El Gobierno Vasco insta al Estado a investigar con eficacia las otras violencias

Derecho a la justicia, a la reparación y a la verdad. Es la base sobre la que se fundamenta el informe de las víctimas de vulneración de derechos humanos por motivación política que el miércoles presentará en el Parlamento Vasco la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, y su homóloga de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu. Unos principios que sustentan ya la política de reconocimiento a las víctimas del terrorismo, y que deben extenderse igualmente a las víctimas de las otras violencias, que son sujeto de este informe. En este sentido, el estudio recuerda, entre otras consideraciones, que el Estado tiene la «obligación de realizar investigaciones eficaces de las violaciones manifiestas de derechos humanos» como modo de cumplir su función de «proteger y garantizar» los derechos humanos de todos los ciudadanos.

Así, en el informe, al que ha tenido acceso este periódico, la Dirección de Víctimas hace suyos principios y recomendaciones recogidos en diferentes textos y declaraciones de ámbito internacional sobre la consideración y tratamiento a las víctimas de violencia. Y especifica que dichos mandatos llaman a «impedir» violaciones de derechos humanos, «investigar» los casos y «adoptar medidas» contra sus autores, facilitar a los denunciantes «un acceso equitativo y efectivo a la justicia» y proporcionar a las víctimas «reparación».

El estudio, del que la semana pasada ya se avanzaron algunas conclusiones, realiza, en sus 38 páginas, un análisis exhaustivo de las diferentes categorías de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, unas por motivación política y otras por «abuso de autoridad o extralimitación de poder», fechada esta última a partir de la segunda mitad de los años 80 hasta la actualidad. La diferenciación entre ambos grupos, remarca el informe, no significa en cambio que no se reconozca «la gravedad» de ambas, ni «la necesaria investigación, reparación» y esfuerzo por evitar que se repitan.

Es decir, el informe, basándose en las definiciones de 'víctima' y de 'vulneración de derechos humanos' recogidas por la ONU, y dando continuidad al primer informe sobre este asunto que se presentó en el Parlamento Vasco en 2008 y que ya establecía la diferencia entre «víctima de motivación política» y «víctima del terrorismo», describe tres períodos en Euskadi de violación de derechos.

El primero, la violencia ejercida durante la dictadura franquista. El segundo, en los primeros años de la democracia, hasta mediados de la década de los 80, cuando «se combina la represión ejercida desde algunos agentes públicos con la acción de grupos parapoliciales y de extrema derecha alentados o tolerados desde ciertas instituciones del Estado español». Y, en tercer lugar, «las violaciones de derechos humanos y sufrimientos injustos» como consecuencia del «abuso de autoridad o extralimitación de poder por parte de agentes del Estado» en el marco de la lucha antiterrorista. Violencia esta última ejercida hasta la actualidad, pero «a la que no cabe aplicar el calificativo de violencia de motivación política».

El informe asegura que las autoridades y la sociedad vasca tienen la «obligación moral y legal de ofrecer un reconocimiento» a todas las categorías mencionadas, sin que dicha identificación suponga un «enfrentamiento de dos violencias, de ETA y del Estado, provocado por un conflicto político». Las direcciones de Víctimas y de Derechos Humanos rechazan «con rotundidad» esa lectura, que conllevaría la justificación o legitimación de la acción de ETA. «Conviene reafirmar la ilegitimidad radical de la violencia de ETA, más allá de la existencia de cualquier conflicto político», remarca el informe, que destaca que la única forma de resolver cuestiones políticas es «a través de cauces pacíficos y respetuosos con los derechos humanos».

El documento dedica un apartado extenso a razonar los derechos fundamentales objeto de análisis: el de la vida - «porque constituye la condición para el disfrute de los demás»-, y el derecho a la integridad, en el que se repasan diferentes formas de abusos (el trato degradante, el trato inhumano y la tortura). Sobre esta última, el informe alude a resoluciones judiciales que llaman a «incrementar los esfuerzos de investigación ante las denuncias de malos tratos y torturas», al tiempo que advierte sobre un «elemento que incide desfavorablemente» en la clarificación de estos casos en el caso concreto del País Vasco: «la directriz manejada por ETA y su entorno para denunciar sistemáticamente torturas a sus detenidos».

«Sufrimiento injusto»

El informe, que no concreta un «censo de víctimas» de este tipo de violencia, sí «constata de manera fehaciente» la existencia de casos de «sufrimientos injustos» producidos en el contexto de la violencia vivida en Euskadi, y aunque aduce que no dispone de información suficiente para «afirmar el nexo directo entre las actuaciones de algunos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el sufrimiento infligido», estima necesario reconocer públicamente estos hechos para «contribuir a un proceso de reconstrucción de relaciones personales y sociales, y mejora de la convivencia» en el País Vasco.

Ese reconocimiento precisará de medidas concretas, que serán enmarcadas en lo que se denomina Programa de Reparación, que superen la «mera indemnización económica» y avancen «hacia una reparación integral, que incluya una reparación moral» que no solo satisfaga a las propias víctimas, sino a la sociedad. Se trata de contribuir así a la «cultura de la memoria», sustentada en una «cultura de las víctimas», que, en el caso de los afectados por terrorismo, está ya en marcha con homenajes institucionales del estilo al celebrado el pasado día 10, primer Día de la Memoria. «La perspectiva de las víctimas se ha convertido en un elemento esencial a la hora de abordar y dar respuesta a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos», remarca el informe.