El Ararteko constata que las ayudas de la Ley de Dependencia se dan con retraso

99.000 vascos, el 4,54% de la población de Euskadi, ha solicitado las ayudas que emanan de la Ley de Dependencia. Esta normativa beneficia a los ciudadanos que no pueden valerse por sí mismos, ya sea por su avanzada edad, enfermedad, discapacidad o por padecer limitaciones físicas, mentales o sensoriales.

Este dato se recoge en el informe entregado ayer por el Ararteko, Íñigo Lamarka, a la presidenta del Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga. El documento analiza el grado de aplicación de la citada ley en la Comunidad Autónoma Vasca, con fecha de junio de 2010.

El análisis realizado por el Ararteko constata que las diputaciones han asumido el desarrollo de la normativa. Señala que, «superado el colapso inicial» que supuso valorar a miles de solicitantes, el análisis cuantitativo ofrece una «fotografía positiva de Euskadi con respecto al resto del Estado». El Ararteko añade que la gestión podría ser calificada de «adecuada, especialmente si atendemos a los retrasos y problemas que se han detectado en otras comunidades autónomas».

Ahora bien, el informe no oculta que existen aspectos mejorables. En este sentido, destaca el dato de que el 19,01% de las personas con derecho a prestación se encontraba, en junio de 2010, a la espera de recibir la ayuda concedida. Como consuelo, cabe indicar que en doce comunidades autónomas el porcentaje de ciudadanos a la espera de acceder a esas ayudas era superior al registrado en Euskadi.

«Largo y complejo»

El documento indica que el procedimiento para acceder a las prestaciones es percibido por los ciudadanos como «largo y complejo». Añade que las personas interesadas no alcanzan a comprender el contenido de las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia. En ellas se alude a una serie de servicios y prestaciones a los que tienen derecho, pero que posteriormente no se materializan en la práctica por tres razones: no se contemplan en el subsiguiente programa individualizado de atención, carecen de efectividad en ese momento de aplicación gradual de la ley, o porque finalmente no se cumplen los requisitos exigidos para la concesión del servicio concreto.

El Ararteko afirma que el procedimiento, en lugar de ser único, se realiza en tres fases. Esta situación genera, «una excesiva burocratización y retrasa el ejercicio real y efectivo de los derechos preconizados en la Ley de Dependencia».

El documento añade que este problema se agrava si tenemos en cuenta que, para el segundo de los procedimientos, el de elaboración del programa individualizado de atención (PIA), no se ha establecido plazo. La superación de esta fase es requisito previo para iniciar la siguiente, la de solicitud de la prestación correspondiente.

«Excesiva dilación»

El Ararteko constata que durante los dos primeros años de implantación «hemos registrado casos de excesiva dilación en la tramitación. En el caso de Vizcaya, podríamos afirmar que se produjo un colapso inicial que ha ido superándose con el paso del tiempo». Por lo que se refiere a Gipuzkoa, indica que «viene destacando por su agilidad en lo que se refiere al reconocimiento de la situación de dependencia y la materialización del programa individualizado de atención».

La asignación de las plazas en centros residenciales y centros de día (en menor medida), se dilata más que la del resto de prestaciones dado que, independientemente de la tramitación, el número de plazas disponibles marca el ritmo de adjudicación.

El informe concluye que «pese a ser conscientes del enorme esfuerzo que han realizado las tres diputaciones para implantar el nuevo sistema e incluso, reconociendo que los plazos en la tramitación han ido acortándose sensiblemente, en nuestra opinión, el tiempo que media entre la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y la efectiva adjudicación del servicio o prestación sigue siendo, en general, superior al adecuado, si atendemos a la especial vulnerabilidad que presentan las personas en situación de dependencia».

El Ararteko realiza una referencia especial a los ciudadanos que padecen enfermedad mental. A este respecto, señala que la incidencia de la Ley de Dependencia en este colectivo «ha sido escasa, no habiéndose detectado un incremento significativo en el acceso a los servicios o prestaciones».

Las diputaciones y el tejido social que rodea a los enfermos mentales coinciden en atribuir esta situación a que el baremo para valorar la dependencia infravalora las necesidades de este colectivo.

Superadas las previsiones

El informe constata que la realidad ha superado ampliamente las previsiones y estimaciones realizadas en mayo de 2007, cinco meses después de la entrada en vigor de la ley. En la Comunidad Autónoma Vasca, han sido reconocidas en situación de dependencia 22.808 personas más que las estimadas en su día, un incremento del 41%.

Casi el 44% de las personas valoradas es gran dependiente, el 31% padece dependencia severa, y el 25% moderada.

En torno al 80% de los reconocimientos de la situación de dependencia corresponde a personas mayores de 65 años. El 64% del conjunto de personas reconocidas oficialmente son mujeres.

En el trabajo se constata que, pese a que no era la prioridad de la ley, hay una clara prevalencia de la ayuda económica para los cuidados en el entorno familiar, con casi el 42% de las prestaciones. En segundo lugar se encuentra la atención en residencias, con casi el 21%, seguida de la ayuda a domicilio (12 %), el centro de día (11 %) y la teleasistencia (10 %).