en 7,47. El porcentaje de partida en Irlanda coincide con el índice que presenta Extremadura frente a una media española en torno al 6%, que tendría en Cataluña su referencia más contenida con 3,98, mientras en Euskadi se situaría algo por encima de 5. El dirigente de la patronal catalana y candidato a la presidencia de la CEOE, Joan Rosell, propuso anteayer un ERE en las administraciones públicas, señalando que como mínimo hay 150.000 funcionarios que no tienen trabajo y poniendo el ejemplo de ministerios como Educación, Sanidad y Cultura con competencias transferidas a las autonomías. Cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero optó por reducir el déficit público a cuenta de las nóminas que más a mano tiene el Estado, los empleados públicos protagonizaron un paro un tanto vergonzante, porque al sentimiento de ser portadores del pecado original de un puesto de trabajo vitalicio se le unió la íntima convicción de que, salvo excepciones, todas las instituciones y departamentos cuentan con plantillas excesivas para la tarea encomendada.

Los años felices del crecimiento conocieron una doble dinámica. Por un lado las instituciones, creyendo que sus arcas rebosarían eternamente, se prodigaron en la contratación de más empleados públicos. No sólo ocurrió en Irlanda; por poner un ejemplo, bastaría con fijarse en el incremento y consolidación de la plantilla dependiente del Ayuntamiento de Vitoria. Por el otro, en aras de una mayor racionalidad en la gestión de los servicios públicos, las iniciativas para su modernización eludieron revisar la propia función pública y optaron por la creación y potenciación de figuras legales que permitieran derivar tareas de gestión directa de las instituciones hacia fórmulas de gestión instrumental, mediante sociedades de titularidad pública sujetas al derecho privado.

El lunes las Juntas de Vizcaya abordarán en comisión el proyecto BizkaiKOA, con el que la Diputación pretende «constituir una Entidad Pública Empresarial Foral dirigida a la atención de la difusión del patrimonio cultural» del territorio. La razón fundamental de la iniciativa parece ser la «relativa pérdida de protagonismo de la Diputación» en dicho campo de actuación, y es de suponer que con la creación de esta nueva empresa pública de derecho privado sus gestores tratan de lograr lo que no han conseguido a través del área correspondiente del departamento de Cultura de la institución foral; es decir, recuperar protagonismo. Lo sorprendente es que, al parecer siguiendo las recomendaciones de «una de las entidades de mayor prestigio en el asesoramiento cultural del mundo», la Diputación vizcaína haya renunciado a perseguir los objetivos que desgrana en su proyecto de norma mediante gestión directa, adecuando si acaso la estructura organizativa de la propia institución foral.

Esta misma semana la consejera Gemma Zabaleta rechazó la propuesta del PP de convertir el servicio público de empleo Lanbide en un organismo autónomo y defendió la necesidad de que jurídicamente sea un «ente público de derecho privado, como Osakidetza». Lo preocupante es el argumento que utilizó para defender la postura del Gobierno, cuando explicó que se trata de buscar para Lanbide «su mayor eficacia, productividad y capacidad, y no ser prisionera de procedimientos burocráticos».

El círculo está viciado. Las mismas instituciones que durante años han respondido a la demanda social de empleo público con la incesante creación de puestos de trabajo recelan abiertamente de la eficacia de las administraciones que dirigen y de la disposición de los funcionarios -cuya plantilla continúan aumentando en algunos casos- para afrontar nuevas tareas. La misma sociedad que mira críticamente a esos funcionarios porque los considera privilegiados es la que continúa aspirando a la generación de más empleo público. Los responsables políticos e institucionales desprecian los procedimientos burocráticos de la administración porque saben que así transfieren parte de sus carencias a la supuesta indolencia del funcionariado. Esos mismos responsables dicen buscar la eficacia y la eficiencia de lo público en la potenciación de sociedades de derecho privado que se presentan, además, como ejemplo de neutralidad, cuando en realidad están más sujetas a la discrecionalidad del poder y no cuentan con las garantías de capacidad, mérito, transparencia y control que en principio brinda la función pública respecto a las contrataciones y a la selección y designación de sus empleados y directivos.

Es más que probable que sobren funcionarios, y muchos. Como es evidente que en España la sola idea de aplicar expedientes de regulación de empleo en la función pública conduciría a una batalla sindical y judicial interminable. Pero el diseño de toda una administración paralela, con empresas de derecho privado que restan razón de ser a la función pública, no responde únicamente a la búsqueda de mayor eficacia. Sobre todo rehúye la obligación política de mejorar esa función pública flexibilizando su rígida estructura de parsimoniosos procedimientos y derechos adquiridos porque ha descubierto que puede obtener resultados políticos y partidarios más interesantes mediante la gestación de entes y sociedades que no son necesariamente ni más eficaces ni más rentables.