La Audiencia confirma el auto que llevará a José María Bravo al banquillo

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha confirmado el auto que llevará a José María Bravo y los otros tres imputados en el presunto fraude de la Hacienda de Irun a sentarse en el banquillo. Ocho meses después de que el juez Julián García Marcos elevara de tres a nueve los delitos del principal imputado y le acusara de apropiarse de 2,1 millones de euros mediante el cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos que luego no eran ingresadas en Hacienda, la Sección Segunda de la Audiencia de Gipuzkoa desestima los recursos de los cuatro imputados en el caso y, por tanto, allana el camino para que, casi cuatro años después de que saltara a luz pública, el caso sea juzgado en una vista oral. Aunque el objetivo del Tribunal guipuzcoano es centrarse en resolver los recursos de las defensas, los tres magistrados que han redactado el auto no esquivan hacer una primera valoración sobre los hechos. Así, según la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, no dudan en considerar «llamativo» que, a tenor de las pruebas recogidas, Bravo alegue que no hay datos para sostener que se quedó con el dinero. Entre ellas, la Audiencia cita los testimonios de los contribuyentes y el informe pericial que refleja que las cantidades pagadas por los contribuyentes fueron a parar a cuentas bancarias del ex director de la oficina tributaria de Irun.

En pocas palabras, la Audiencia iene a ratificar el auto del 17 de mayo que redactó el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Irun Julián García Marcos. Tras tres años de diligencias previas, cimentadas con el testimonio de 48 contribuyentes junto a dos pruebas periciales, el magistrado acusaba a José María Bravo de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y dos delitos de estafa.

Además de Bravo, el juez mantenía como imputados a su mujer Rosa Cobos, el socio de éstos Pedro María Atristain y el decorador José Lamy, y dejó fuera de la causa por falta de pruebas suficientes a la funcionaria de la Diputación Pilar Gracenea -que trabajó con Bravo en la oficina de Irun-, y al que fuera inmediato superior de José María Bravo, Juan Pardo, para quien la Diputación solicitó su imputación a finales de 2008 al considerarlo «colaborador necesario» en la comisión del delito.

El auto del juez Julián García Marcos aportaba también algo más de luz sobre el volumen de la estafa. Aunque en su denuncia de 2007 la Fiscalía acusó al ex director de Hacienda de apropiarse de 1.033.915 euros, finalmente, tras haberse incorporado al sumario nuevos expedientes con presuntas irregularidades, el juez elevó la cifra a 2.155.863 euros. Las pérdidas para la Hacienda foral, en cambio, son mucho mayores. Según el fisco habría dejado de ingresar algo más de ocho millones de euros, ya que José María Bravo, según ha mantenido la Fiscalía desde 2007, pactaba con los contribuyentes morosos una reducción de la deuda que, posteriormente, no ingresaba en las arcas públicas. Para borrar las huellas, el ex director de la oficina de Irun daba de baja las deudas declarando a los contribuyentes insolventes.

Según Bravo, no hay pruebas

Es precisamente en este punto, el nudo gordiano del caso, donde los jueces de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa Yolanda Domeño, María Teresa Fontcuberta y Felipe Peñalba se encargan de rebatir la defensa de José María Bravo, que en su recurso, considera que no existen datos que sostengan la imputación de las apropiaciones indebidas. «No deja de resultar llamativa tal afirmación -resuelven los tres magistrados- a la vista del resultado de la instrucción y de una relación de los hechos sustentada en las declaraciones de contribuyentes y otras personas conocedoras de los hechos, y en un informe pericial sobre los justificantes de embargos e ingresos en las cuentas del recurrente de cantidades pagadas por contribuyentes».

La Audiencia de Gipuzkoa ratifica así las conclusiones del juez Julián García Marcos, que dejaba bien claro en su auto que las cantidades abonadas terminaban por ingresar en las cuentas corrientes a nombre de los inculpados o en entidades mercantiles interpuestas. Es más, las investigaciones llevadas a cabo durante los últimos años han dejado al descubierto una intrincada trama de una quincena de sociedades y un buen puñado de bienes inmuebles de las que los imputados se habrían servido para encubrir la ilícita procedencia del dinero. Para ello, José María Bravo y su esposa Rosa Cobos habrían utilizado las fincas y hoteles que poseen en Jerte (Cáceres), Ávila, Marbella, y de empresas como Ekialde, la inmobiliaria irundarra Urdanibia...

Rechazados los recursos de José María Bravo, la Audiencia de Gipuzkoa tampoco tiene en consideración las apelaciones de los otros tres imputados. Así, su mujer, Rosa Cobos, se enfrentará a los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

«Hombre de paja»

Por su parte, Pedro María Atristain, socio de Bravo en la correduría de seguros Urdanibia, deberá defenderse de un delito de blanqueo de capitales. La Audiencia rechaza los recursos de Atristain, que mantiene que su papel en el presunto fraude ha sido el de «simple hombre de paja» de Bravo, siendo «utilizado» por éste «sin compensación ni beneficio alguno por los favores prestados».

Por último, el Tribunal guipuzcoano rechaza los recursos del decorador José Lamy, que se enfrenta a un delito de cohecho tras una operación digna de novela. Según la denuncia, Lamy accedió a decorar un hotel que Bravo iba a construir para saldar una deuda con Hacienda que el propio ex director de la oficina de Irun se había inventado. Frente a los intentos de la defensa de Lamy en negar el acuerdo, la Audiencia de Gipuzkoa «no puede obviar» la «realidad». Es decir, que el imputado conocía las «deudas ficticias» y «su posterior baja unida a la prestación de unos servicios» en beneficio de Bravo. Pese a rechazar el sobreseimiento, el papel del Tribunal no es adoptar ningún tipo de juicio. Simplemente deja para la vista oral las «conclusiones de tales indicios».

En las próximas semanas, la Fiscalía y las acusaciones particulares -Diputación y Juntas- presentarán sus escritos de calificación, con las penas que solicitarán para cada uno de los imputados.