La paralización de la incineradora costará 158 millones a las mancomunidades

La moratoria de la incineradora prevista por la Diputación podría resultar muy cara para las mancomunidades. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha elaborado un informe en el que señala que la entidad estaría obligada a aportar 104 millones de euros en concepto de indemnizaciones y devoluciones si la planta de Zubieta no sigue adelante. Además, debería disponer de otros 54 millones para la construcción de instalaciones que sirvieran de alternativa a la incineradora (compostadoras, biometanización...) .

En total, 158 millones que las mancomunidades, o lo que es lo mismo, los ayuntamientos tendrían que retraer de sus ya exhaustas arcas para que el Consorcio hiciera frente a estas obligaciones. En última instancia, este pago a escote acabaría recayendo en los ciudadanos a través de impuestos o tasas.

Esta cifra, no obstante, hay que tomarla con cierta cautela. La valoración fue realizada por los rectores del Consorcio nombrados en la anterior legislatura. Éstos siguen en activo, dado que la entidad no ha renovado sus órganos gestores, hecho que se producirá en las próximas semanas. La Diputación ha efectuado sus propios análisis y maneja cifras menos cuantiosas, aunque también millonarias.

El informe explica que el Consorcio acordó la construcción del Centro de Residuos de Gipuzkoa en el enclave donostiarra de Zubieta. En ese lugar, según el Plan de Residuos en vigor, se ubicarán la incineradora y la planta de pretratamiento (biosecado). Además, se emplazarán en otros lugares del territorio plantas de compostaje y de maduración de escorias, así como estaciones de transferencia y una planta de biometanización (posteriormente, se decidió que ésta se situara también en Zubieta).

Para la financiación de estas infraestructuras (más de 300 millones de euros), GHK firmó un préstamo de 195 millones con el Banco Europeo de Inversiones y un segundo crédito de 67.939.000 euros con La Caixa y Banesto.

El informe subraya que esta financiación está basada en el proyecto en su conjunto. El documento señala que «no son posibles modificaciones, como financiar únicamente unas instalaciones y otras no. Es decir, si se plantea una moratoria de la incineradora, estaríamos en un supuesto de abandono del proyecto. Este hecho daría lugar al vencimiento anticipado del crédito con sus correspondientes obligaciones, así como la pérdida de los créditos para el conjunto del proyecto».

El análisis destaca que una moratoria «implica la pérdida de financiación en su conjunto». Por tanto, no sería posible aparcar la incineradora y emplear una parte del crédito para las plantas de compostaje o la ampliación de los vertederos.

El informe precisa las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente el Consorcio. La resolución de los contratos de construcción ya adjudicados se llevaría una parte sustancial. El concurso para la ejecución del Centro de Residuos fue ganado por la unión temporal de empresas formada por FCC, Serbitzu, Altuna y Uria, Moyua y AEE Innova por 272.855.763 euros. La moratoria conllevaría el pago de 24.205.000 euros de indemnización a estas empresas.

Movimiento de tierras

A esta cantidad habría que sumar la compensación debida a Moyua, adjudicataria del movimiento de tierras por un montante de 9.583.060 euros. Esta obra lleva meses en marcha y su paralización costaría 1.506.000 euros. La rescisión de los contratos de ingeniería, adjudicados en 7.538.468, supondrá un desembolso de 863.000 euros.

La paralización del expediente expropiatorio y la restitución de los suelos a su situación inicial requeriría la aportación de 14 millones.

La indemnización de los contratos de adjudicación resultará cara, pero más lo será la resolución de los convenios de financiación.

La moratoria, como hemos señalado, es un supuesto de abandono del proyecto que da lugar al vencimiento anticipado de la financiación. Esta situación supondría, según el informe del Consorcio, la devolución inmediata de las cantidades dispuestas hasta hoy, en torno a 10 millones de euros.

Además, habría que abonar 27.664.000 euros en concepto de resolución de los contratos de cobertura de tipos de interés.

El resultante final sería de 104.849.000 euros. El documento de GHK señala que se trata de una «cantidad mínima estimada», dado que al tratarse de contratados en ejecución las «indemnizaciones por daños y perjuicios, lucro cesante y expropiaciones podrían incrementar significativamente esta cifra».

El agobio financiero no terminaría con el pago de las indemnizaciones. El documento del Consorcio señala que sería necesario disponer de 54 millones de euros, en el periodo 2011-2014, para poner en marcha las instalaciones precisas para gestionar los residuos. «Habría que continuar con las inversiones en compostaje, biometanización, estaciones de transferencia y ampliación parcial de los vertederos». El informe añade que sería obligado cubrir estas inversiones con la aportaciones de las mancomunidades, dado que la paralización de las incineradora conlleva «la desaparición de la financiación bancaria».

Difícil atolladero

El problema, por tanto, es mayúsculo. Los responsables forales están buscando una salida al atolladero. Por una parte, Bildu desea cumplir su promesa electoral pero, por otra, sabe que si paraliza la incineradora las indemnizaciones serán cuantiosas y, lo que es más complejo, deberá proponer en un tiempo récord un sistema de gestión alternativo y viable.

Esta difícil situación está llevando a los responsables forales a pasar de puntillas por la cuestión en sus comparecencias públicas. Buen ejemplo de ello fue la intervención del diputado general el jueves en las Juntas, donde acudió para explicar las líneas maestras de la legislatura. En la cuestión de los residuos se limitó a señalar que «apostamos por la reutilización y el reciclaje».

No resulta fácil prever qué decisión adoptará la Diputación, en primer lugar por que los responsables forales no saben a día de hoy qué camino tomar. Esta indefinición queda patente en el hecho de que las obras de la incineradora siguen adelante, al tiempo que se ha decidido paralizar el Plan Sectorial Territorial necesario para desarrollar el Plan de Residuos aprobado en la pasada legislatura. Entre tanto, el tiempo corre y los vertederos se siguen llenando.