Alcaldes guipuzcoanos piden paralizar proyectos de conservación ambiental

«Perplejos y preocupados». Así se sienten los alcaldes de catorce municipios de Gipuzkoa, la mayoría del PNV y de plataformas independientes, ante los proyectos iniciados por el Gobierno Vasco para delimitar nuevas zonas de especial conservación (ZEC), una figura medioambiental con la que se protegen los espacios de mayor interés por su valor natural. En concreto, los responsables municipales de Aia, Ataun, Bidegoian, Errezil, Azkoitia, Azpeitia, Tolosa, Idiazabal, Lazkao, Beasain, Segura, Albiztur, Hernialde y Orio criticaron ayer al Departamento de Medio Ambiente, a quien acusó de actuar «de espaldas a los municipios». Además, advirtieron de que los proyectos de conservación, que incluyen una serie de normas de obligado cumplimiento para preservar las zonas delimitadas, «interferirán en desarrollos urbanos e industriales ya en curso».

En una rueda de prensa en Donostia, los primeros ediles criticaron la forma de actuar del Ejecutivo autónomo en estos proyectos, para los cuales «no se ha tenido en cuenta» la opinión de los municipios, lo que supone «un menosprecio» a las competencias de estos ayuntamientos. Según explicó el alcalde de Orio, Jon Redondo, los proyectos iniciados «también influirán en la gestión de espacios de montaña donde ganaderos y propietarios forestales verán limitada y condicionada su actividad con planes muy normativistas que limitan todo tipo de iniciativas privadas».

«Un proyecto más realista»

Como ejemplo citaron el caso de Orio, Ernio-Gatzume y Lazkao, donde la zona delimitada por el Gobierno Vasco para su especial conservación incluye terrenos en los que ya estaban planeadas unas normas urbanísticas que «ahora se ponen en tela de juicio». «¿Quién se hace responsable de las indemnizaciones a las que deberá hacer frente la administración al privar tanto a propietarios como promotores públicos y privados de unos derechos reconocidos en el planeamiento municipal?», se preguntaron.

Para los alcaldes de estos municipios, «la falta de previsión de las consecuencias económicas que acarrearán estas medidas es muy preocupante». Por todo ello, reclaman que se paralice la designación de estas zonas de conservación y se muestran dispuestos a un acuerdo interinstitucional que cuente con las aportaciones municipales y de los ciudadanos, «para realizar un proyecto más realista».