El Gobierno Vasco aprueba una ley pionera para combatir el cambio climático

El Gobierno Vasco aprobó ayer el proyecto de ley de Cambio Climático , un documento pionero en España que reúne una serie de principios y orientaciones para que las administraciones públicas incorporen la variable ambiental y climática a todos sus planes sectoriales.

El proyecto, presentado por la consejera vasca de Medio Ambiente, Pilar Unzalu, es el primer documento normativo sobre esta materia que existirá en España y tan sólo cuenta con un antecedente similar en Escocia dentro de Europa.

El proyecto establece principios y orientaciones para que todas las administraciones públicas, como ya están haciendo las empresas, se comprometan a incorporar la variable ambiental y climática a todos sus planes sectoriales, sean de transporte, vivienda, medio ambiente, industria, educación, innovación, planificación urbanística y territorial, entre otros. Unzalu explicó que el objetivo es que cada administración estimule el uso de tecnologías bajas en carbono, aumente la formación y la concienciación sobre el cambio climático y se promuevan nuevos hábitos de consumo.

Reducir emisiones

La consejera destacó que este proyecto surge en un contexto internacional en el que se está subrayando la importancia de adoptar medidas para reducir las emisiones a la atmósfera de los gases efecto invernadero.

En concreto el Consejo Europeo acordó en 2007 reducir las emisiones en un 20% con respecto a 1990, cubrir el mismo porcentaje de las necesidades energéticas con fuentes de origen renovable y aumentar el 20% la eficiencia energética, todo ello para 2020.

En Euskadi, ya en el año 2009 las emisiones se situaban sólo un 6% por encima de las del año de referencia (1990) y se redujeron un 10% con respecto al año anterior, un porcentaje muy superior a la contracción del 3,8 que experimentó el PIB en ese año, recordó Unzalu, que destacó que desde 2002 el crecimiento económico ha dejado de estar ligado al consumo de energía.

Remarcó que el proyecto se basa en la corresponsabilidad no sólo de las instituciones, sino también de la sociedad y de la industria, porque «una empresa sin una 'huella de carbono' baja va a ver comprometido su futuro por la competencia del precio de los combustibles y de los derechos de emisión».