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A. GONZÁLEZ EGAÑA
Martes, 3 de mayo 2011, 09:56
El PNV rompe con el Gobierno central al que responsabiliza de «la promoción de la tesis en la que se ha fundamentado el Tribunal Supremo» para anular las listas de Bildu. Iñigo Urkullu puso ayer en suspenso «toda colaboración y apoyo» a las nuevas iniciativas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tras la decisión judicial. El presidente del PNV lo anunció en una declaración que dio a conocer ayer en Sabin Etxea tras la que no hubo turno de preguntas. Urkullu habló de un PNV «indignado» con la invalidación de candidaturas y anunció que trasladará la decisión ante las máximas instancias institucionales, políticas y judiciales europeas. Unas horas después, sin embargo, el presidente del PNV de Gipuzkoa anunció en ETB que Zapatero recibirá a Urkullu en breve en La Moncloa, en un encuentro en el que se abordará la decisión jeltzale y la relación futura. «Reclamamos la voz institucional de Zapatero» en este asunto, apuntó Joseba Egibar.
La declaración de Urkullu llegaba, además, un día después de haber mantenido sendas conversaciones telefónicas con Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. El propio vicepresidente reconoció ayer que el domingo habló con el presidente jeltzale y que mantuvo con él una charla «correcta, interesante y cordial». En ningún momento desveló si Urkullu le confirmó en esa conversación la intención del PNV de dejar de apoyar al Gobierno.
Horas después, el líder jeltzale anunciaba de forma oficial su ruptura con un Ejecutivo español con el que ha ejercido durante meses como uno de sus socios más fiables. Esta declaración llega, incluso, algo más de un mes después de su último encuentro en La Moncloa, pocos días antes de anunciar que no se presentaría a la reelección, cuando Urkullu le garantizó que su partido estaría dispuesto a renovar el pacto de estabilidad firmado por el PSOE y el PNV para este año si se cumplían todos los acuerdos alcanzados y se completaba el calendario de transferencias pendientes.
En su intervención en Sabin Etxea, además de rechazar «absolutamente» lo que calificó de ilegalización «política», el líder de la formación jeltzale aseguró que va a seguir defendiendo la participación política «plena» de todas las opciones políticas, incluida la de la izquierda abertzale tradicional, «sea de manera propia o inserta en estrategia compartida con otras formaciones legales».
Los jeltzales también apelan al Tribunal Constitucional para que, al formar su criterio jurídico, «tome en consideración la opinión mayoritaria de la sociedad vasca y, en consecuencia, revoque la sentencia».
La declaración leída por Urkullu bajo el título 'En favor de los principios democráticos y de la participación política plena en Euskadi', repasa la declaración del alto el fuego de ETA del 10 de enero pasado, el giro «sin precedentes» de la izquierda abertzale oficializando su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas y explicitando su rechazo a la violencia, incluida la de ETA, y la creación de Sortu y Bildu. Muestra también el convencimiento del PNV de que en esa coalición EA y Alternatiba «no han participado de la estrategia de ETA sino que son el aval del proyecto democrático de Bildu, cuya estrategia corresponderá ser aclarada a quienes la conforman».
«Decisión política»
El PNV tildó la no validación de las candidatura como «una estrategia tramposa que busca exclusivamente el beneficio electoral a corto plazo del pacto PSOE-PP para Euskadi». A su juicio, el poder ejecutivo «no se puede escudar en que se trata de una decisión judicial, porque se ha tratado de una decisión política», entiende que ha sido el Gobierno español «el que ha tomado la decisión de impugnar todas las candidaturas presentadas» y el que «ha retomado la teoría de que todo es ETA». Al Ejecutivo vasco le responsabilizó de mostrarse «aún más beligerante defendiendo la concurrencia de más candidaturas contaminadas que el propio Gobierno español».
Urkullu reclamó el respeto a los principios y a los derechos democráticos fundamentales y aseguró que el PNV considera «de extrema gravedad» la no legalización de las candidaturas presentadas por Bildu.
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