El fraude fiscal hurta cada año 2.000 millones de euros a las haciendas vascas

¿Cuánto dejan de ingresar cada año las haciendas vascas como consecuencia del fraude? Según los últimos estudios econométricos realizados por especialistas en la materia, la cifra es mareante: unos 2.000 millones de euros. Es decir, casi 1.000 euros por habitante, en torno al 17% de los ingresos que tendrán este ejercicio las diputaciones por recaudación de impuestos y un porcentaje algo superior (18,9%) del Presupuesto del Gobierno autónomo.

En términos relativos, una simple comparación permite apreciar mejor la magnitud del problema. El dinero que las arcas públicas de Euskadi dejan de percibir por ese concepto permitiría construir cada año 10 campos de fútbol como San Mamés Barria, dos autovías similares a la nueva circunvalación de Bilbao -la denominada Supersur- o dos autopistas Eibar-Vitoria, 20 tranvías como el de la capital alavesa, pagar la renta de garantía de ingresos durante casi siete años y financiar el 80% del coste de Osakidetza.

La mera estimación del fraude ya es polémica. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, rechazaba hace unos días cualquier posibilidad de cuantificarlo. «Es algo oculto y, por tanto, no se sabe dónde está, quién lo practica ni cuánto es. Si lo supiésemos, dejaría de ser fraude», enfatizó. Y, aunque tiene razón, también es cierto que algunos expertos defienden la existencia de métodos de «aproximación» por la vía macroeconómica e indiciaria -presión fiscal relativa, billetes de 500 euros en circulación, etc.- que permiten ponerle cifras a este agujero negro. Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco, se apunta a esta segunda tesis. Sus estudios revelan que aproximadamente 18 de cada 100 euros del PIB vasco corresponden a la economía sumergida. Esa cifra equivale a unos 11.775 millones, de los que en torno a 2.000 corresponderían a impuestos.

Aunque no es para tirar cohetes de alegría, Euskadi se encuentra en una posición algo más airosa que la media española, cuyo porcentaje de fraude alcanza el 19,7%, según el estudio publicado por el profesor austriaco Frederich Schnneider sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la OCDE. Así, en ese termómetro, los vascos se portan 7,2 puntos mejor que los griegos o 4,2 mejor que los italianos, pero casi 7 peor que los británicos y están a casi 10 de distancia de los mejores de la clase: los suizos. De ahí que desde la Diputación de Bizkaia no duden en considerar que el lehendakari, Patxi López, se ha dejado llevar por el «alarmismo» al colocar este asunto en el centro del debate fiscal. «En todos los países existe el fraude y las administraciones deben poner todos los medios a su alcance para combatirlo, pero lo que es evidente es que en Euskadi estamos en una situación similar a los países de nuestro entorno y mejor si nos comparamos con los datos a nivel estatal o del sur de Europa», aseguran desde el Ejecutivo foral que controla el PNV.

Mayor coordinación

Pero hay quien lo ve distinto. «No hay duda: el fraude en Euskadi hay que considerarlo como muy elevado», opina el catedrático Zubiri. «Deberían ser las haciendas forales las que hiciesen los estudios porque ellas son las que tienen los mejores datos, pero hasta ahora no lo han hecho».

Basta sondear a los asesores fiscales para descubrir que la persecución del fraude ha mejorado mucho en las dos últimas décadas. Las posibilidades de eludir la responsabilidad se han restringido por la vía legal, la información fluye con más facilidad, la informática ha permitido mejorar los procesos y también la experiencia de las diputaciones forales. «Aunque se ha hecho un buen trabajo hasta ahora, aún nos queda muchísimo por mejorar», señala Carmen Gallastegui, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico de la UPV.

El lehendakari ha pedido a las diputaciones una mayor coordinación en la lucha contra el fraude. Lejos de entenderse esta propuesta como un impulso para mejorar esta tarea, en algunos sectores se ha interpretado como una invasión de competencias y la siembra de una duda sobre el trabajo que realizan las diputaciones en esta materia.