La Fiscalía pedirá prohibir la inscripción de Sortu por ser «continuación de Batasuna»

La Fiscalía General del Estado anunció ayer que el próximo mes presentará ante la Sala Especial del Tribunal Supremo una demanda para pedir la «no inscripción» en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior de Sortu, la nueva marca que la izquierda abertzale intentó dar de alta el pasado día 9.

El departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido sostiene que hecho el «análisis jurídico» de los informes remitidos por los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil se confirma que la formación es una «continuación de Batasuna», por lo que la vía que escogerá el Ministerio Público será la del «incidente de ejecución de sentencia». Esto es, reclamar que se deniegue la inscripción en el registro en aplicación de las propias sentencias del Supremo que ilegalizaron a Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Pedirá además al Supremo que declare «fraudulenta» a Sortu por ser «sucesión» de las formaciones ya clandestinas.

La Fiscalía, que también ha estudiado los estatutos de la formación, aseguró que no va a agotar el plazo para reclamar la ilegalización de Sortu, que concluye el 11 de marzo, lo que permitiría al alto tribunal dictar la sentencia de legalización o ilegalización antes de las elecciones.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia, también la Abogacía del Estado ha tomado ya la decisión de solicitar al Supremo que rechace la inscripción del partido después de examinar la documentación entregada por las fuerzas de seguridad, aunque todavía no ha dado el paso.

El Ministerio Público explicó que su demanda ante la Sala Especial del Supremo previsiblemente no sólo incluirá los documentos ya entregados, puesto que «bajo la dirección de la Fiscalía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado continúan realizando investigaciones complementarias».

El recurso del departamento de Cándido Conde-Pumpido, que será muy similar al de los letrados de Justicia, invocará tres preceptos de la Ley de Partidos: el 5.6, que permite «perseguir la inscripción de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal»; el 12.1, que obliga al «cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto»; y el 12.3 que deja en manos del Supremo «declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto».

Los especialistas de los dos departamentos tienen previsto seguir el proceso que ya instaron en las pasadas elecciones municipales de 2007, cuando sus demandas cortaron el paso a la inscripción de Aber-tzale Sozialisten Batasuna (ASB), el único partido 'ex novo' con el que la ilegalizada Batasuna ha intentado participar en unos comicios. Entonces, el Supremo declaró «improcedente» la constitución de ASB y denegó su inscripción en el registro de Interior al considerar que esa formación era una «continuación o sucesión del partido político declarado ilegal y disuelto Batasuna». Exactamente el mismo fallo que buscan ahora la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Las dos demandas tendrán como base las 82 páginas de los informes de la Comisaría General de Información de la Policía y de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que apuntan idénticos argumentos. La investigación policial tacha de estratagema la renuncia de Sortu a la violencia con el fin de sortear la Ley de Partidos. Incide en que dirigentes históricos de los partidos ilegalizados, como son Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin, han tutelado el nacimiento de la formación por lo que, concluye, el «entorno político de ETA» está detrás del nuevo partido. Para la Policía, es «evidente» que Sortu es «continuidad de la ilegalizada Batasuna».

Los términos del atestado de la Guardia Civil son casi iguales: «Sortu es un instrumento creado por Batasuna al servicio del proceso democrático definitivo y establecido por ETA/Ekin, asumido y modificado en una nueva estrategia por parte de Batasuna». El instituto armado asegura no tener dudas de que la nueva marca es parte de la táctica diseñada en 2007 para volver a las instituciones.

«La constitución de este nuevo partido permitiría a Batasuna presentar candidaturas con marca propia en las elecciones municipales y, dependiendo de la situación, hacerlo también en las forales u optar por formar una coalición con partidos independentistas o de izquierdas», señala la Guardia Civil, que, como la Policía, pone el acento en que hasta 17 «militantes muy cualificados» de partidos ilegalizados han participado de forma activa en la presentación de Sortu.

Segunda tentativa

Alfredo Pérez Rubalcaba afirmó que el Estado también responderá si existiera un plan B. «El Estado de Derecho está preparado para impedir que nadie que no deba ir a las elecciones vaya», dijo. Y recordó en ese sentido que las modificaciones recientes de la ley electoral están encaminadas precisamente para abortar supuestas maniobras que la izquierda abertzale ayer negó. El portavoz Aitor Bezares aseguró que no se plantean «planes A ni planes B», sino que su único plan «es ser legales».

El exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, se pronunció también, a través de la web basquepeaceproccess.info, en la que reconoció que la «primera batalla» a la que se está enfrentando la izquierda abertzale es la de la «credibilidad». El dirigente abertzale, que se encuentra en prisión en Logroño, aseguró que «todos nuestros esfuerzos han estado dirigidos a ganarnos la credibilidad y mutua confianza» con los partidos y organizaciones que «están inmersos en la tarea de desarrollar el proceso democrático». Una labor que se ha hecho, dice, desde «una profunda revisión autocrítica sobre nuestra estrategia», después de las «experiencias negociadoras frustradas».

Otegi se felicitó porque después de ese debate, y «a pesar de los intentos por tratar» de evitarlo, «hoy nadie es capaz de sostener» que «nada ha cambiado», lo que provoca «un nerviosismo cada vez más acentuado» en los «inmovilistas».

Uno de los más reacios a aceptar ese cambio, el PP, insistió en que el Gobierno de Zapatero debe cercenar cualquier «marca blanca de Batasuna» que se presente y le instó a perseguir a cualquier candidato «contaminado» que pueda concurrir bajo siglas de otro partido.