La comisión de investigación de Uxotegi depurará responsabilidades políticas

El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer, con el apoyo de PSE, PP y PNV, la creación de una comisión de investigación que analizará la actuación del gobierno municipal en la ocupación del edificio de la calle Gaztelubide número 5, convertido por la Gazte Asanblada de la Parte Vieja en un gaztetxe desde el pasado 24 de septiembre. Bildu se abstuvo en esta votación.

La sesión comenzó a las cuatro de la tarde y finalizó de madrugada, al contar en el orden del día con trece declaraciones institucionales y 32 mociones. La corporación aprobó, entre otros asuntos, la congelación de los precios de la Kirol Txartela y que la estación del TAV en la ciudad esté ubicada en Atotxa.

La creación de la comisión de investigación en relación a la casa ocupada fue una de las primeras decisiones que se tomaron ayer. La oposición al completo respaldó, esta vez sí, la proposición presentada conjuntamente por PNV y PP en la que se denunciaba el «absoluto desprecio por la legalidad vigente» mostrado por el gobierno municipal en las últimas semanas. El PSE, que había rechazado en el último Pleno una moción similar a la de ayer, al entender que las explicaciones ofrecidas en junta de portavoces por los guardias municipales eran suficientes para no crear la comisión de investigación, respaldó ayer la interpelación de PNV y PP al considerar su portavoz Ernesto Gasco que el gobierno municipal ha actuado con «diferente criterio» en la ocupación de Uxotegi y el Bellas Artes «amparando una ocupación ilegal, dependiendo de quién esté detrás de la misma».

Con la decisión tomada ayer, PSE, PP y PNV pretenden que, en el marco de la comisión de investigación, se esclarezca qué mando de la Guardia Municipal y en base a qué criterios ordenó a los agentes que se retiraran del lugar de los hechos, permitiendo así que los jóvenes accedieran al inmueble número 5 de la calle Gaztelubide. También se quiere saber por qué el subcomisario Joxe Anta redactó un segundo informe en el que se omite al secretario del alcalde, Josetxo Ibazeta, y se pretende esclarecer qué papel desempeñó éste. Si actuó de «mediador», como se recoge en el comunicado hecho público por el gobierno municipal, o si, como asegura el abogado de la propiedad y el propio informe de la Guardia Municipal, Ibazeta dijo que «él se responsabilizaba de lo que hicieran los jóvenes». En esta comisión se pretende que comparezca también el hijo de la propietaria del inmueble -una mujer de 104 años que reside en Madrid- o en su caso el representante legal.

La comisión la integrarán un miembro de cada grupo municipal y el secretario general del Ayuntamiento -o la persona en quien delegue-, que tendrá voz pero no voto. La periodicidad de las reuniones será quincenal. Por el momento no está fijada la fecha de la primera reunión, pero los grupos del Ayuntamiento pretenden darle forma cuanto antes. El objetivo no es otro que depurar las posibles responsabilidades políticas que pudiera haber.

Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián tiene abiertas diligencias sobre el caso en las que ha imputado, entre otros, al secretario del alcalde por su presunta participación en los hechos. Ibazeta declaró el pasado viernes en el juzgado junto a dos jóvenes identificados por la Ertzaintza como okupas y una menor de edad, la hija del secretario, que declaró en calidad de testigo en este proceso y declarará como imputada en el Juzgado de Menores», según informó el representante legal de la propietaria de la finca ocupada.

Criticas de la oposición

Los tres portavoces de la oposición se mostraron muy críticos ayer con la actitud mantenida por el gobierno municipal en estas últimas semanas desde la ocupación. Ni que decir después de escuchar la intervención ayer del edil Josu Ruiz (Bildu), quien aseguró estar «asqueado» de este asunto y criticó que sólo se habla de esta cuestión «para crear alarma social» cuando hay edificios «ocupados» del Gobierno Vasco que «no levantan tanto revuelo». El concejal Ruiz reiteró que Ibazeta actúo como mediador entre los jóvenes y los agentes de la Guardia Municipal, ese día 24 de septiembre, y reprochó a la oposición «qué más quiere aclarar» de lo que ya se ha dicho cuando, a su juicio, el gobierno municipal ha puesto en manos de la oposición la información disponible. En cualquier caso, subrayó que el gobierno «no tiene nada que ocultar» y participará en la comisión.

El portavoz del PNV, Eneko Goia, pidió al alcalde y su equipo que tomen medidas cuanto antes porque los jóvenes okupas están haciendo obras en el interior del edificio y las pancartas siguen colgadas en su fachada. «Al resto de ciudadanos se nos piden licencias de obras y barra libre con los carteles. ¿Estamos en un territorio liberado? Esta ciudad no es una txosna o una herriko taberna. Hay que aclarar lo que ha ocurrido».

El líder del PP, Ramón Gómez, incidió en el mismo sentido. «Tenemos dudas y más dudas de la implicación del gobierno. Su actuación en el Bellas Artes y Uxotegi ha sido completamente diferente. No podemos permitir que el Ayuntamiento actúe como interlocutor. Existen unas normas que deben cumplir».