La izquierda abertzale quiere que el PGOU siga tramitándose «con participación»

El delegado de Planeamiento Urbano, Miguel Ángel Páez, ha iniciado una ronda de contacto con los grupos políticos municipales para conocer su disposición a apoyar la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana. Los concejales no adscritos Peio Gaskon y Tomas Karrera, electos en su día de las listas de ANV, le han presentado una propuesta a cuya aceptación condicionan su voto favorable en el Pleno que el Gobierno local quiere celebrar el 22 de marzo.

Lo primero que manifestaron es que la aprobación del PGOU debía desligarse de las elecciones, tan cercanas, para que no se convirtiera en un arma de campaña. Hubieran preferido posponer todo el proceso hasta después del verano, «pero se dispararía el costo, porque a los redactores hay que seguir pagándoles».

Alegaban que «desde la presentación del Avance, la primera propuesta lanzada por el Gobierno, el contenido del documento ha cambiado mucho. Se ha minimizado la afección en Olaberria y la desaparición de caseríos en Landetxa; se descartaron el desdoblamiento de la N-1 en Behobia y la variante sur...». Gaskon no atribuía esto «a lo que el Gobierno llama consenso, sino a la participación ciudadana». Recordó que miles de personas visitaron la exposición pública del Avance que se realizó en una carpa en Luis Mariano, y que se recibieron centenares de alegaciones y sugerencias. Éstas «y la labor de asociaciones ciudadanas consiguieron modificar la idea inicial del Gobierno municipal».

«Votaremos a favor», anunciaba Gaskon, «si se mantiene esa línea de participación ciudadana que el PGOU ha tenido hasta ahora». Para ello proponen varias conferencias. Una de ellas con todo el contenido del Plan, «podría ser en el Amaia», pero sería, «técnica, es decir, con los redactores del Plan y sin políticos». También proponen una oficina permanente de información y conferencias en las AVV para explicar las afecciones del Plan General en cada barrio. Para que haya tiempo para todo esto y aún quede margen a los ciudadanos para hacer propuestas, «pedimos cuatro meses de plazo de alegaciones» en lugar del mes habitual en estos casos.