La plataforma contra la incineradora Zero Zabor entra en el Consejo del Consorcio de Residuos

El Consejo de Administración del Consorcio de Residuos (GHK) renovó ayer sus cargos. El órgano rector estará formado por doce representantes, de los que ocho son de Bildu y dos del PSE. Los nuevos responsables ofrecieron al PNV ocupar otros dos puestos, pero los jeltzales pidieron que se les diera tiempo para estudiar la decisión.

Además, se incorpora al Consejo el movimiento Gipuzkoa Zero Zabor como persona jurídica con dos miembros. Este colectivo se opone a la incineración y apuesta por sistemas alternativos de recogida de basura, como el puerta a puerta. Imanol Azpiroz, que fue presidente de la Mancomunidad de San Marcos, y Ainhoa Arrospide, representarán a Zero Zabor.

El diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, resultó elegido presidente por la Asamblea de la entidad, sustituyendo a Carlos Ormazabal (PNV). La vicepresidencia la ocupará José María Ribadeneyra, concejal de Bildu en Usurbil y miembro de la Mancomunidad de San Marcos.

La asamblea del Consorcio también quedó constituida ayer. Está formada por los delegados elegidos en las mancomunidades y por tres miembros de la Diputación. En consecuencia, Bildu cuenta con mayoría aplastante, el 84% de los votos, correspondientes a los veinte representantes de la coalición, incluidos los tres asignados por la institución foral. El PSE contará con tres representantes, el PNV con otros tres y el PP con uno.

La primera decisión del Consejo fue suspender la aprobación del proyecto básico de la incineradora prevista en Zubieta. El Consejo saliente (PNV, PSE y H1!) dio el jueves de la semana pasada el visto bueno al documento en el que se establece el diseño de la planta.

Esta decisión fue duramente criticada al día siguiente por el diputado de Medio Ambiente y ahora también presidente del Consorcio. Alduntzin calificó el acuerdo de «última pedorreta» de la entidad, una «huida hacia adelante», al tiempo que advirtió de que no tenía ninguna «virtualidad», ya que podría ser revocado por los nuevos consejeros.

La aprobación no ha sido revocada, sino suspendida. Los nuevos responsables estiman que todavía queda un mes de plazo para tomar una decisión definitiva y quieren emplear este tiempo para estudiar el proyecto.

El nuevo presidente, Juan Carlos Alduntzin, señaló en una nota redactada tras la finalización del Consejo que ha apostado porque los entes representados en el Consorcio cobren «mayor protagonismo». Asimismo, señaló que «se debe analizar sosegadamente la problemática de los residuos y actuar en consecuencia con ambición para cumplir el objetivo de lograr basura cero».

Alduntzin reivindicó el «protagonismo» de las mancomunidades y la «representación plural» y, por ello, solicitó a cada entidad que propusiera delegados para el Consejo de Administración de la sociedad de gestión. Esta propuesta, según señaló, «ha sido aceptada y aun cuando hoy no ha sido posible alcanzar esa pluralidad, la puerta continuará abierta para que se produzcan nuevas incorporaciones», en referencia al PNV.

El Consorcio tiene por delante una labor complicada. Bildu defiende una moratoria para la incineradora, una medida que en la práctica supondría la paralización. Si el Consorcio da este paso, tendría que afrontar 104 millones en indemnizaciones, según un informe encargado por los anteriores rectores.

La paralización de la planta daría al traste con los acuerdos firmados en 2007 por la Diputación, el Ayuntamiento de Donostia y las mancomunidades. El acuerdo permitía llevar la basura generada en Donostia y su comarca (tras el cierre de San Marcos) a Lapatx (Azpeitia), Sasieta (Beasain) y Urteta (Zarautz). A cambio, las mancomunidades receptoras exigieron que se construyera la incineradora en Donostia. El objetivo era asegurarse que los basureros se cerraran en cuanto se pusiera en marcha la planta, prevista para finales de 2014.

Consorcio o Juntas

La portavoz del grupo juntero del PNV en la comisión de Medio Ambiente, Arantza Tapia, señaló ayer que el Consorcio «está obligado a respetar la planificación» aprobada en el Documento de Progreso del Plan de Residuos.

Tapia se refirió en estos términos a las declaraciones realizadas el martes por la portavoz de la Diputación, Larraitz Ugarte, en las que señaló que la gestión de los residuos es competencia del Consorcio.

La portavoz jeltzale puntualizó que la responsabilidad en el tratamiento de la basura recae en el Consorcio, pero éste «debe respetar la planificación y la normativa actualmente en vigor, una competencia que pertenece a las Juntas Generales». Recordó que esa planificación fue aprobada mediante la Norma foral que sustenta el Documento de Progreso, y que es «de obligado cumplimiento».