La ingeniería fiscal de empresas supera a la vivienda como principal bolsa de fraude

Compraventas de compañías, fusiones, escisiones, creación de filiales, sociedades interpuestas, sucesiones, bajas de actividad y altas inmediatas con nuevo nombre... El amplio abanico de posibilidades para reestructurar y reorganizar una empresa ofrece al mismo tiempo un no menos extenso campo de actuación para ahorrarse una buena cantidad de euros estirando al máximo las posibilidades que ofrece la normativa tributaria. Pero también para rebasar la legalidad e intentar engañar a Hacienda. Hasta el punto de que las operaciones de ingeniería fiscal empresarial se han convertido en el principal nicho de fraude en Gipuzkoa, relevando al sector inmobiliario, que pierde peso como consecuencia del especial escrutinio al que ha sido sometido en los últimos años y, sobre todo, a la importante caída de operaciones registradas desde que azota la crisis.

Así lo admitió ayer el diputado de Hacienda de Gipuzkoa, Pello González, durante la presentación del 'Plan de comprobación de lucha contra el fraude' diseñado para este año. El titular del departamento estuvo acompañado de los directores de Hacienda, Política Fiscal y Presupuestos, Pedro Mari Ruiz de Azua, Aitor Orena y Leire Ereño.

Los responsables del fisco guipuzcoano advirtieron de que la vigilancia exhaustiva de este tipo de operaciones, que «han aumentado con la crisis», será precisamente uno de los principales ejes de actuación en la lucha contra el fraude, dado que en operaciones de envergadura «se mueven muchos millones de euros». «No hablamos en este caso de un comercio que cierra e intenta volver a abrir, o de un autónomo que se da de baja y alta en función de su carga de trabajo. Se trata de operaciones de gran magnitud que generan movimientos tributarios muy importantes», aclaró González.

El titular de Hacienda admitió que «la normativa no es muy precisa para el amplio abanico de posibilidades que existen a la hora de reestructurar una empresa» y que, en consecuencia, en no pocos casos caben «diferentes interpretaciones» sobre la repercusión fiscal de determinados movimientos.

Para evitar posibles malentendidos y posibles problemas posteriores, González instó a los directivos de empresas inmersos en operaciones de reorganización a «hacer una consulta previa con Hacienda». «Que vengan y nos cuenten qué van a hacer. Les informaremos acerca de la opción que bajo nuestro punto de vista es más favorable para sus intereses. En caso de divergencia de pareceres, no habrá problema en cotejar las posibilidades con los asesores fiscales de las compañías», anunció. En su opinión, este cotejo tiene una «doble ventaja. Para Hacienda se evita un posible fraude mientras a la empresa se le ofrece plena seguridad sobre la legalidad de su actuación».

600 controles 'in situ'

Los esfuerzos de la Hacienda de Gipuzkoa por reducir al máximo el fraude fiscal no se acaban en las medianas y grandes compañías. Los pequeños empresarios, comerciantes, profesionales y autónomos también seguirán en el punto de mira. Así, este año reforzará una de las medidas que mejor sabor de boca han dejado en el departamento que dirige Pello González: sacar los inspectores a la calle para comprobar 'in situ' la actividad real de aquellos profesionales cuyo nivel de ingresos no se corresponda, según las bases de datos del fisco, con lo que declaran.

Si desde mediados de noviembre pasado, cuando un grupo de técnicos recibió la orden de presentarse en los establecimientos, oficinas, pisos y locales sospechosos, se han producido 300 actuaciones de comprobación, en lo que queda de año prevé llegarse a los 600 controles.

El director de Hacienda, Pedro Mari Ruiz de Azua, señaló que esos tres centenares de inspecciones han permitido detectar en poco más de cuatro meses engaños tributarios por valor de 30 millones de euros. Eso sí, en una parte «reducida» de los examinados, ya que en Hacienda se sigue manteniendo que «la mayoría de los contribuyentes cumple con sus obligaciones».

Tanto González como Ruiz de Azua quisieron dejar claro ayer su convencimiento acerca de la eficacia de esta medida. «Más allá del resultado real en términos económicos, lo realmente importante es el efecto ejemplarizante que esos controles 'in situ' ejercen sobre el conjunto de los profesionales del sector en cuestión». «El boca a boca advirtiendo de que Hacienda está investigando tal o cual actividad funciona y es uno de los mejores frenos contra la tentación de defraudar», explicó el responsable del departamento. Su director recurrió al refrán castellano para sentenciar que «el miedo guarda la viña».

Diez actividades

Hasta la fecha las inspecciones se han centrado en diez actividades profesionales: gasolineras, bazares, odontólogos-estomatólogos, fisioterapeutas, bebidas autóctonas, talleres de reparación, peluquerías, restaurantes, contratistas de la construcción y sector de la construcción en general.

Son precisamente estas actuaciones a pie de calle las que permiten identificar «sectores con prácticas insanas» en los que, aún con los riesgos que comporta generalizar, se puede hablar de patrones de comportamiento. «Si investigando un número reducido de profesionales se comprueba que hay irregularidades en varios casos, se amplía el abanico dentro del mismo sector y se van destapando nuevos casos de fraude», señalaron los responsables de Hacienda, que eludieron señalar cuáles son las actividades más defraudadoras de entre las inspeccionadas.

Además del control sobre la ingeniería financiera y reforzar la labor de los inspectores en la calle, la política de actuación incidirá en las actuaciones que han permitido al departamento aflorar en los últimos cuatro años una cifra récord en Gipuzkoa de 1.129 millones de euros de fraude, a razón de casi 300 millones por año. El objetivo de Hacienda es continuar la tendencia y descubrir en 2011 una cifra similar.

Así, se incrementarán también los controles sobre las actividades empresariales y profesionales, se firmarán nuevos convenios con la Agencia Tributaria estatal para mejorar la información y los mecanismos de control sobre las actividades de los contribuyentes guipuzcoanos en España y en terceros países, y se impulsarán los procedimientos por delitos fiscales.