El riesgo de bancarrota de California asusta a EE UU

El peso de la deuda que asfixia a la mayoría de los gobiernos estatales norteamericanos empieza a convertirse en un problema político de primera magnitud, equivalente al que ha padecido la Unión Europea con Grecia e Irlanda. La delicada situación de California, el estado más próspero y poblado de EE UU cuyo gigantesco déficit presupuestario amenaza seriamente la prestación de servicios públicos esenciales, es el espejo en el que nadie quiere mirarse. Y sin embargo, uno tras otro, desde Nueva York a Texas, las situaciones empiezan a convertirse en poco menos que insostenibles, con los gobernadores dictando draconianos planes de ajuste que en la mayoría de los casos apenas sirven para equilibrar las maltrechas finanzas estatales.

Con ese telón de fondo y después de que el recién elegido gobernador de California, Jerry Brown, reafirmara esta semana la emergencia fiscal para subrayar la necesidad de una acción legislativa inmediata, representantes de los dos grandes partidos en Washington trabajan contrarreloj para buscar una vía para que los estados puedan declararse en quiebra, la única fórmula que les permitiría escapar de la asfixiante deuda y con ello seguir cumpliendo con obligaciones básicas como el pago de pensiones.

A diferencia de las ciudades, los estados tienen prohibido buscar protección ante un tribunal federal de bancarrota. Cualquier esfuerzo para cambiar la normativa pasa por modificar importantes artículos de la Constitución que consideran a los estados como entidades soberanas. Amparándose en el carácter excepcional de la actual situación, los proponentes aseguran que no existe otra vía que la declaración en quiebra dando a Illinois, por ejemplo, la misma oportunidad que tuvo General Motors de recibir ayuda federal cuando el peso de la crisis hundió las acciones de la compañía automovilística.

Más allá de los agujeros presupuestarios a corto plazo, algunos estados tienen profundos problemas estructurales, como fondos de pensión insolventes, lo que los obliga un mes tras otro a derivar partidas para el funcionamiento de servicios públicos como sanidad y educación. Destacados miembros del Congreso auguran que la situación de insostenibilidad es tan dramática que obligará a varios de ellos a pedir un plan de rescate en los próximos meses.

De prosperar el procedimiento de quiebra, los estados podrían alterar una pieza clave de la ley: la que los obliga a cumplir sus obligaciones con los jubilados. Una nueva legislación garantizaría el pago de las pensiones pero con fórmulas jurídicas y financieras sin la carga actual.

Pese al interés de demócratas y republicanos por dar respuesta al problema, no será fácil que una amplia mayoría del Congreso se ponga de acuerdo. No sólo por la complejidad de las cuestiones constitucionales y los múltiples vericuetos de la ley de quiebra, sino por miedo a que una discusión de esa envergadura pueda empeorar la precaria situación actual de los estados.