El chivatazo a la red de extorsión de ETA destapa una guerra interna en la Policía

Guerra abierta en los servicios antiterroristas de la Policía Nacional a cuenta del chivatazo al aparato de extorsión de ETA. El que en teoría fue el hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba en la lucha contra ETA, el excomisario general de Información Telesforo Rubio, dio ayer el golpe de efecto en la Audiencia Nacional al avalar ante el juez Pablo Ruz la investigación del Carlos Germán, el jefe policial que apunta a la responsabilidad directa del Ministerio del Interior en el soplo del bar Faisán, de Irun, el 4 de mayo de 2006.

La declaración de Rubio, actualmente destinado como agregado en la embajada española de Moscú, y que fue nombrado máximo responsable de la lucha antiterrorista con la llegada del PSOE al Gobierno, fue una sorpresa. El comisario, que fue interrogado en la condición de testigo, no tuvo problema en desmentir la versión oficial, la del excomisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía, José Cabanillas, quien el martes en la Audiencia Nacional intentó cargar toda la responsabilidad del chivatazo al propio Germán, intentando así desvincular a la cúpula de la Policía y del Ministerio del Interior de la delación a los terroristas.

Telesforo Rubio aseguró tajante en la Audiencia Nacional que Carlos Germán nunca le pidió destruir la prueba de cargo de que se había producido un soplo interesado a ETA: la grabación en la que el supuesto jefe del aparato de recaudación de ETA, Joseba Elosua, el dueño del bar Faisán, le confesaba a su cuñado que un agente le acaba de alertar de la inminente operación contra los etarras encargados del denominado impuesto revolucionario.

El excomisario general de Información desacredita así al propio Cabanillas y al resto de la actual cúpula antiterrorista en el País Vasco y Madrid, cuyos miembros pusieron desde un principio en solfa el trabajo de Germán, hasta el punto de apuntar que fue él mismo el que, por cuenta propia, decidió sabotear la redada contra el aparato de extorsión de ETA para no perjudicar el proceso de negociación abierto entonces con la organización terrorista, ya que esta operación «conllevaba riesgos políticos», sobre todo porque estaba implicado el dirigente del PNV ya fallecido Gorka Agirre.

Lagunas mentales

Telesforo Rubio, pese a ser por entonces el máximo responsable policial de la lucha antiterrorista, aseguró en varias ocasiones durante el interrogatorio no recordar los pormenores de este caso, a pesar de que su tardanza en informar al entonces juez instructor del chivatazo, Fernando Grande-Marlaska, le costó un severo rapapolvo por parte del juez, que terminó por hacerse público, y su apartamiento de la investigación. Sea como fuere, explicó que jamás habría autorizado la destrucción de una prueba, porque hubiera supuesto la comisión de un delito.

El esperado interrogatorio del actual agregado en Moscú, según explicaron fuentes de la investigación, lejos de arrojar luz sobre la responsabilidad del soplo ha enmarañado aún más el caso. Su declaración se enmarca en el esfuerzo del juez Ruz por volver a instruir, casi desde el inicio, el sumario sobre la delación a ETA, después de que la comisión rogatoria remitida por la juez antiterrorista Laurence Levert desvelara que, siempre según la versión de la organización terrorista, en los contactos entre el Gobierno y los etarras en la pasada tregua, de marzo 2006 a junio de 2007, los enviados del Ejecutivo esgrimieron el chivatazo como muestra de la buena voluntad de Interior en este proceso.

Ruz, que mantiene en secreto todo lo referido a las negociaciones, ha interrogado ya a buena parte de la cúpula antiterrorista de aquella época. También interrogó al presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que tuvo un papel destacado de las negociaciones del proceso de paz y cuyo nombre aparece en varias de las conversaciones entre los detenidos por la operación Faisán.