El Ararteko reclama a las instituciones más eficacia en la atención a menores

Son 330.594 jóvenes de entre cero y 18 años, lo que supone el 15,5% de la población del País Vasco. Los derechos de miles de ellos son especialmente vulnerables por tantas razones como alcancen las imaginaciones. Alrededor de 2.000 se hallan dentro del sistema de protección de las instituciones, casi mil menores extranjeros pasaron en 2010 por los sistemas de acogida y cerca de 10.000 reciben anualmente tratamiento por problemas de conducta o aspectos relacionados con su salud mental. Al igual que ellos, los problemas crecen y se hacen nuevos.

El Ararteko, Iñigo Lamarca, advirtió ayer sobre la aparición entre los jóvenes de nuevas situaciones de vulnerabilidad que «van en aumento» sin que hasta el momento la Administración haya podido poner en marcha los recursos necesarios para frenarlas. Lo hizo en el Parlamento Vasco, donde entregó el informe extraordinario 'Infancias vulnerables', en el que critica la «dejación de responsabilidades» por parte de las instituciones y reclama más «rapidez y eficacia» a la hora de hacer frente a las «necesidades emergentes» que acechan a los menores.

Estos peligros no siempre son novedosos. A veces, señala el informe, «se trata más bien de realidades ocultas o poco conocidas que en un determinado momento salen a la luz o cobran una dimensión inesperada, como el maltrato o acoso entre iguales». Quizá lo nuevo es que «van en aumento entre nosotros y que «no parece que se trate de situaciones coyunturales o que vayan a desaparecer a corto plazo».

La lista es larga: «presencia de un importante colectivo de menores extranjeros no acompañados; incremento de adolescentes en acogimiento con graves problemas de conducta o con graves problemas asociados al consumo de drogas o con graves problemas de enfermedad mental; adolescentes que agreden a sus progenitores; utilización de las nuevas tecnologías en casos de acoso o maltrato entre iguales; demandas de las familias a las instituciones para que se hagan cargo de sus hijos, por sentirse incapaces de controlarlos o de ejercer sus funciones; así como la utilización de los menores como arietes en contra del otro miembro de la pareja en separaciones conflictivas».

Falta de coordinación

Según el Ararteko, las instituciones no van tan rápido como los problemas. «Suele suceder que los recursos previamente existentes no se adecuan» a las necesidades, sostiene. El informe constata además «problemas de coordinación entre servicios e instituciones que pertenecen a diferentes administraciones o departamentos. Como ejemplo enumera los engranajes que se ponen en marcha en el caso de los menores extranjeros no acompañados. «Intervienen las fiscalías de menores, las subdelegaciones del Gobierno, los servicios de infancias de las diputaciones forales, diferentes policías (locales, autonómica y estatal), servicios de sanidad, servicios de educación, servicios municipales...).

Del contenido del informe se desprende que todo este entramado delirante y burocrático no sólo ralentiza las actuaciones a la hora de proteger al menor sino que en ocasiones sirve para difuminar responsabilidades. «En la atención a niños, niñas y adolescentes en situaciones de especial vulnerabilidad es muy frecuente que la prestación concreta del servicio se delegue, por ejemplo, en una asociación, una congregación o un grupo de personas que lo gestiona directamente y que, por ello, recibe de la Administración una cantidad económica, bien mediante convenio bien mediante otra fórmula», explica el Ararteko.

Sin entrar en el debate sobre este tipo de modelos, el informe recuerda que «la responsabilidad última de la atención a los menores en riesgo o especial vulnerabilidad es, a todos los efectos, de la administración competente en cada caso y no puede ser delegada». Es en este punto donde el informe lanza una contundente crítica. «Ha existido durante muchos años una ausencia notable de marcos normativos y de los mecanismos de control necesarios, lo que supone una dejación de responsabilidades por parte de la Administración competente».