Alabama asusta a los 'sin papeles'

Los límites de Alabama están muy distantes de la larga franja fronteriza que separa Estados Unidos de México y los nacidos en el extranjero representan apenas el 3,5% de la población. Sin embargo, el Estado donde se fraguó la lucha por los derechos civiles que dio paso a la igualdad entre negros y blancos en la década los sesenta es ahora mismo un escenario de pesadilla para miles de indocumentados procedentes del sur. Una ley inspirada en la polémica SB1070 de Arizona se ha convertido en la más severa de las cinco normas estatales aprobadas recientemente en EE UU para combatir la inmigración ilegal. Como ocurriera entonces, la Administración Obama la ha recurrido la norma en los tribunales por entrar en colisión con el marco regulatorio federal si bien no está claro quien ganará al final un pulso que parece destinado a forzar un gran debate nacional sobre el futuro de la inmigración.

La HB56 entró en vigor de manera parcial el pasado 1 de septiembre, después de que una jueza bloqueara algunas de sus cláusulas sin pronunciarse sobre su constitucionalidad ni atajar dos de sus puntos más conflictivos. Como en Arizona, la Policía está autorizada a pedir la documentación a aquellas personas sospechosas de residir de manera ilegal en el país, un colectivo formado en su mayoría por inmigrantes hispanos. Pero donde la legislación llega más lejos hasta el punto de entrar en colisión con la propia Constitución es en el apartado que exige a las escuelas públicas verificar el estatus migratorio de los estudiantes.

Asustados por las consecuencias de que los niños identificados como ilegales lleven a las autoridades a dar con el paradero de miembros sin papeles de esas familias, centenares de padres han sacado a sus hijos del colegio y en muchos casos han abandonado sus casas. Hasta 2.000 escolares se ausentaron de clase el primer día que entró en vigor la norma. «El efecto que esta ley está teniendo en los niños es aterrador», dijo Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración. «Me parece deplorable que estemos jugando a la política con las vidas de los ciudadanos más vulnerables, que son los menores».

Niños acosados

Una línea telefónica establecida por organizaciones de ayuda al inmigrante ha recibido miles de llamadas de personas que informan de incidentes de maltrato, hostigamiento y miedo. «Se han puesto en contacto con nosotros padres de familia que temen llevar a sus mujeres al hospital para dar a luz, o personas que están enfermas pero saben que no podrán recibir atención sanitaria de emergencia, o niños que están siendo acosados en la escuela. Son cientos, miles de incidentes», asegura Mary Bauer, directora una organización comunitaria local.

Incluso se han registrado casos de ayuntamientos que rehúsan conectar o reconectar servicios públicos como el del agua a personas que no pueden probar que están legalmente en este país, y empresarios que han perdido trabajadores con documentos legales, que se han esfumado por temor al arresto de otros familiares cercanos que no están regularizados.

Otros activistas, incluyendo sacerdotes que trabajan cerca de los colectivos de inmigrantes, han dado cuenta también de la situación de muchas familias con raíces en el Estado que buscan consejo desesperadamente para reaccionar a lo que está sucediendo. Pamela Long, profesora universitaria y pastora evangélica, relató el caso de uno de los tantos núcleos cuya vida se ha visto trastocada por la dureza de la ley. «Son un matrimonio con tres hijos -el más pequeño es ciudadano estadounidense porque nació en el país- y un pequeño negocio que da trabajo a seis personas de la comunidad. Son personas honestas, trabajadoras. Ahora están meditando si deben cerrar su empresa e irse de Alabama», dijo Long.

La incertidumbre es tal que muchos padres están haciendo gestiones para asegurar que si son detenidos de repente, sus hijos queden en buenas manos. «Organizamos reuniones con las familias y les distribuimos un formulario para que firmen lo que quieren que se haga si resultan separados de sus hijos», declaró el sacerdote Jack Kane, referente de la comunidad hispana en la localidad de Opelika.