«El rechazo a ETA debe ser claro y continuado en el tiempo»

El ministro de Justicia no contempla «por el momento» un escenario electoral que incluya a la izquierda abertzale. «Hay cosas que van cambiando», reconoce, pero «todavía le queda mucho por caminar». Francisco Caamaño añade como condición al rechazo inequívoco a la violencia, la necesidad de que esa condena sea «continuada en el tiempo». Además, insiste en que serán los tribunales «y no el Gobierno» quienes decidan si la nueva iniciativa política que presente esta corriente se ajusta o no a la ley.

- ¿En qué ha cambiado el escenario tras el comunicado de ETA?

- Las palabras del vicepresidente primero y del presidente del Gobierno sobre este asunto son muy claras. No es el comunicado que se esperaba, no va a haber un diálogo político con condicionamientos de ningún tipo, no vamos a cambiar nuestra política antiterrorista y sí vamos a esperar lo único que queremos de la banda armada, que es su completa disolución.

- ¿Cómo va a responder el Gobierno?

- Está muy clara la posición que ha fijado el presidente del Gobierno en esta materia y con él todo el Gobierno, por supuesto.

- ¿Considera que se está abriendo una oportunidad para la paz?

- Hay cosas que se van cambiando, pero la democracia debe seguir firme en sus planteamientos. Quienes creemos en la convivencia pacífica, en el imperio de la ley y en que sólo a través de los votos se deben tomar las decisiones, debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Son otros los que tienen que evolucionar. Parece que están en un camino hacia ello, pero son ellos los que tienen que mover pieza, no los demócratas.

- ¿Qué condiciones tiene que cumplir la izquierda abertzale para presentarse a las elecciones?

- Lo que tiene que hacer la izquierda abertzale es ajustarse a lo dispuesto en las leyes. Por tanto, ajustarse a la Ley de Partidos Políticos, cuya validez y legitimidad ha sido confirmada no sólo por el Tribunal Constitucional sino también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a pesar de las críticas. Es una ley válida desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Los demócratas no vamos a permitir que puedan estar en las instituciones quienes no condenen y rechacen claramente la violencia. Y digo: rechacen claramente la violencia. Es decir, con actos claros y con continuidad en el tiempo. Serán los tribunales de Justicia y no un gobierno los que tendrán que decidir si se cumple o no la Constitución y las leyes.

- Anuncian que los estatutos de la nueva formación se ajustarán a la ley. ¿Qué deben incluir? ¿Una condena explícita a ETA?

- Antes de las elecciones saldrá adelante la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, y en ella se fijan claramente las condiciones que tienen que cumplir para poder participar en procesos democráticos.

- ¿Se le van a plantear a la izquierda abertzale más exigencias que a cualquier otra fuerza?

- La ley exige lo que exige y trata a todos por igual. Si esas condiciones se cumplen y así lo entienden los tribunales, pues nada puede decir el Gobierno. Ahora bien, con independencia de lo que es propio desde el punto de vista jurídico y del respeto a la legalidad, como miembro del Gobierno, creo que en este momento todavía le queda mucho por caminar a Batasuna y a ese entorno político para acercarse a las posiciones democráticas que justifiquen una legalización.

- ¿Está convencido de que la actual izquierda abertzale es sucesora de Batasuna?

- Eso no puede ser una cuestión de creencia, es una cuestión que se ha comprobado ya reiteradas veces por los tribunales y que ha llevado en otros casos a la ilegalización de candidaturas tras los intentos de legalización encubierta de ese entorno a través de 'partidos pantalla'. Por tanto, eso no es algo opinable, sino algo que se puede verificar y contrastar. Si existen esos elementos, nosotros recurriremos con arreglo a lo dispuesto en la ley, pero decidirán los tribunales.

- ¿Qué pasos van a seguir en cuanto se presente el partido?

- Lo mismo que se ha hecho otras veces. Hay plazo para el examen de esos estatutos, y si se considera que pueden tener algún elemento de ilicitud, hay vías abiertas de traslado a la Fiscalía, o al ámbito de la ejecución de sentencias. En esta doble vía de procedimiento, serán los tribunales los que decidan.

- Y si deciden que los estatutos se acogen a la ley...

- Estamos en un Estado de Derecho y el respeto a la ley lo es para todos. Por tanto, la decisión de los tribunales tendrá que ser acatada.

- Pero también existe la opción de recurrir candidatura por candidatura. ¿Lo harían?

- Son cuestiones completamente distintas. Una cuestión es la legalidad de los estatutos de un partido, y otra los incidentes que se pueden producir como consecuencia de la presentación de candidaturas, que dependen de los artículos de la ley electoral. Lo que han hecho las Cortes con la reforma es cerrar esos canales que permitían, en ocasiones, operaciones de claro fraude de ley por parte de quienes no condenan realmente la violencia ni apuestan de manera clara y contundente por una convivencia pacífica.

- ¿Actuaría entonces el Gobierno en esas listas a través de la Fiscalía?

- La Fiscalía opera en estos procesos con autonomía propia y con objetividad; el Gobierno lo hace a través de la Abogacía del Estado. Es bueno puntualizar esos extremos.

- ¿Pero impulsaría la actuación contra las listas?

- Si el Gobierno constata que se está vulnerando la ley en cualquiera de sus dos dimensiones, la de partidos o la electoral, o si incumplen alguna de las sentencias firmes, debe actuar ante la Justicia.

- ¿Contempla un escenario electoral con la izquierda abertzale?

- Yo en este momento no lo contemplo. Reconociendo el esfuerzo que se puede estar haciendo, queda mucho por hacer y en este concreto momento no lo contemplo.

- ¿El sistema ha agotado todos los recursos para impedir la presencia de Batasuna en las urnas?

- La reforma pretende evitar operaciones de fraude de ley. Después de 30 años de democracia, en los que ha habido oportunidades y apuestas por buscar soluciones a esta cuestión, lo que se ha considerado es que ya está bien. Los demócratas estamos donde estamos, la mayoría del pueblo vasco y del español está donde está. ¡Venga usted al lugar donde se habla y donde se decide con los votos! Y ese día, cuando venga, podrá estar también en ese diálogo. Mientras tanto, no somos nosotros los que nos tenemos que mover; al contrario, debemos mantener con firmeza nuestras ideas.

- Retirar actas a concejales y diputados como permitirá la reforma planteada, ¿no le genera dudas de constitucionalidad?

- Puede haber personas que tengan dudas de constitucionalidad. Yo estoy con el criterio mayoritario del Congreso y los grupos parlamentarios que han impulsado esa decisión. Y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo y de los tribunales españoles, esa ley se ajusta plenamente a la Constitución. Pero sobre todo persigue algo que está en el corazón mismo de la Constitución, impedir que quienes quieren imponer su voluntad de modos no pacíficos se aprovechen de la buena fe del sistema democrático.

- ¿A qué le suenan las peticiones de excarcelación de Arnaldo Otegi por considerar que se ha falseado su proceso judicial sobre Bateragune?

- Gran parte de las personas condenadas siempre cree que su situación se debe a algún equívoco o injusticia. Es algo que no solo afecta al señor Arnaldo Otegi. Él ha cometido un delito, ha sido juzgado, ha podido defenderse, ha tenido un proceso legítimo y ahora como cualquier otro ciudadano está cumpliendo la condena, establecida en la ley.

- Se le sitúa como referente de la apuesta de la izquierda abertzale. ¿Lo considera así?

- No sé si lo es ni si tiene que serlo. Solo espero que la izquierda abertzale camine con firmeza, actos claros, inequívocos y en el tiempo. Y que le pida a ETA lo que la sociedad vasca espera, su disolución.

- En el último proceso de paz, se acusó a la Justicia de obstaculizar más que ayudar a su avance. ¿Estamos en un escenario similar?

- El Poder Judicial siempre ha desempeñado el mismo papel, que es el de la garantía de la ley. A veces el Tribunal Supremo o el Constitucional sentenciaron también a favor de los partidos o coaliciones, frente a recursos que había presentado la Fiscalía o la Abogacía del Estado. Nosotros hemos acatado esas decisiones, y las aplicamos. No es una cuestión de entorpecer o favorecer.

- El Gobierno descartó la existencia de torturas en el caso de Portu y Sarasola y ahora una sentencia ha condenado a cuatro guardias civiles. ¿Tan seguros estaban de que no se probarían los hechos?

- Para hacer ese tipo de valoraciones habrá que esperar a que haya una sentencia firme. Pero nosotros respetamos el Estado de Derecho y si se ha cometido un delito, sea el que sea y sea quien sea, debe aplicársele la ley. Nuestro deseo es que no se produzcan nunca este tipo de incidentes, que obviamente son absolutamente aislados.