Bildu y PSE escenifican su apuesta por una nueva fiscalidad con la abstención del PNV

Los partidos de izquierdas representados en las Juntas Generales de Gipuzkoa (Bildu, PSE y Aralar) sumaron ayer, como estaba previsto, sus votos para reclamar a la Diputación que «implemente» un conjunto de medidas fiscales para «avanzar en la consecución de los objetivos de equidad, progresividad y eficiencia» del sistema impositivo que «permitan una mayor y mejor redistribución de las cargas y de los recursos fiscales entre los contribuyentes».

La propuesta, acordada sobre la base de una iniciativa de Aralar y bajo la forma de enmienda transaccionada, plantea entre otras medidas recuperar el Impuesto del Patrimonio, revisar las deducciones en el Impuesto de Sociedades y elevar los gravámenes por comprar una vivienda y por heredar. Apuesta asimismo por reformar sustancialmente el IRPF aumentando el número de tramos y elevando el más alto, incrementando la tributación de las rentas de capital, y acabando con todas las deducciones por aportaciones a EPSV y por la compra de vivienda a las rentas más altas.

El PNV se abstuvo alegando que el texto acordado «pierde concreción respecto a los postulados de Aralar» -que entre otras cosas proponía tipos concretos en IRPF y Sociedades- y por tanto está más sujeto a debate. «El PNV está dispuesto a debatir y a llegar a acuerdos en cuanto a progresividad», señaló su portavoz, Itziar Agirre. Pero tampoco lo apoyó porque echa en falta en la propuesta «referencias a cómo fomentar la actividad económica» y, sobre todo, a la «necesaria coordinación fiscal» entre las diputaciones vascas para evitar problemas de desarmonización como los habidos en 2009 a cuenta de la existencia del Impuesto del Patrimonio solo en Gipuzkoa.

El debate de la armonización

El PP votó en contra al entender que la propuesta va en la dirección opuesta a «promover un marco fiscal estable que fomente la inversión y la creación de empleo», y por tanto, «contra la competitividad de nuestras empresas» en un momento «delicado en el que estas tienen que competir con países emergentes».

El asunto de la armonización provocó un acalorado cruce de palabras entre Agirre y la portavoz del PSE, Rafaela Romero. La representante nacionalista recriminó al PSE que apoye una propuesta en la que «se han suprimido respecto al texto original las referencias a la promoción económica y a la armonización fiscal». «¿Por qué se han quitado?», inquirió. Agirre recordó que «la propuesta va dirigida a la Diputación, no al OCT» (órgano de coordinación tributaria en el que las diputaciones y el Gobierno Vasco consensúan la política fiscal). «El Gobierno foral tiene ahora tres meses para concretar esta propuesta en medidas y presentarlas en el OCT, que no tendrá tiempo para trabajar en ellas». Aunque no utilizó el término, de sus palabras se deducía un reproche por la posible irresponsabilidad que puede suponer aprobar un mandato de ámbito fiscal que no incluya una referencia a la necesidad de coordinación con Álava y Bizkaia.

Romero respondió que el texto final suaviza los términos iniciales de la iniciativa de Aralar, precisamente con la intención de no comprometer en exceso las decisiones de la Diputación y fiar el resultado final a la negociación en el OCT. Aseguró que Bildu comparte la necesidad de armonización y que «no habría problema en incorporar una referencia».

Agirre replicó que, lejos de eso, la enmienda acordada empeora la proposición inicial de Aralar, que hacía «un llamamiento a la Diputación para que presente un proyecto», mientras que el texto final «insta a la Diputación a implementar un conjunto de medidas». «La diferencia es evidente», sentenció.

El encontronazo verbal entre Agirre y Romero fue la plasmación del alejamiento entre PNV y PSE y de la nueva división que se está produciendo en materia fiscal en Euskadi, donde se da un acercamiento entre Bildu y PSE por un lado y PNV y PP por otro.

De hecho, el portavoz de los populares, Juan Carlos Cano, se mostró sorprendido por la decisión de los jeltzales de abstenerse. «Me preocupa muchísimo lo que ha pasado», dijo. Reprochó primero a los socialistas el «giro» de haber pasado de apoyar a PNV y Hamaikabat en la legislatura pasada a aliarse ahora con Bildu y Aralar. Y lamentó que los socialistas «hayan entrado en la demagogia de 'ricos y pobres'». Pero se dirigió con más énfasis al PNV, a quien recordó que la propuesta «sí incluye medidas concretas» -por ejemplo acabar con las deducciones por vivienda y EPSV- que contravienen decisiones fiscales tomadas por los peneuvistas. Cano se preguntó, entre otras cuestiones, «si desincentivar los planes de previsión tan extendidos en Gipuzkoa es castigar a los ricos».

Rebeka Ubera (Aralar) e Idoia Ormazabal (Bildu), además de Romero, defendieron la iniciativa para acabar con un sistema fiscal «injusto» en el que «las rentas de trabajo pagan más que las de capital» y que «nos ha traído al agujero».

Satisfacción en Álava

La Diputación de Álava se refirió al acuerdo guipuzcoano para promover una reforma fiscal. Su diputado general, Javier de Andrés (PP), señaló que si Gipuzkoa aprueba subidas de impuestos «sería una buena noticia para Álava porque haría más atractivo este territorio». El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, criticó por su parte al PSE por «tener como referencia fiscal a Bildu».